La reforma de la Constitución como garante de ciudadanía.

Necesitamos una Constitución feminista que impida las desigualdades crecientes, el desamparo de los jóvenes, la pérdida de músculo democrático por el Estado y el abandono que sienten millones de familias. Por eso tenemos que afrontar con urgencia los trabajos para la renovación del pacto de 1978. Se trata de garantizar a la ciudadanía un futuro con dignidad en un marco de cohesión territorial y estabilidad política. Aunque poco se podrá hacer con Rajoy en La Moncloa.

Una izquierda con vocación de gobierno, en medio de una crisis que ha debilitado el Estado del bienestar y restado legitimidad al Estado de Derecho, tiene que defender con convicción la reforma de la Constitución frente al inmovilismo y los bloqueos de la derecha. No cabe otorgar credibilidad a un Presidente incapaz de asumir su responsabilidad política por los casos de corrupción y que incumple cada día los acuerdos del Parlamento en políticas sociales. Por tanto, nadie debería negar la conveniencia de reforzar con más democracia las reglas de juego constitucional en favor de la regeneración democrática como respuesta a tanta corrupción, abuso de poder y reparto de cuotas en organismos de relevancia.

El modelo de país impuesto por el PP, con un relato tramposo sobre el crecimiento económico, ha fracasado en lo social, político y territorial, abriendo innumerables conflictos y convirtiendo partes de la Constitución en papel mojado. Sin embargo, la condición de ciudadanía exige tener no solo reconocidos sino garantizados una serie de derechos básicos, además de establecer deberes y acreditar a una persona como parte de un país.

Es evidente que a lo largo de estos cuarenta años la sociedad española ha cambiado mucho y el mundo globalizado y tecnológico nos plantea nuevos desafíos. Esa realidad deja al descubierto que la Constitución ofrece lagunas, artículos que han quedado desfasados y una lógica ausencia de miradas a los retos del siglo XXI.

Por otra parte, la Constitución dejó abierto el modelo de organización territorial por lo que hay que completar y regular constitucionalmente lo que en plena transición quedó sin precisar, actualizando y perfeccionando en una dirección federal nuestro Estado autonómico de descentralización del poder. Los socialistas queremos reforzar la presencia de principios federalistas como la lealtad, la colaboración, la cooperación y mecanismos de encuentro y cohesión del conjunto de Pueblos que forman parte de un Estado plural.

La reforma no podrá ser el resultado de la imposición de postulados por unos, ni soportará la exclusión de ninguno de los agentes políticos y sociales ni será el fruto de una negociación oculta y de salón. En ese escenario, que se prevé complejo por el actual contexto político y la falta de cultura de pacto, la capacidad de diálogo y de cesión será decisiva para alcanzar acuerdos equilibrados entre las fuerzas parlamentarias.

El debate protagonizado por el Parlamento ha de complementarse con la apertura a la sociedad de cauces participativos y de información aprovechando las NTIC. La ciudadania no va a asistir como espectadora a un nuevo pacto constitucional porque su concepción de la democracia ha evolucionado hacia la participación y se imponen la transparencia y la aprobación de la nueva Constitución en un referéndum.

La izquierda necesita una estrategia propia para conducir un proceso que requiere, de entrada, reflexionar sobre el perímetro de la reforma, la metodología a seguir y las propuestas concretas a plantear a debate. El PSOE lleva años defendiendo una reforma constitucional en sus programas pero se ha encontrado con la pared del inmovilismo político y con el miedo de sectores económicos a perder sus privilegios, sus amnistías fiscales y sus posiciones de poder.

La alternativa de gobierno que representa el PSOE con Pedro Sanchez a la cabeza, significa un nuevo modelo de país que va unido a una renovada Constitución que refleje los anhelos de la gran mayoría ciudadana. Pero, previo al intento del deseable consenso, será imprescindible definir las posiciones socialistas en un gran debate interno, sin renuncias de antemano y sin maximalismos. Porque es mucho lo que está en juego y lo que debiera incorporar la Constitución. Y no queremos correr el riesgo de provocar mayor frustración ciudadana y la desconfianza de los jóvenes hacia las posiciones del PSOE.

Odón Elorza / Diputado Socialista por Gipuzkoa

1 de diciembre de 2017 / Publicado en Infolibre