Los compromisos del PSOE contra la corrupción, contemplados en su Programa Electoral. Análisis.

Es una asignatura pendiente de nuestra democracia. Por eso el PSOE dedica en su Programa Electoral nada menos que 17 páginas a explicar, de manera bastante detallada, más de 70 medidas que propone para prevenir y combatir la corrupción en las instituciones, las administraciones públicas y en la financiación de los partidos.

La respuesta está a la altura de las exigencias ciudadanas, reconociendo que vamos con retraso y que en estos cuatro años negros del Gobierno Rajoy los avances registrados han sido muy insuficientes.

Resulta imprescindible que se publiquen los compromisos de los partidos que concurren a las elecciones y que se facilite el acceso en sus páginas web para conocerlos y poder exigir y controlar su cumplimiento. Por mi parte, en línea con lo que he venido defendiendo en esta legislatura ( ver https://t.co/t4B6KvzuVc ) y si obtengo el escaño de diputado, quiero ser garante del cumplimiento de los compromisos socialistas en la lucha contra la corrupción, en favor de la transparencia y de un funcionamiento abierto del gobierno y del parlamento en el marco de una democracia participativa.

El Programa del PSOE parte de un diagnóstico riguroso sobre las causas y los efectos de la corrupción en España, que ha afectado a la confianza de los ciudadanos en los políticos y a la credibilidad de las instituciones. Es preciso acabar con la “subcultura de la corrupción" que ataca y debilita la democracia y actuar con inmediatez para dignificar el ejercicio de la política.

Para ello se necesitan nuevos comportamientos y formas de hacer política que permitan hablar de regeneración de las instituciones, lo que conlleva: devolver la carga ética al ejercicio de la política; desarrollar la democracia creando cauces de participación a la ciudadanía y a sus organizaciones; actuar con transparencia y favorecer el acceso ciudadano a toda la información; rendir cuentas de la gestión con regularidad y asumir responsabilidades políticas; cambiar el funcionamiento de la Administración, los partidos y el mundo empresarial para que todos actúen con honestidad y respeto a la ley.

Siendo cierto que el papel lo aguanto todo, debemos dotarnos de los instrumentos básicos adecuados para alcanzar los objetivos. En esencia se trataría de: 1-Acordar las reformas legales urgentes y pactadas para prevenir y sancionar la corrupción ante la falta de voluntad política real del Gobierno de Rajoy. 2.Poner más medios humanos y materiales a disposición de jueces y fiscales. 3.Fortalecer los controles por parte del Tribunal de Cuentas y de los organismos reguladores, garantizando su independencia. Y 4-Establecer Códigos de Buenas Prácticas de obligado cumplimiento para los cargos públicos y funcionarios.

Intentaré a continuación hacer un corto resumen de las propuestas del PSOE que parten de la aprobación de un Plan Integral de Lucha y Prevención contra la corrupción que permita actuaciones transversales. Y comienzan con la prohibición del nombramiento de cargos, obligar a su cese y suspender a políticos en sus funciones cuando se les abre un juicio oral. Sin embargo, sería bueno adoptar medidas previas a las judiciales, a adoptar sobre los cargos públicos si el Comité de Ética del PSOE lo juzga necesario a la vista de la gravedad de los hechos conocidos o denunciados y tras una contrastada investigación interna.

Plantea revisar el Código Penal para incorporar la tipificación de actuales casos de corrupción y agravar las penas existentes . Tipificar el delito de enriquecimiento injusto de políticos y funcionarios durante el período de mandato e incluir, entre las modalidades de delito de encubrimiento, la figura del testaferro y la creación de figuras societarias que sirvan para encubrir actividades económicas de fraude corrupción.

Destaca el compromiso para revisar al alza las penas y ampliar el plazo de prescripción de delitos relacionados con el fraude fiscal y la corrupción, así como prohibir las amnistías fiscales y revisar la regulación actual del llamado secreto fiscal para dar publicidad a los autores de delitos fiscales.

Propone dotar de más medios a los fiscales anticorrupción y jueces para profundizar y agilizar la investigación y los sumarios y reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para adaptarla a un proceso penal moderno, ágil y con las garantías de un Estado de Derecho. Establecer incentivos y proteger a quienes afloren prácticas corruptas. Insiste en la creación de una Oficina Anticorrupción en todo el ámbito del sector público del Estado, en reforzar el papel de control y fiscalización del Tribunal de Cuentas y en determinar la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los casos de corrupción. También considera urgente revisar las normas de contratación pública y adoptar medidas de prevención en el sector privado y de reprensión de los delitos contra la Administración Pública.

Recoge un requisito democrática clave como es un cambio de los criterios para el nombramiento de miembros de organismos como el Tribunal de Cuentas, Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, Comisión Nacional del Mercado de Valores, etc… en base a criterios de competencia e idoneidad.

Aborda el PSOE asuntos pendientes como las exigencias de transparencia y de concreción de detalles en las Declaraciones de Bienes y Actividades de los miembros del Gobierno y del Parlamento, la limitación estricta de los aforados, la prohibición de la concesión de indultos vinculados a casos de corrupción así como la de recibir regalos. Quiere regular de forma exhaustiva los conflictos de intereses para evitar el fenómeno de las “puertas giratorias”, con incompatibilidad de 5 años posteriores al desempeño del cargo púbico para quienes pretendan incorporarse a empresas del sector económico sobre el que hayan tenido responsabilidad.

En relación con la financiación de los partidos incide en endurecer las penas de prisión por financiación ilegal o por manipulación de cuentas, dotar de transparencia total a todos los ingresos públicos y privados así como a los gastos, especialmente en las campañas electorales. Esto exige delimitar la responsabilidad patrimonial de los partidos en los casos en que se hayan financiado ilegalmente a través de actos de corrupción.

Odón Elorza / Candidato del PSE-PSOE al Congreso por Gipuzkoa

Para publicoscopia.com / San Sebastián, 29 de noviembre de 2015