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Odón Elorza

Odón Elorza

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Mirando a Cataluña con angustia.

Lo que está sucediendo en Cataluña, tras la sentencia, ya lo viví en las calles y plazas de Euskadi. Y a muchos les costó entender que la violencia no tiene justificación y suele mutar a peor.

Mi libertad acaba cuando impido o anulo la libertad de otras personas de manera continuada.

Mi derecho a protestar deja de ser legítimo si sobrepaso los límites de la razón democrática y convierto mi protesta en intolerable, con provocación y daños al bien común.

Mi ideología deja de ser respetable cuando en un Estado de Derecho se fanatiza y acompaña de gestos de odio.

Las convicciones democráticas, la ética política, el respeto al marco legal y la defensa del bien común deben marcar el camino en la difícil búsqueda de una salida dialogada al conflicto. En torno a la vía federal en una España plurinacional podría alcanzarse una solución negociada y refrendada.

Pero no podemos olvidar los intereses bastardos que hay en juego en el escenario catalán y en vísperas del 10N. Desde los extremos se alimentan la confrontación y la excepcionalidad.

Mientras, desde la Presidencia de la Generalitat se anima a “la desobediencia civil” en vez de llamar a la concordia y defender la convivencia ciudadana. Desde esa autoridad se insiste en una nueva y próxima convocatoria de autodeterminación ignorando las advertencias del Tribunal Constitucional y la sentencia sobre el procés. ¡Qué error!

Los gobiernos deben hacer siempre lo imposible para conciliar los derechos y libertades, en los términos regulados en la Constitución y desde la fortaleza de un Estado democrático, con la seguridad de las personas. 

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10 N : Socialdemocrcia o involución.

Hay un debate en el aire sobre cómo puede crecer el PSOE el 10N: Me refiero a cómo atraer al PSOE votos de centro, disconformes con la deriva reaccionaria de Rivera y Cs, así como a electores sin ideología clara que suelen optar en situaciones complicadas por un voto más institucional a quien aporte garantías de gobernabilidad, seguridad y estabilidad para el pais. Y hacerlo sin fragilizar la identidad del PSOE para presentarse como la única opción posible de gobierno desde la izquierda.

En mi opinión, la clave de la respuesta a la desafección y al hartazgo, ante la parálisis de la política y el bloqueo de la formación de gobierno, es un compromiso Socialdemócrata coherente en favor de un gobierno cohesionado y fuerte. Parece difícil seguir captando votos que procedan de Podemos y que antes de pasar al PSOE optarían por la abstención o por el “tinglado” que representa Más País. Otra pregunta es si la división de la izquierda en tres, puede favorecer el diálogo y la negociación tras el 10N entre Sánchez, Iglesias y Errejón.

En la batalla electoral se deben cuidar los movimientos y evitar indefiniciones que puedan ser utilizados por UP y Errejón como denuncias de supuestos giros políticos del PSOE a posiciones de centro, que no es lo mismo que acceder a la centralidad del tablero. El PSOE ha de retener a todos los electores de izquierda que apoyaron a Pedro Sánchez el 28A, incluso a aquellos hoy disconformes con el proceso vivido en la fallida negociación de investidura con Iglesias.

En esta campaña todos atacarán a un PSOE que responderá con gestos de necesaria moderación (cuidado con caer en un empacho de moderación), un tratamiento del conflicto sin concesiones a Torra y a los independentistas más extremistas, acusaciones de irresponsabilidad a UP y llamadas al voto útil para superar el bloqueo.

No suelen ayudar las indefiniciones en cuestiones claves, tanto de la agenda social como en materia de alianzas o pactos poselectorales. Debemos afianzar nuestro proyecto alternativo, descartando acuerdos de gobierno con las derechas, basado en los compromisos de una renovada Socialdemocrcia global para el siglo XXI.

Nos enfrentamos a un escenario electoral no previsto hace un mes cuando analizábamos con cierta tranquilidad la hipótesis de una repetición electoral, no querida, ante el sucesivo rechazo de UP a nuestras propuestas de pacto. Vemos que PP y Cs tratan de “moderar” su discurso ultra conservador tras afianzar los pactos con VOX y que en el espacio electoral socialista entra a competir de manera no prevista Más País.

De ahí que la credibilidad y el liderazgo de Pedro Sánchez resulten decisivos. Y ello nos obliga a contar la verdad a la gente sobre la dimensión real de los graves problemas y de los nuevos desafíos, locales y globales, a proponer compromisos programáticos claros con garantías de cumplimiento y a medidas que fortalezcan el Estado de Derecho y los valores de la democracia.

La campaña del PSOE insistirá sobre la necesidad de un gobierno fuerte y estable, una izquierda con capacidad de gobierno que pide el voto útil, moderación y defensa de la integridad territorial de España. El éxito dependerá de saber conjugarlo con compromisos sobre pensiones, reforma laboral, lucha contra la pobreza, inversiones en i+d+i, transformación digital, transición ecológica, diálogo federal y financiación autonómica y reformas por una fiscalidad justa y redistributiva. Porque la propuesta del PSOE ha de ser claramente entendida como una alternativa que sume a los progresistas frente a los planes de involución política y social de las tres derechas que esperan su segunda oportunidad para dar el asalto a La Moncloa.

Es clarificador un rechazo, desde el principio, a pactos de gobierno con Rivera o con el PP ante la existencia de posiciones irreconciliables. Algo a no confundir con una posible abstención, si llegáramos a otro bloqueo y en un ejercicio de corresponsabilidad, para permitir investir un gobierno de progreso que no dependiera de fuerzas independentistas. Seguro que la cuestión dará que hablar en los debates electorales aún no regulados por ley.

 

Odón Elorza / Miembro de la CEF del PSOE.

San Sebastián, 29 de septiembre de 2019 / Publicado en InfoLibre 

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10N : ser creíbles para superar el desencanto ciudadano.

De entrada, transparencia. No es posible ni deseable ningún pacto con Rivera o con el PP tras el 10N ante la existencia de objetivos y programas muy diferenciados. Otra cosa sería que, si llegáramos a una nueva situación de bloqueo y en un ejercicio de corresponsabilidad, pudiera darse una abstención para permitir investir a un gobierno del PSOE si este no alcanzara un acuerdo de mayoría estable con otras fuerzas de progreso. Veremos si la reciente división de la izquierda en tres, favorece el diálogo y la deseable negociación entre Sánchez, Iglesias y Errejón.

Muchos centrarán su campaña en atacar al PSOE, jugando sucio, con mentiras, como hasta ahora. Y algunos acusándole de buscar acuerdos con la derecha. Se volverán a equivocar. Pero no tienen otro eje para su campaña.

Ahora, la respuesta a la desafección y al hartazgo ciudadano ante el bloqueo y la parálisis política del Parlamento y del Gobierno es un compromiso socialdemócrata coherente. Un compromiso en favor de un gobierno progresista, creíble y estable para toda una legislatura que permita afrontar las transformaciones que necesita la España plural y la mayoría social.

De cara a la cita del 10N y para evitar fragilizar la identidad del PSOE, hacen daño las indefiniciones en cuestiones claves. Tanto en políticas de la agenda social como en materia de alianzas o pactos poselectorales. En el PSOE nos vamos a volcar para que nuestra propuesta sea entendida por la ciudadanía como una alternativa que suma a los hombres y mujeres progresistas. Una alternativa frente a los planes de involución política y social de las tres derechas que esperan su segunda oportunidad para dar el asalto a La Moncloa. El riesgo es real.

Por esas razones, el PSOE quiere volver a ilusionar a los electores que apoyaron el 28A a Pedro Sánchez y al innovador proyecto global de la Socialdemocracia para el siglo XXI. Incluidos aquellos disconformes con el proceso de la fallida negociación de cara a la investidura.

El PSOE es la única opción posible de gobierno para la izquierda. De ahí que hable del voto útil, sin falsos radicalismos, de la defensa de la integridad de una España constitucional y de los principios federales de solidaridad, lealtad y cooperación.

Para los socialistas, se trata de conjugar lo anterior con compromisos sobre la garantía de las pensiones, derogación de los aspectos más nocivos de la reforma laboral para un empleo de calidad, lucha contra la pobreza, inversiones en i+d+i, transformación digital de la economía, transición ecológica, diálogo federal y financiación autonómica, y reformas para aplicar una fiscalidad justa y redistributiva.

El liderazgo siempre ha de ir unido a la credibilidad. Obliga a contar la verdad a la gente sobre la dimensión real de los graves problemas y desafíos, locales y globales. Requiere compromisos programáticos claros con sistemas de control sobre su efectivo cumplimiento, así como pedir corresponsabilidad al conjunto de la sociedad española para superar retos y desigualdades con una justa redistribución de esfuerzos. Y medidas de regeneración que fortalezcan el Estado de Derecho y los valores de una democracia débil.

 

Odón Elorza / Diputado del PSOE por Gipuzkoa

San Sebastián, 2 de octubre de 2019 / Publicado en El Plural. 

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Nuestro Parlamento necesita un Código Ético. (Mi Ponencia en el Congreso Internacional de Transparencia)

1. Para dar cumplimiento a las recomendaciones en materia de transparencia que el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), organismo del Consejo de Europa, realizó al legislativo español hace más de cinco años, el Parlamento debe contar con un Código Ético. Este ha de establecer la obligación de detallar las Declaraciones de bienes y actividades de los parlamentarios, regular los procedimientos internos de control para evitar conductas deshonestas o conflictos de intereses y señalar las buenas prácticas a seguir en el ejercicio del cargo público. Un Código Ético significa un conjunto de principios, valores y reglas de comportamiento a cumplir por los parlamentarios que ha de incorporarse, como anexo, al Reglamento del Congreso.

Con diferentes iniciativas, como Diputado, he venido planteando, en años anteriores, la necesidad de aprobar un Código Ético para el Parlamento así como la reforma del Reglamento del Congreso. En este caso para lograr un Congreso abierto, más eficaz en sus funciones de producción legislativa y control al gobierno de turno, más participativo, transparente, accesible a la información sobre actividades y acuerdos y conectado para interactuar también desde las TIC.

2. Desde julio, el Congreso y el Senado trabajan en un "código de conducta" que sea común para los parlamentarios. Los secretarios generales de ambas Cámaras refundirán el documento del Congreso en vigor y un borrador que se elaboró la pasada legislatura en el Senado. A finales de septiembre sería remitido al estudio de los Grupos para su evaluación, debate y posterior aprobación por consenso.

El texto aprobado, a última hora, en la anterior legislatura por quien fuera Presidenta del Congreso, Ana Pastor, no cumplía ni con un procedimiento correcto de elaboración y aprobación ni era idóneo por sus carencias.

3. El Código tiene que reforzar la obligación de los parlamentarios de detallar en su Declaración pública, en la web de la Cámara, sus ingresos, bienes patrimoniales, préstamos, trabajos desempeñados anteriormente, otras actividades desempeñadas en la actualidad, participación en sociedades o posesión concreta de acciones. El objetivo es evitar posibles conflictos de intereses. Exige la máxima transparencia y por tanto concreción en la Declaración que será luego objeto de revisión y control.

Ha de presentarse al comienzo y final de un mandato y con una certificación de Hacienda sobre la situación patrimonial de cada parlamentario y si está al día en sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social. Así mismo, en diciembre de cada año han de proceder a actualizar dicha Declaración, además de añadir la correspondiente al IRPF.

4. El Código ha de proponer la creación de la Oficina de Conflicto de Intereses que tendrá funciones de comprobación de la veracidad, seguimiento y control efectivo de las declaraciones recogidas en el Registro de Intereses. Todo ello con la ayuda de los servicios jurídicos de la Cámara. Esa comprobación se efectuará sobre la dedicación exclusiva al Parlamento y las actividades desempeñadas que cuenten con una excepción de compatibilidad así como sobre los bienes e intereses de todo tipo que hayan sido declarados.

Las Comisiones del Estatuto de Diputados y Senadores serán competentes para la instrucción de procedimientos por infracción de la obligación de declarar con exactitud las actividades, los bienes patrimoniales y las rentas y elevarán sus propuestas de sanción a las Mesas de las Cámaras que decidirán.

5. Entre las buenas prácticas parlamentarias que debiera recoger el Código destaco la obligación de hacer publicas en el Portal de Transparencia de las Cámaras las Agendas diarias de trabajo institucional, la celebración de encuentros con la ciudadanía y colectivos por parte de los parlamentarios, conducta a seguir en los trabajos e intervenciones en las Cámaras, dedicación intensa a sus funciones, abrir a la participación ciudadana sus trabajos e iniciativas de modo inclusivo, accesibilidad física y tecnológica (en este caso mediante un blog) a los parlamentario por parte de los electores y una rendición periódica de cuentas a nivel general y en su circunscripción.

6. El Código, en defensa del principio de transparencia, ha de entrar a regular los lobbys con la creación de un registro público en el que deberán inscribirse los grupos de interés/presión o lobbys para hacer públicas todas sus actividades y someterse a regulación y control, así como su conducta en las relaciones con los grupos y miembros del Congreso y Senado. Se creará una instancia de supervisión del registro y de señalamiento de sanciones ante posibles incumplimientos de las reglas de conducta establecidas.  

7. El contenido del Código de conducta será accesible al público y establecerá la transparencia de las retribuciones individualizadas de los parlamentarios, las asignaciones a los Grupos así como las reprobaciones y medidas de recomendación dirigidas a quienes lo incumplan.

Se elaborará mediante un proceso de autorregulación y participación de los parlamentarios en su redacción para lograr un consenso y creará una vía institucional de asesoramiento para los casos de duda; lo mismo que una vía de denuncias ciudadanas.

8. El objetivo final del Código es prevenir la corrupción y ayudar a garantizar la integridad institucional. Se trata de conseguir un funcionamiento ético del Parlamento y un comportamiento íntegro y transparente de diputados y senadores para recuperar la confianza ciudadana y el prestigio de una institución que representa a la soberanía popular.

Ayudará a mejorar los procesos de rendición de cuentas y a actuar con honestidad y respeto a la ley, desarrollando en los políticos la conciencia de una ética pública y de una cultura de gestión responsable al servicio del interés general.

 

Odón Elorza / Diputado Socialista por Gipuzkoa

San Sebastián, 30 de septiembre de 2019 / Comunicación que presento al Congreso Internacional de Transparencia en Málaga.

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