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La ignominia del llamado Valle de los Caídos no puede continuar.

Lo pinten como lo pinten y por mucho que los sectores neofranquistas pongan el grito en el cielo ante la propuesta democrática que he formulado al dictado de mi conciencia, el Valle de los Caídos debe dejar de ser un espacio monumental excluyente e ignominioso para la parte despreciada de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista. 

Por ello, el Informe realizado en 2011 por expertos a petición del Presidente Zapatero recomienda, en resumen: "lograr consensos políticos y sociales para avanzar en la tarea de resignificar el Valle de los Caídos, dignificar el estado del cementerio con los restos de casi 34.000 personas, frenar el deterioro general de edificaciones y esculturas, atender reclamaciones de familiares, crear un memorial por las víctimas así como un centro de interpretación y reflexión de lo allí sucedido, cuidar el parque natural, sacar de allí al dictador y que los restos mortales de Primo de Rivera se trasladen a un lugar que no cree agravios ..."

Fue en 1940 cuando el régimen franquista aprobó un Decreto en el que proponía la construcción de un monumento con una basílica en la finca de Cuelgamuros de El Escorial. El propósito era el de convertirlo en símbolo del nacional-catolicismo así como "perpetuar la memoria de los que cayeron en la gloriosa cruzada", con intención de dedicarlo a los que fueron los vencedores de la Guerra Civil.

La obra tardó diecinueve años, trabajando en pésimas condiciones personas contratadas y presos políticos republicanos. Y desde hace años se trasladaron allí los restos de 33.847 personas, de las cuales 21.000 están identificadas y 12.000 sin identificar, lo que convirtió al Valle de los Caídos en el mayor cementerio de víctimas de la Guerra Civil española.

En el año 1957, se aprobó un Decreto para crear una Fundación y se delegó el mantenimiento y la dirección a la comunidad religiosa benedictina que tiene reconocida la "competencia inviolable" sobre la basílica. En noviembre de 1975 el anterior régimen formalizó la decisión de inhumar a Franco en un sepulcro junto al altar mayor de la basílica. En ausencia de democracia esa determinación se impuso.

La Ley de Memoria Histórica de 21 de diciembre de 2007, impulsada por el Gobierno del PSOE, lo calificó en el artículo 16, referido al Valle de los Caídos y que fue aprobado casi por unanimidad, como "un lugar de culto y cementerio público, sin que pudieran celebrarse actos de naturaleza política, ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas o del franquismo".

Por su parte, la Disposición Adicional Sexta de la Ley estableció: "La Fundación gestora del Valle de los Caídos incluirá entre sus objetivos honrar y rehabilitar la memoria de todas las personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil de 1936-1939 y de la represión política que la siguió, con objeto de profundizar en el conocimiento de este período histórico y de los valores constitucionales. Asimismo, fomentará las aspiraciones de reconciliación y convivencia que hay en nuestra sociedad".

El Informe de los expertos recomienda una propuesta compartida por la misión de trabajo de la ONU, que ha visitado España para interesarse por los desaparecidos republicanos de la Guerra Civil, y señala: "el objetivo de resignificar el Valle de los Caídos, despojándole de cualquier connotación ideológica y política, y atendiendo únicamente a la dimensión moral de la memoria, sólo será posible si los enterramientos se reservan para los restos de las víctimas y los muertos de la Guerra Civil.

También propone que los restos del general Francisco Franco sean trasladados al lugar que designe la familia". En esta etapa de crisis económica, no es posible abordar por el Estado en poco tiempo todas estas actuaciones y se necesitará un plazo amplio y una planificación de las prioridades. Pero hay decisiones simbólicas y de ejecución sencilla que esperan desde hace años la formación de consenso parlamentario y que supondrían un gasto muy asumible. Son los casos de los enterramientos existentes en lugar dominante y privilegiado de la basílica junto al altar mayor.

Ha llegado el momento, por dignidad democrática, de que el conjunto sea reorientado para dar cumplimiento no sólo al espíritu de la Ley de Memoria Histórica sino también al contenido de la norma y a las recomendaciones de los expertos. Por tanto, el máximo exponente de un régimen totalitario, quien fuera un dictador, no puede presidir un espacio memorial que deberá servir para recordar a todas las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura posterior.

Es más, resulta imprescindible poner fin a la actual jerarquía funeraria que ofrece la basílica del Valle de los Caídos porque constituye una ofensa y quiebra el principio de igualdad de tratamiento debido a los restos de las personas que allí reposan, algunas contra su voluntad.

En resumen, la proposición que he presentado al Congreso, como Diputado socialista, plantea desarrollar un conjunto de acciones en el marco del Informe de los expertos y de acuerdo con las posibilidades presupuestarias para convertir el Valle de los Caídos en un espacio para la cultura de la reconciliación y de la memoria colectiva democrática, de dignificación y reconocimiento a todas las víctimas de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura.

Todo ello exige la gestión ante la Iglesia para efectuar la exhumación de los restos de Francisco Franco y su traslado fuera del Valle de los Caídos a un lugar a decidir con la familia o en su caso al que resulte más adecuado. En lo referente a José Antonio Primo de Rivera, su exhumación tiene como objetivo la reubicación para que no ocupe un sitio preeminente en la basílica en el que destaque sobre las demás víctimas.

Sé que vamos tarde para resolver esta asignatura pendiente de la transición, lo mismo que la indigna existencia de fosas en cunetas aún por abrir, pero el PSOE es coherente con la Ley de Memoria Histórica al defender esta propuesta en el Congreso que permitirá que cada cual se retrate.

Odón Elorza / Diputado Socialista por Gipuzkoa

Publicado en El Diario Vasco, 19 de noviembre de 2013

Odón Elorza

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