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Odón Elorza

Odón Elorza

  • Categoría: Blog

Luchamos por una democracia justa.

Sr. Ministro, Señorías.

Gracias Ministro por su evaluación, a modo de rendición de cuentas, de las leyes remitidas por el Gobierno al Congreso durante 2021 y por explicar los compromisos del plan normativo para este 2022.

Hace una semana escuchaba en San Sebastián un concierto extraordinario; la sinfonía n.2 de Mahler. Y al llegar el final de la obra, con la entrada del Orfeon Donostiarra, se produjo en los espectadores un estado in crescendo de éxtasis, traducido en una sensación de paz, calma y de sensibilidad.

En ese momento pensé en la “genialidad” que supondría en el Congreso, tras largos debates, agrios, crispados e insultantes, que la Presidenta hiciera sonar el último movimiento de la 2a de Mahler para llevar un poco de sensatez a sus Señorías.

Las intervenciones habituales y el clima político de confrontación en el Parlamento, aconsejan que nos planteemos intervenir de otro modo, más acorde con las necesidades y las demandas de una ciudadanía atormentada. Este país -en medio de graves crisis- necesita calma para la deliberación, humildad y no soberbia, generosidad intelectual y no sectarismo y ... mucha mucha sensibilidad democrática. Lo anterior requiere estabilidad política.

Pues bien, este Gobierno de izquierdas, pese a la estrategia de crispación y confrontación sistemática de la oposición, pese al populismo y el ruido mediático que soporta, pese a ser el primer gobierno de coalición de la democracia, pese a las consecuencias económicas y sociales de la pandemia y la guerra, trabaja para ser una garantía de estabilidad que permita seguir gobernando para defender los intereses generales de la ciudadanía mediante una democracia justa.

En cambio, es contrario a la estabilidad del país, al interés de la ciudadanía, al respeto a los valores constitucionales y a los principios de un Estado Social y Democrático de Derecho ... , por ejemplo: rechazar la reforma laboral y el plan de medidas para hacer frente a los efectos de la guerra, permitir la corrupción de primos y hermanos, rechazar la actualización de las Pensiones, maniobrar en Bruselas para dificultar la llegada de los Fondos Europeos, atacar la convivencia democrática en Cataluña y los principios de una democracia constitucional, apoyarse en la extrema derecha para formar gobiernos reaccionarios que den marcha atrás a derechos y libertades que tanto esfuerzo costaron.

Es también contrario a una democracia avanzada lanzar discursos de odio, xenófobos, de exaltación de un patriotismo excluyente de banderitas y pandereta. Porque hablar de estabilidad se demuestra con la aprobación de dos Presupuestos, la obtención de hasta 140.000 millones de Fondos Europeos para una Recuperación Justa y la transformación del aparato productivo, el acuerdo con Bruselas de la propuesta de excepcionalidad energética para España y Portugal de cara a poner un tope al precio del gas o el respaldo parlamentario reiterado semana tras semana a las iniciativas gubernamentales.

Con referencia a lo anterior y al calendario normativo, debemos recordar las Leyes más destacadas aprobadas en todos los ámbitos, como son: la LOMLOE, la actualización de la ley de Formación Profesional, la de protección integral a la infancia, la de residuos, el ingreso mínimo vital, la subida del salario mínimo, la revalorización de las pensiones, la ley básica sobre el derecho a una vivienda, la ley del cambio climático y transición energética, la ley de eutanasia por una muerte digna, la reforma laboral, la ley de estabilidad del empleo público, el escudo social con los ERTES frente a la pandemia o el decreto-ley de medidas y ayudas contra los efectos de la guerra en Ucrania.

Todo ello muestra que, por encima de dificultades y controversias, contamos con un gobierno estable que tiene un proyecto de Democracia Justa avanzada para España, basado en la igualdad, la lucha contra la precariedad, la progresividad fiscal, la integridad en el ejercicio del poder, la cohesión social y la participación en las decisiones.

Este objetivo de estabilidad se proyecta hacia el futuro mediante el plan normativo para 2022 que hoy nos ha presentado en la Comisión Constitucional el Ministro de la Presidencia Sr. Bolaños y que persigue agotar la legislatura. Para ello contará con nuestro trabajo y el total apoyo del Grupo Parlamentario Socialista.

Hoy aquí, en esta sala, hay Grupos que no apuestan por la experiencia de escuchar a Mahler, la experiencia de la calma y el diálogo. Hay Grupos que apuestan por la inestabilidad, el golpismo social y por una democracia autoritaria.

Por otra parte, lo que vemos en la oposición de las derechas son: Gobiernos inestables que se rompen a conveniencia electoral del PP y llaman a elecciones anticipadas en las CCAA que gobiernan Cambio de líder de la oposición en el PP en mitad de la legislatura Y, sobre todo, la amenaza a la estabilidad democrática del país y a la dimensión social de la Constitución que supone la disposición del PP a blanquear a VOX y a promover políticas neoliberales y reaccionarias, dando entrada a VOX en todos los gobiernos que puedan del país.

Mientras tanto, algunos buscaremos refugio en Mahler para renovar fuerzas y seguir luchando por una democracia justa.

 

Congreso de los Diputados, 11 de mayo de 2022.

(INTERVENCIÓN DE ODÓN ELORZA EN LA COMPARECENCIA DEL MINISTRO BOLAÑOS EN LA COMISIÓN CONSTITUCIONAL)

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PROPOSICIÓN NO DE LEY sobre el desarrollo del artículo 1 de la Constitución en materia de vivienda.

                                          A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

 

El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY sobre el desarrollo del Estado social de Derecho del artículo 1 de la Constitución en materia de vivienda, para su debate en la Comisión Constitucional.

 

Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2022.

 

EL DIPUTADO
ODÓN ELORZA GONZÁLEZ

 

                                                         EXPOSICION DE MOTIVOS :

 

El Estado social de Derecho es un concepto que nace a principios del siglo XX como alternativa a la dicotomía entre el Estado liberal burgués y el Estado socialista de naturaleza soviética. Su principal teórico fue el constitucionalista alemán Herman Heller. El Estado social de Derecho es un Estado de Derecho, esto es, un Estado que garantiza las libertades del ciudadano y el imperio de la ley. Pero también es un Estado social, es decir, un Estado que se compromete con el bienestar económico y social de la ciudadanía, especialmente de los más vulnerables, lo que le conduce a intervenir en la vida económica y social.

Tras la Segunda Guerra Mundial, el concepto fue adoptado por la Ley Fundamental del Bonn, entre otras Constituciones. Nuestra Constitución de 1978 lo recoge en su artículo 1, donde señala que “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho”.

Por tanto, nuestra Constitución mandata a los poderes públicos a intervenir en la economía en aras de conseguir el bienestar económico y social de la ciudadanía. Ningún artículo constitucional desarrolla el concepto de Estado social de Derecho de forma más clara que el art. 9.2 CE: “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”.

Al Estado social de Derecho se le denomina frecuentemente en España como Estado del Bienestar, lo que es una traducción del término inglés Welfare State, que se acuñó en Gran Bretaña después de la Segunda Guerra Mundial para describir básicamente lo que es el Estado social de Derecho. Digamos que son dos términos, uno más jurídico -Estado social de Derecho-, otro más politológico -Estado del Bienestar-, para definir el mismo concepto.

La construcción del Estado social de Derecho que proclama el artículo 1 de la Constitución ha sido una tarea permanente y en constante desarrollo de los poderes públicos en España desde 1978. Se puede decir, en este sentido, que son cuatro los pilares básicos sobre los que se ha desarrollado el Estado del Bienestar en España, siempre bajo mandato de gobiernos socialistas: la educación pública y gratuita; la sanidad universal; el sistema público de pensiones; y el sistema de servicios sociales, con especial mención a la atención a la dependencia, en parte pendiente.

En la construcción de estos cuatro pilares han participado el Estado, las CCAA y los entes locales. Ha sido y sigue siendo un esfuerzo en el que han participado todos los poderes públicos, porque así se desprende del reparto competencial que establece nuestra Constitución.

Con independencia de que se debe seguir profundizando en estos cuatro pilares, el mandato constitucional a los poderes públicos que supone el Estado social de Derecho está interpelando de forma especialmente intensa en los últimos años en un nuevo campo, el del acceso a una vivienda digna y adecuada.

El artículo 47 de la Constitución, pese a que en su literalidad es uno de los principios rectores de la política social y económica de redacción más directa, es, por todo tipo de factores, de los derechos sociales menos desarrollados en nuestro país y que afecta con especial gravedad a la juventud. Sin embargo, esto está cambiando en los últimos años, coincidiendo con la movilización social en favor de este derecho y con la labor política emprendida por el Gobierno progresista de coalición.

En este sentido, se están impulsando desde el Estado y desde muchas CCAA una batería de medidas tendentes a aumentar el parque público de viviendas en alquiler social, que en la actualidad es muy insuficiente en comparación con otros países europeos.

Concretamente, el Gobierno ha emprendido actuaciones para la construcción de más de 100.000 viviendas públicas en alquiler social. También se ha legislado para proteger el derecho a la vivienda de los más vulnerables en el contexto de los efectos provocados por la pandemia. Se ha impulsado un bono de alquiler para mejorar el acceso de los jóvenes a una vivienda, y, en consecuencia, a su emancipación. Y, además, se está promoviendo, con numerosos estímulos y ayudas, la rehabilitación de viviendas y la aplicación del criterio de eficiencia energética.

Así mismo, se ha presentado un proyecto de ley sobre el derecho a la vivienda en el Congreso de los Diputados. Se trata de la primera ley estatal sobre la materia que tiene como objetivo principal asegurar que todo el conjunto de la ciudadanía va a poder acceder a una vivienda digna a un precio razonable, a través de medidas de estímulo de la oferta de vivienda en alquiler, por un lado, y en las zonas especialmente tensionadas donde el mercado distorsiona de forma desproporcionada los precios, por otro. Para tal fin, la ley habilita a las CCAA y a los Ayuntamientos a regular, desde lo público, las subidas abusivas, combatiendo así la especulación en el mercado inmobiliario.

Todo ello se ha acompañado de la mayor inversión presupuestaria del Estado en vivienda de toda la democracia, aumentando la partida en un 592% sobre lo recogido por los últimos presupuestos del Gobierno anterior.

Lo que está ocurriendo, desde el punto de vista constitucional, es que los poderes públicos, liderados por un Gobierno progresista y una sociedad que empuja en esta dirección, están avanzando en la construcción de un quinto pilar del Estado social de Derecho, el del acceso a la vivienda.

Por fin se ha tomado conciencia (seguramente la pandemia ha contribuido a ello) de que no se puede emprender o mantener una vida digna sin tener asegurado un techo en el que desarrollar un proyecto vital. Y lo cierto es que el mercado, por sí solo, no es capaz de asegurar a toda la ciudadanía, especialmente a los jóvenes y a los sectores más vulnerable, este bien tan preciado de la vivienda por lo que es necesaria una intervención más intensa del Estado. 

Lógicamente, esta intervención estatal debe respetar otros principios constitucionales, como el reparto competencial establecido en la Constitución, que otorga a las CCAA la competencia principal en materia de vivienda, así como el respeto a la propiedad privada. Pero no en los términos absolutos y excluyentes que a veces erróneamente se señalan como propios de la misma, sino en los términos establecidos en el artículo 33 de la Constitución, que reconoce como parte de su contenido esencial, según jurisprudencia asentada del Tribunal Constitucional, su función social.

Teniendo claros estos límites, y desde una necesaria gobernanza con las CCAA y los Ayuntamientos, le corresponde al Gobierno y a las Cortes Generales, como poderes del Estado, liderar este nuevo desarrollo del Estado social de Derecho, pues hacerlo no es más que avanzar por la senda de construcción del Estado del Bienestar que marcó la propia Constitución.

No hacer nada, dejar este derecho constitucional en manos de lo que determine la oferta y la demanda, no sería dar efectivo cumplimiento al espíritu constitucional, que sitúa el Estado social de Derecho en el primero, y seguramente principal, de sus artículos.

En base a las anteriores consideraciones, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente,

                                                           PROPOSICIÓN NO DE LEY:

 

“El Congreso insta al Gobierno a adoptar cuantas medidas sean necesarias para ampliar el Parque de vivienda pública y garantizar, en cumplimiento del art 47 de la CE, el derecho constitucional efectivo de la ciudadanía a acceder a una vivienda digna en el marco de una gobernanza compartida y colaborativa con los demás poderes públicos; esto es, con las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos. De manera que en torno a este derecho constitucional se conforme el quinto pilar del Estado social de Derecho que proclama nuestra Constitución en su artículo 1.1, situándolo a la altura del desarrollo constitucional que ya se ha acometido, en los últimos 40 años, para otros pilares del Estado del Bienestar, como la Sanidad, la Educación, las Pensiones y los Servicios Sociales.”

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PROPOSICIÓN NO DE LEY sobre la Guerra, la Amenaza Nuclear de Putin y los Derechos Humanos.

                                          A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

 

El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY sobre la Guerra, la Amenaza Nuclear y los Derechos Humanos para su debate en la Comisión Constitucional.


Congreso de los Diputados, 27 de abril de 2022.

 

EL DIPUTADO

ODÓN ELORZA GONZÁLEZ

 

             
                                                          EXPOSICION DE MOTIVOS :

 

El derecho a la vida sigue siendo, obviamente, el principal de los derechos humanos. Se contempla en diferentes Tratados internacionales, comenzando por la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 que, en su Artículo 3, proclama que “todo individuo tiene derecho a la vida”. Nuestra Constitución recoge este elemental derecho en su artículo 15.

Esta Carta Universal fue elaborada pocos años después de que una nueva amenaza, inédita hasta entonces, se cerniera sobre el conjunto de la humanidad. Se trataba de la aparición de las armas nucleares, capaces de desatar un holocausto nuclear y acabar con la vida de todas las personas que habitan el planeta.

Pues bien, el pasado 27 de febrero, el Presidente ruso, Vladimir Putin, acompañado de altos cargos de Defensa, ordenó poner las fuerzas de disuasión del país, que incluyen las armas nucleares estratégicas, en régimen de alerta máxima, en servicio de combate. De esa forma, a la guerra provocada por Rusia con su invasión de Ucrania, una decisión totalitaria, injustificable y de efectos terroríficos, añadía la amenaza de utilizar armas nucleares contra Ucrania u otros Estados de Europa por vez primera desde el final de la II guerra mundial en 1945.

Con la orden de elevar el nivel de alerta de los dispositivos nucleares, Putin intensificaba su guerra premeditada contra Ucrania. Con esa alerta, a la muerte de miles de personas, a los crímenes de guerra, a los millones de huidos y refugiados, a los bombardeos indiscriminados sobre población civil, a la destrucción y al sufrimiento, añadía la posibilidad de desencadenar, de manera voluntaria o involuntaria, una escalada de la guerra que puede desembocar en una guerra nuclear.

El Presidente de Rusia echaba por tierra los trabajosos avances logrados en materia de control internacional para la reducción de riesgos y limitación de la proliferación de armas nucleares, y alejaba el sueño de un desarme nuclear. Porque la actitud de Rusia con la invasión de Ucrania podría conllevar un parón, para muchos años, de aquellas iniciativas dirigidas a frenar y desescalar la carrera de los arsenales nucleares.

El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, subrayaba el pasado 6 de agosto de 2021, en un mensaje dirigido al Memorial de la Paz de Hiroshima en Japón, con ocasión del aniversario del bombardeo atómico de aquella ciudad, su compromiso con la consecución de un mundo libre de armas nucleares. Así mismo instaba a los gobiernos a redoblar sus esfuerzos para avanzar en el desarme nuclear bajo control internacional. “La única garantía contra el uso de las armas nucleares es su total eliminación”, señaló António Guterres.

La bomba atómica lanzada sobre Hiroshima por parte de los Estados Unidos, el 6 de agosto de 1945 durante la Segunda Guerra Mundial, provocó un sufrimiento inimaginable a los habitantes de esta ciudad, matando a miles de personas con el bombardeo y a otras muchas en los años siguientes. En total, los bombardeos atómicos produjeron 166.000 víctimas en Hiroshima y 88.000 en Nagasaki.

Desde el inicio de la era nuclear, en 1945, los arsenales atómicos se han convertido en uno de los grandes riesgos de la seguridad internacional, pero todas las grandes potencias que los han desarrollado miran con total desconfianza lo que hacen los otros antes de renunciar a su arsenal.

Durante las décadas de la Guerra Fría, la humanidad fue muy consciente de esta apocalípsis que estuvo cerca de materializarse en la crisis de los misiles de Cuba en octubre de 1962. La concienciación contra la existencia de armamento nuclear dio paso, sin embargo, con la desaparición del bloque soviético en los años noventa, a otra época en la que, contra toda evidencia, ese peligro latente se comenzó a percibir con menor intensidad. Pero las armas nucleares seguían ahí.

Sin embargo, a lo largo de los años se han producido avances en forma de tratados internacionales para evitar la proliferación del armamento nuclear. Entre ellos, el más importante es el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares de 1968, que otorga a la Organización Internacional de la Energía Atómica la responsabilidad de verificar su cumplimiento. Este Tratado ha sido ratificado por 191 Estados. Pero, reconociendo su importancia, afecta principalmente al esfuerzo por impedir que nuevos países adquieran armas nucleares, sin comprometer a los que ya la poseen. Cada Estado se compromete a no desarrollar, ensayar, fabricar, adquirir, almacenar, estacionar, usar o amenazar con armas nucleares.

Por otra parte, el Tratado de Prohibición de Pruebas Nucleares es de 1996 y ha cumplido 25 años a la búsqueda de un mundo libre de armas atómicas. Y pese a contar 185 firmas, el Tratado aún no ha entrado en vigor ya que todavía requiere la ratificación de ocho países: Estados Unidos, China, Irán, Israel, Egipto, India, Pakistán y Corea del Norte. La ONU sostiene que no se puede aspirar a un mundo libre de armas nucleares sin una prohibición de estos ensayos y el cumplimiento de dicha prohibición.

El 22 de enero de 2021 entró en vigor ese Tratado Internacional para la Prohibición de las Armas Nucleares, que es el primer acuerdo multilateral aplicable a escala mundial que prohíbe íntegramente las armas nucleares. Con la ratificación del tratado, cada Estado se compromete a no desarrollar, ensayar, fabricar, adquirir, almacenar, estacionar, usar o amenazar con armas nucleares, a eliminar sus programas nucleares, a desactivar sus armas nucleares y a destruirlas de manera irreversible. También contiene disposiciones para abordar las consecuencias humanitarias relacionadas con el ensayo y el empleo de armas nucleares, obligando a los Estados a proporcionar asistencia tanto a víctimas como a los Estados firmantes del tratado que se vieran afectados por su uso y a la restauración del medio ambiente.

Este Tratado fue aprobado en la Asamblea General de Naciones Unidas por 122 votos a favor y firmado por 84 países. Los Estados que disponen de armas atómicas como Estados Unidos, Reino Unido, Francia, China o Rusia (que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y con derecho de veto) y los países de la OTAN, incluida España, no asistieron a la votación de esta asamblea, no han firmado el tratado y se oponen al mismo.

No obstante, aunque el acuerdo es vinculante, solo 59 de 197 Estados lo han ratificado y ha entrado en vigor formando parte de la legislación internacional. En su mayoría, estos países se encuentran en Latinoamérica, África y el Pacífico, aunque hay alguna excepción en Europa, como Irlanda o Austria. Los países que han ratificado este Tratado se comprometen a eliminar sus programas nucleares, a desactivar sus armas nucleares y a destruirlas de manera irreversible.

El Tratado es una victoria de la sociedad civil organizada. Ha sido fruto de la Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares (ICAN, por sus siglas en inglés), de la que la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad (WILPF), entre otras muchas organizaciones, forma parte, y cuya labor fue reconocida con el Premio Nobel de la Paz en 2017

El Tratado de Prohibición de Armas Nucleares, según sus defensores, constituirá un «compromiso político inequívoco» para lograr y mantener un mundo libre de armas nucleares, según el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos. Sin embargo, a diferencia de una «convención general sobre armas nucleares», no contiene todas las medidas legales y técnicas necesarias para alcanzar el punto de eliminación.  

También se han hecho esfuerzos en la reducción del número de ojivas nucleares. Son destacables en este sentido los Tratados Salt y Start firmados entre EEUU y la Federación Rusa. El último de los cuales fue el día 4 de febrero de 2021 y alcanzaron un acuerdo sobre la prórroga del Tratado START III para reducir el número de misiles nucleares de ambas superpotencias. Pese a que en los últimos años se han seguido desmantelando ojivas o cabezas nucleares, a inicios de 2021 nueve países todavía poseían aproximadamente 13.080 armas nucleares, de las cuales 3.825 estaban desplegadas con fuerzas operativas y unas 2.000 de ellas se mantenían en estado de alerta operativa alta.

El mundo solo será seguro cuando todos los países hayan renunciado a esas armas y se produzca su total desaparición. Pero se está lejos de conseguir dicho objetivo; más bien parece lo contrario. Se detecta, en los últimos años, una carrera entre diversos países por intentar conseguir este tipo de armamento nuclear, cada vez más sofisticado, y un desinterés manifiesto de los que ya lo tienen de renunciar a él.

Lo cierto es que no se controlan debidamente las ojivas nucleares existentes. Incluso se sigue investigando para crear nuevas armas nucleares, más sofisticadas y mortales. Llevamos una década estancados en el necesario camino hacia la desaparición de este peligro cierto para la supervivencia del planeta. Todo ello no solo hace de nuestro mundo un lugar mucho más inseguro; lo hace también menos comprometido con los derechos humanos y aleja el objetivo de la Paz.

Frente a ello, en línea con la lucha de diferentes ONG’s y colectivos de autoridades locales, es necesario reforzar toda alianza que cree sinergias internacionales para cambiar esta tendencia. Todas las instituciones, como el Congreso de los Diputados, deben ser conscientes de lo que se juega la humanidad y manifestar la firme voluntad de rechazar las amenazas de guerra nuclear y caminar hacia la abolición total del armamento nuclear.

Es verdad que el camino hacia su eliminación presenta muchos desafíos de todo tipo, incluida una ONU devaluada. Desafíos políticos, jurídicos, pero también desafíos técnicos. Sin embargo, es la única vía que, a largo plazo, puede garantizar la seguridad del planeta. Por eso, tenemos que lograr la abolición con la máxima urgencia.

En las últimas semanas, la invasión de Rusia a Ucrania y la amenaza nuclear lanzada por Putin nos ha devuelto la pesadilla de una guerra nuclear. De nuevo, se percibe que mientras exista armamento nuclear, cada vez más tecnológico, más potente y mortífero, el derecho humano más preciado, el derecho a la vida de todos y todas, queda en manos de la voluntad arbitraria de un tirano o de un autócrata. Y para nada se descarta la posibilidad de que, en un acto de desesperación o de error de cálculo, puedan utilizar estas armas desatando una guerra de consecuencias devastadoras para la supervivencia de nuestro Planeta, ya sometido a los graves riesgos del cambio climático.

Somos muy conscientes de que la humanidad se enfrenta a graves problemas, pero solo dos tienen el potencial para acabar con nuestra especie, dependiendo asimismo de nuestra propia voluntad de evitarlos: una catástrofe climática y la guerra nuclear.

Sobre este segundo desafío, es preciso exigir a los Estados democráticos la máxima implicación en la causa del desarme nuclear. Y a sus respectivos Parlamentos corresponde prevenir una guerra nuclear, defender la paz y los derechos humanos y promover una profunda reflexión para que la sociedad tome plena conciencia del significado y consecuencias inmediatas de un conflicto nuclear.

 

En base a las anteriores consideraciones, el Grupo Parlamentario Socialista presenta al Pleno la siguiente,

 

                                                     PROPOSICIÓN NO DE LEY: 

 

“El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Proclamar que la defensa de la paz, los derechos humanos y la supervivencia del Planeta, ante la reciente amenaza de utilización de armas nucleares por parte de Vladimir Putin, es un objetivo prioritario de la acción política para España y el conjunto de la Comunidad Internacional. Por ello, denuncia y condena, de entrada, la guerra provocada por Rusia contra Ucrania tras la invasión del pasado 24 de febrero, que supone una violacion flagrante del derecho internacional.

2. Condenar la amenaza de una guerra nuclear formulada por Putin que nos sitúa ante el riesgo real de que “se apriete el botón rojo nuclear”, a la vista de las declaraciones provocadoras e irresponsables del Presidente de Rusia.

3. Reafirmar, en este contexto, su pleno compromiso con el sistema democrático en el marco de la Unión Europea frente a las amenazas contra la convivencia democrática y la paz en el mundo por parte de los regímenes totalitarios y los líderes autócratas que alientan guerras, siembran el odio y practican o justifican el terror.

4. Solicitar a todos los Estados que poseen armas nucleares que apoyen la Agenda para el Desarme Nuclear de la ONU y favorezcan los avances de las conversaciones y la negociación de los Tratados sobre su no uso, la reducción de arsenales y la desaparición de cualquier amenaza nuclear”.

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Muchos hoteles y poca vivienda protegida. / Sobre el grave problema de la vivienda en San Sebastián.

Tras el final del terrorismo han aparecido en Donosti hoteles y pisos turísticos como setas. Era previsible. Sin embargo, se ha paralizado por el Ayuntamiento, de modo inexplicable, la ejecución de una operación de vivienda totalmente aprobada, en enero de 2011, por el gobierno local del que éramos parte.

Las siguientes Alcaldías han renunciado durante once años a promover el desarrollo inicial de más de 3.000 viviendas a situar en Auditz-Akular (Altza) y la operación ha estado olvidada ante el silencio general. Este ambicioso objetivo social nos obligó, durante años, a realizar una inversión de diez millones en compras de suelo.

El planeamiento urbanístico estaba aprobado así como los derechos para la promoción municipal -en colaboración con el Gobierno Vasco- de las 2.354 viviendas protegidas, la mayoría en alquiler, con pisos a precio tasado y varios cientos de apartamentos sociales para jóvenes y mayores. También se contemplan 705 pisos de precio libre.

Paralizar un barrio con identidad propia de 800.000 m2 nos parece un grave error político. La ciudadanía donostiarra debe saber que no hay, ni podrá haber, otro desarrollo urbanístico que posibilite ni siquiera la mitad de las viviendas protegidas previstas en él.

Hablamos de un urbanismo de calidad y no especulativo, de un barrio sostenible y de eficiencia energética, superador de modelos como el nuevo Intxaurrondo o el ensanche de Amara. Además, en 2009 conseguimos que el Topo de EuskoTren se prolongara hasta Altza y el territorio de Auditz-Akular para funcionar como una línea de Metro y se crearán nuevos accesos viarios para no saturar la red existente.

Se pretende lograr que la población del actual Altza disfrute de mejoras claras; también en el paisaje urbano buscando en los espacios de borde la perfecta integración de los nuevos tejidos residenciales con los ya existentes. El Plan Urbanístico de 2011 ya preveía complementar el polideportivo recién reconstruido con otras instalaciones y campos deportivos al aire libre. También, el actual Altza se aprovecharía de otros servicios, de nuevos accesos a la A-8 y a la tijera de Garbera y de un gran Parque con espacios naturales y valores medioambientales a proteger con existencia de masas arbóreas.

En estos días, algunos han planteado, otra vez, renunciar a las 3.000 viviendas tras la aparición de vertidos incontrolados de amianto en un espacio cerca del Instituto de Altza. Y propone destinar todo el territorio a parque. Esa posición desconoce que las 584 VPO y el nuevo colegio en Morlans las levantamos sobre el terreno de la antigua Fábrica de Gas, cuyos suelos se descontaminaron con control, dirección y participación económica de IHOBE, el órgano de gestión medioambiental del Gobierno Vasco.

Sorprende que haya quienes ignoren que los estándares de calidad del suelo son aún más exigentes cuando se trata de hacer un parque donde juegan niños que cuando se edifican viviendas. Por tanto, la presencia del amianto en una zona del ámbito se afrontará con mucho rigor y recursos de las administraciones.

Tras la espera y con el proyecto paralizado mientras crecían las operaciones del urbanismo turístico, es lógico que algunos criterios del planeamiento aprobado en 2011 deban ser actualizados y se aprueben fases de actuación para Audizt-Akular. Quienes promovimos más de 30 modificaciones de planeamiento para posibilitar los desarrollos de Atocha, Benta Berri, Riberas de Loiola, Pagola, Txomin, Morlans o San Bartolomé sabemos que se puede hacer.

San Sebastián necesita una actuación urgente en vivienda protegida y de precio medio para ir ofertando durante años. Se precisa voluntad política, ideas y una gestión ágil pensando en que la mayor parte de la ciudadanía donostiarra demanda vivienda de precio accesible ante su escasez y carestía.

Por ello, solicitamos encarecidamente al Ayuntamiento que decida promover, sin más demora, el proyecto estratégico del nuevo Altza en Auditz-Akular, con edificios de una altura media de 5-6 plantas que puede subir para financiar mayores costes de una urbanización compleja que requiere efectuar rellenos.

 

Odón Elorza, ex-alcalde de Donostia-San Sebastián (1991-2011)

Jorge Letamendia, ex-concejal de urbanismo (1999 - 2011)

 

Publicado en El Diario Vasco el 4 de mayo de 2022.

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