El 27-S evidenciará la necesidad de una nueva tercera vía, con Ley de Claridad, como posible solución para Cataluña.

"Más y Rajoy han convertido la política en un arma arrojadiza con la que solo persiguen confrontar y objetivos electorales y que les sirva para desviar la atención más allá de sus responsabilidades y de los temas que deberían ser centro del debate en las elecciones catalanas"

No veo la salida, como opinión personal, a la situación límite de Cataluña con los actuales actores políticos en pura confrontación y con las formulaciones que se presentan a la ciudadanía catalana el próximo 27-S. No se apuntan claves reales de solución a la situación de emergencia a la que ha llegado la relación entre Cataluña y España -por simplificar- después de años de actitudes irresponsables diversas y de ceguera política ante lo que se nos venía encima.

Nos encontramos ante la gran derrota de la política entendida como instrumento democrático para tratar de resolver problemas y conflictos. Frente a la idea de hacer primar en la política el diálogo y la búsqueda del entendimiento, como proclamaba Ernest Lluch, unos y otros, pero fundamentalmente Rajoy y Mas, la han convertido en un arma arrojadiza con la que solo persiguen objetivos electorales y que les sirva para desviar la atención de sus responsabilidades y los temas que deberían estar en el centro del debate.

Me refiero a estas tres cuestiones:

- cómo abordar la gestión de la crisis económica y la defensa del rebajado estado del bienestar, de un lado;

-cómo combatir todo tipo de corrupciones e inmoralidades en la vida política e institucional catalana;

- y, por último, cómo construir una vía incluyente para Cataluña en España que conjugue el principio de legalidad con el principio de legitimidad democrática.

Pronostico que los resultados del día 27 de septiembre no serán determinantes y que las espadas seguirán en alto porque no habrá una mayoría suficiente para avalar la declaración unilateral de independencia y porque, en cualquier caso, el Estado no permitirá ningún acuerdo en esa dirección. Eso sí, comenzará el día 28 una nueva escalada de declaraciones y gestos de confrontación a la espera de las elecciones generales de diciembre y de sus resultados para configurar el Gobierno de España. Y, desde luego, con Rajoy no hay salida posible.

Lamento que nadie haya propuesto una nueva tercera vía superadora de los frentismos de CDC, ERC, C's y PP, que vaya más allá del reconocimiento del derecho a decidir que asume Podemos -cuando no existe el supuesto derecho y cuando no concreta ninguna formula jurídica razonable- y, también, de la salida federal.

Estoy convencido de que existe un espacio social importante de apoyo a un vínculo del pueblo catalán con una España que se reconozca como plurinacional, en un Estado Federal asimétrico y dentro de una innovadora tercera vía que incluyera la aprobación por Las Cortes de una Ley de Claridad.

Si se quiere de verdad una solución, esta ha de pasar por la redefinición de la financiación para Cataluña sin romper el principio de solidaridad ínterterritorial y el estudio de una Ley de Claridad. Una ley en la línea de lo aprobado en Canadá para el caso Quebec, que recogió los principios jurídicos y garantías democráticas fijadas por el Tribunal Supremo de Canadá para abordar -como última medida si fracasaran otras- una consulta legal y negociada en todos sus extremos que abriera -en su caso- el paso a una negociación con el Estado. Ese fue el proceso reciente que se dio en Escocia. Todo ello ello no requiere esperar a una reforma de la Constitución.

La Ley de Claridad establecería que, tras un pronunciamiento de mayoría reforzada del Parlament de Catalunya, Las Cortes estarían obligadas a recoger esa petición y pedirían al Gobierno la convocatoria de una consulta para comprobar la voluntad de los catalanes con una pregunta clara y mayoría cualificada sobre una eventual independencia respecto a España. Del resultado de la consulta no se derivaría, en su caso, la secesión automática o unilateral, ya que el estudio de los términos de una hipotética independencia u otra fórmula que apareciera requiere también la negociación de buena fe por las partes. En función del resultado final del proceso negociador, se daría la necesaria reforma de la Constitución que debiera someterse a referéndum en todo el Estado.

Es verdad que en estos conflictos no existe una salida rápida ni perfecta para todas las partes, ni en el caso de Cataluña ni en ningún otro similar. Es cierto que se necesita tiempo para consensuar esta vía política no exenta de dificultades pero que aliviaría tensiones y supondría contar con unas reglas claras para tratar de manera democrática un desencuentro que no va a desaparecer. Sea cual fuere el resultado del 27-S y la posible aplicación del "imperio de la ley".

Odón Elorza  /  Diputado Socialista por Gipuzkoa

Para publicoscopia.com / 30 de agosto de 2015