El PSOE radicaliza su posición frente a la corrupción
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"Tipificación jurídica del delito de financiación ilegal de los partidos; prohibición legal de la condonación de deudas a los partidos por las entidades financieras; limitación al máximo de la concesión de indultos, excluyendo en todo caso los delitos por corrupción; cambiar la legislación para limitar los privilegios jurídicos y judiciales de los aforados; y modificar la legislación y el sistema electoral estableciendo listas desbloqueadas o abiertas en las que se pueda tachar o excluir algunos de los candidatos incluidos en las mismas". Lo anterior es parte del contenido que figura en el Convenio recién firmado por Pedro Sanchez en nombre del PSOE con Transparencia Internacional España (TIE), una ONG prestigiosa por sus estudios y propuestas en la materia.
También figura el compromiso de no incluir en las listas electorales a procesados por corrupción -con apertura de juicio oral o escrito de acusación del fiscal- o de imputados con declaración judicial de existencia de indicios sólidos de actividades delictivas.
El PSOE se compromete con la firma de este Convenio ( http://t.co/bOcLGEb8Q2) a dotarse de una política de funcionamiento transparente a todos los niveles -con especial referencia a sus presupuestos, gastos electorales, auditorías internas y publicidad al informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas-, a tramitar por vía parlamentaria las reformas legales señaladas en un plazo de tres meses y a incluir en su programa de las elecciones autonómicas y generales de 2015 las medidas y propuestas para prevenir y combatir la corrupción. En conjunto suponen un paso decisivo.
Por su parte, TIE se compromete a asesorar al PSOE en el diseño de programas de transparencia para el efectivo cumplimiento de las obligaciones que asumimos los socialistas en materia de transparencia y lucha contra la corrupción. Y, además, anualmente evaluará - esto se traduce como control público- el grado de cumplimiento por el PSOE de los anteriores compromisos.
Sin embargo, es normal que la ciudadanía se pregunte por qué todo esto no se incorporó a la legislación y a la practica de los partidos hace años. Lo cual nos lleva a reflexionar, sin que sirva de excusa, sobre las imperfecciones y al anquilosamiento de todo el sistema político, en especial cuando se pierde la pasión por la democracia y no se crean nuevos instrumentos para el control del poder. Pero mi pregunta es si nos ven capaces de aplicar las medidas.
Es indudable, en todo caso, que el PSOE ha radicalizado y democratizado su posición contra la corrupción superando las meras declaraciones. Para valorar lo que está pasando en el PSOE habría que recordar la aprobación de un código ético para los cargos públicos, la publicación en las redes de sus cuentas y los salarios y bienes de sus dirigentes así como la reciente Declaración de Valencia que se va a presentar en forma de Proposición de Ley con las 50 medidas sobre regeneración y corrupción. Todo se suma al Convenio firmado con TIE.
Lo cierto es que la prueba del algodón para los partidos, en la lucha contra la corrupción, se sitúa en las decisiones que se refieren a la limpieza de su propio patio trasero. En esas decisiones se puede comprobar el grado de coherencia entre las declaraciones y la práctica. Y esto nos lleva a la situación de cinco aforados socialistas andaluces a quienes la jueza Alaya relaciona con el caso de los ERE. En este complejo y lento sumario, el Tribunal Supremo abre una investigación sobre esas personas aforadas para "dictaminar la concurrencia o no del comportamiento delictivo que la jueza indica" en la exposición elevada al TS; esto es, para determinar "si se aprecian índices racionales de criminalidad."
El PSOE, en la llamada Declaración de Valencia ( http://t.co/qeJOdH5g54 ) ha propuesto que la ley contemple que se producirá "la suspensión de los parlamentarios y concejales en el momento en el que sean llamados a juicio oral a título de imputados o procesados por delitos de corrupción política, que se transformará en cese en el momento en que sean condenados."
En el fraude de los ERE no es fácil para el PSOE tomar una decisión en una etapa procesal en la que, al día de hoy, no hay imputación formal ni existe acusación concreta sobre los cinco aforados socialistas por parte del Tribunal Suprema. Aunque la jueza Alaya, eso sí, ha insistido en echar sobre ellos sospechas de prevaricación y malversación de fondos públicos y tratarles como pre-imputados. Por cierto, ya es hora de dotar de más medios humanos y materiales a los órganos judiciales y al ministerio fiscal para agilizar los juicios, esclarecer la verdad y castigar a los corruptos.
Odón Elorza Diputado Socialista por Gipuzkoa.
16 de noviembre de 2014 / Publicado en publicoscopia.com