Rajoy es incompatible con la regeneración.

La lucha contra la corrupción no es posible con Rajoy al frente del Gobierno. En estos cuatro años ha quedado demostrada su falta de voluntad y la del PP para combatir los casos de corrupción en España al ser el máximo responsable político de la corrupción que inunda al Partido Popular y a su entorno. Su permanencia supone un obstáculo a la regeneración.

La dimisión de Rajoy debía haberse producido hace tiempo; en concreto, el mismo día que se tuvo conocimiento del mensaje que envió a su amigo Bárcenas, tesorero del PP. Es, por tanto, una indignidad para España y para su imagen en el mundo que Mariano Rajoy continúe al frente de un Gobierno que se pretenda democrático. Y la obligación de todos los demócratas, en las votaciones de investidura del 2 y 5 de marzo, es echarle de La Moncloa para abordar una transformación de la vida política e institucional con medidas legislativas y con pedagogía.

Reconozco que los partidos han reaccionado tarde ante la corrupción. Y desde hace años, cuando aparecieron los primeros casos, los socialistas teníamos que haber creado y aprobado mecanismos legales de control y garantías, códigos éticos y un fortalecimiento del Estado de Derecho para prevenir y castigar a los corruptos y corruptores.

En el nuevo ciclo político que se ha abierto tras las elecciones del 20D, la lucha contra la corrupción es el reto principal de la regeneración democrática. La corrupción ha supuesto un grave atentado a los valores éticos y de convivencia de la sociedad, y ha provocado la desafección y la desconfianza de la ciudadanía hacia el sistema democrático, el descrédito de las instituciones y graves daños a la economía del país.

Es importante dejar constancia de que acabar con la corrupción exige conjugar una ambiciosa estrategia de acción en cinco frentes: la transparencia real, el respeto a la separación de los tres poderes, un parlamento fuerte y representativo, un paquete de reformas legales consensuadas y el desarrollo de una democracia participativa.

Para acabar de modo contundente con la impunidad, acelerar los juicios, castigar a los corruptos y lograr la devolución de lo robado, el PSOE ha propuesto, en el programa presentado por Pedro Sánchez a los partidos, un paquete de 50 medidas legislativas radicales.

Entre ellas destacan: la obligación de suspender a concejales, parlamentarios y altos cargos a los que se les abra juicio oral por delito relacionado con la corrupción; eliminar el aforamiento de diputados y senadores; reforzar las obligaciones de los parlamentarios, miembros del gobierno y altos cargos públicos relativas a las declaraciones de sus actividades y bienes patrimoniales; tipificar el delito de enriquecimiento injusto o ilícito, que castigue el incremento patrimonial de autoridades y funcionarios públicos cuando no puedan justificar la causa de ese incremento; facilitar la creación de Comisiones de Investigación en el Parlamento; modificar la Ley de Transparencia; y reformar el sistema de designación parlamentaria de los miembros de los órganos constitucionales y organismos reguladores y supervisores para evitar su "colonización" en base a cuotas de los partidos.

También se incluyen otras medidas: rebajar la cuantía mínima que da lugar al delito de financiación ilegal de partidos políticos castigado con penas de presión; la reforma de la Ley de contratos del sector público; prohibir la concesión de indultos para cualquier delito vinculado a casos de corrupción y violencia de género; establecer un plan especial que dote de medios humanos y materiales a los órganos judiciales y al Ministerio Fiscal para optimizar la lucha contra la corrupción; aprobar una Oficina de Lucha contra el fraude fiscal; ampliar los poderes del Tribunal de Cuentas; y eliminar el secreto fiscal para los defraudadores.

Lo anterior no basta. El nuevo Gobierno ha de presentar en el Congreso para su debate, un plan estratégico de regeneración de nuestro sistema democrático, con acciones planificadas y dirigidas a las administraciones públicas, al sistema educativo, medios de comunicación y redes sociales, partidos políticos, agentes sociales, organizaciones y ciudadanía en general. Un plan que ayude al buen gobierno de las instituciones en defensa del interés general y eduque a la ciudadanía, funcionarios, empresarios y políticos en la cultura de los valores de la ética, la transparencia, la solidaridad, la participación y la corresponsabilidad cívica.

Odón Elorza / Diputado Socialista por Gipuzkoa

Para publicoscopia.com / 24 de febrero de 2016