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Preguntas al Gobierno tras la Sentencia de la Corte de Luxemburgo sobre el Acuerdo de Pesca entre la UE y Marruecos.

                                                A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.   

D. ODÓN ELORZA GONZÁLEZ, Diputado por Gipuzkoa, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el Art. 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta sobre "las consecuencias de la crisis del Acuerdo de Pesca entre la UE y Marruecos", para que le sea contestada por escrito.

                                                                    EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

El Acuerdo de Pesca firmado en 2013 entre la Unión Europea y Marruecos, que afecta a aguas jurisdiccionales del Sahara Occidental, lleva años sometido a controversias si tenemos en cuenta los informes jurídicos de diferentes estamentos de la UE que lo cuestionan o rechazan. Es el caso de instancias jurídicas de la UE, la propia Eurocámara, el Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la Sentencia de la Corte de Justicia de Luxemburgo.

La justicia europea, por medio del Tribunal de Justicia de Luxemburgo, establece hoy en su Sentencia que un Acuerdo de Pesca entre la UE y Marruecos no puede aplicarse al ámbito de las aguas pertenecientes al Sahara Occidental. O lo que es lo mismo, que Marruecos, con la complicidad de la UE y en especial España -que hacen la vista gorda- no puede explotar los recursos naturales que solo pertenecen al Pueblo Saharaui.

Esta condición restrictiva es coherente con los Tratados de la UE que se apoyan en el Derecho Internacional y en las Resoluciones de la ONU sobre el derecho a la libre autodeterminación del Pueblo Saharaui. La decisión supone una victoria moral y política para el Frente Polisario y las organizaciones solidarias que defienden la causa del Pueblo Saharaui que vive en el Sáhara Occidental, territorio de la antigua colonia española hasta la invasión por Marruecos con “la marcha verde” en 1975.

Lo cierto es que Marruecos lleva años explotando el banco de pesca sahariano como precisaba el Abogado General del Tribunal de Justicia de la UE que señalaba en su dictamen que “en la actualidad, un 91% de las capturas de pesca europeas se producen en esa extensa zona”. En este sentido, el Acuerdo citado ya recogía en su protocolo las coordenadas pertenecientes a las aguas saharauis.

La Sentencia del TJUE no se atreve a denunciar esa actuación y en consecuencia a llegar hasta el final, como proponía hace dos meses en su dictamen el Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Melchior Wathelet, que pedía la anulación del Acuerdo. Es de suponer que las maniobras de la diplomacia europea y los intereses del Consejo Europeo han surtido finalmente efecto.

La importancia geoestratégica que ha adquirido Marruecos como herramienta de freno de la UE ante el fenómeno de la emigración subsahariana y el avance en Africa del terrorismo yihadista estarían detrás de la preocupación de diferentes Estados europeos.

La Sentencia sí deja claro que el territorio del Sáhara Occidental no forma parte de Marruecos y a la vez asegura la validez del Acuerdo de Pesca por el que los barcos europeos pueden faenar en aguas marroquíes. Aunque obliga a garantizar que esas actividades no se produzcan en las aguas adyacentes al Sahara, cuya titularidad reclama el Frente Polisario y la ONU reconoce como derecho.

A la vista de las anteriores consideraciones, el Grupo Parlamentario Socialista formula al Gobierno la siguiente PREGUNTA:

1- ¿Qué va a hacer el Gobierno de España para respetar estrictamente la Sentencia del Tribunal Europeo de Justicia en relación con el nuevo ámbito de los Acuerdo de Pesca entre la UE y Marruecos, que excluye del convenio las aguas adyacentes al Sahara Occidental?

2- ¿Qué perjuicios ocasiona la Sentencia de la Corte de Luxemburgo para los intereses económicos de nuestro país en el sector pesquero que hasta ahora faenaba dentro de las aguas saharauis?

3-¿Qué medidas concretas, políticas, diplomáticas y de carácter económico, piensa adoptar el Gobierno de España para velar por la aplicación del conjunto de decisiones judiciales de la UE, aportando al territorio del Sáhara Occidental y a nuestras empresas con intereses en la zona garantías del cumplimiento del Derecho Internacional con las resoluciones referidas a la libre determinación del Pueblo Saharaui, seguridad jurídica, desarrollo económico y estabilidad política?

4-¿Qué actuaciones se propone desarrollar el Gobierno ante la ONU y la UE para asistir a las partes en conflicto, Marruecos y el Frente Polisario, en la búsqueda de una solución definitiva que permita ejercer la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental como recuerda la Sentencia del Tribunal de Luxemburgo y de conformidad con los principios y resoluciones de Naciones Unidas sobre el Sahara?

En el Congreso de los Diputados, a 27 de febrero de 2018

EL DIPUTADO, ODÓN ELORZA GONZÁLEZ

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