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La gestión de la amnistía y la ética de la democracia.
No se habló de la amnistía en los debates electorales previos al 23J. Por tanto, no se produjo una deliberación sobre un tema de vital importancia para la convivencia según el PSOE o motivo de ruptura de la unidad de España en opinión del PP. Pero, sin duda, habría influido en la votación.
Tampoco el candidato que luego fue investido Presidente la incluyó en su programa. Es más, Pedro Sánchez respondió en la entrevista de RTVE -el 21 de julio- que no pactaría una amnistía con los independentistas para lograr su apoyo y que ya obtuvieron unos indultos condicionados. Ambos hechos merecen una reflexión serena y crítica para quienes defendemos un mejor funcionamiento de la democracia en momentos claves.
Aclaro que soy partidario de una “determinada” amnistia y que considero constitucional la que se propone, aceptando otras opiniones. Y al referirme a una “amnistía determinada” lo que quiero expresar son mis reservas políticas a una proposición de ley que no recoge en su exposición de motivos un relato riguroso y no concesivo hacia los secesionistas sobre lo sucedido en octubre de 2017 en Cataluña.
También considero, como expresé ante el Comité Federal del PSOE, que la amnistía tenía que venir acompañada de contrapartidas políticas explícitas de los beneficiarios, en el sentido de su renuncia a la ilegal vía unilateral. No hablo de una renuncia a su proyecto independentista. Sin embargo, acuerdos como el alcanzado con Junts en Bruxelas provocan más rechazo y crispación.
Por otra parte, esta ley excepcional no llega amparada por un proceso negociador coherente con algunos de los principios éticos del sistema de gobierno y convivencia en una democracia. Me refiero a la necesaria deliberación pública previa, a la transparencia que debe acompañar su gestión y a la búsqueda desde el diálogo de un amplio consenso político y social. Sobre este aspecto es llamativa la encuesta/barómetro de Prisa que recoge la disconformidad del 50% del electorado del PSOE, reflejando además sensaciones contradictorias en sus respuestas como señal inequívoca de confusión.
Los progresistas vamos a soportar durante tiempo la estrategia catastrofista y polarizadora de las derechas trumpistas y sus voceros. Hoy es la amnistía y ayer fue la utilización inmoral de una ETA derrotada y no amnistiada. Pero seguirán deslegitimando a Pedro Sánchez y su Gobierno, en medio de un comportamiento rabioso del ganador virtual Feijóo -que mintió en el debate electoral- y de las presiones fascistas de los ultras ante Ferraz. Todo ello, junto a una amnistía mal gestionada y peor comunicada, provoca un daño a la democracia. Además de que supone un lastre para la credibilidad del nuevo gobierno de progreso que necesita España.
El paso de los meses y los próximos resultados electorales nos dirán si la medida, aceptada de modo insospechado y sorprendente por el PSOE para conseguir formar gobierno, alcanza su objetivo indirecto de mejorar la convivencia en Cataluña y en el resto de España. El objetivo directo se cumplió al ganar la investidura con la bendición de Puigdemont y los votos de Junts.
Concluyo. Soy firme partidario de una regulación en la LOREG de los imprescindibles debates electorales, al menos en la televisión pública, para que se expresen con claridad las ofertas y compromisos de los partidos ante una ciudadanía cada vez más descreída. Debates rigurosos que aporten información veraz de cara al voto y mejoren la calidad de la democracia, pero que servirían de poco si luego descubrimos que había claves ocultas no citadas. Claves que después resultan decisivas y que no estuvieron en el conocimiento de una ciudadanía que debiera ser soberana.
Odón Elorza / Ex Diputado y miembro del Comité Federal.
San Sebastián, 5 de diciembre de 2023.