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El Pueblo Saharaui gana batallas ante la Justicia Europea.

El Acuerdo de Pesca firmado en 2013 entre la Unión Europea y Marruecos, que afecta a aguas jurisdiccionales del Sahara Occidental ocupado por Marruecos, así como convenios anteriores, llevan años sometidos a controversias si tenemos en cuenta los informes jurídicos de estamentos de la UE que los cuestionan o rechazan.

Es el caso de la asesoría de la propia Eurocámara en 2011, el dictamen reciente del Abogado General del Tribunal de Justicia, el Tribunal General y la Corte de Luxemburgo con su Sentencia de ayer. -Lo cierto es que el conflicto jurídico sobre el Acuerdo de Pesca viene provocando a España una situación embarazosa. De un lado hay que tener en cuenta su condición -no ejercida- de potencia administradora de la antigua colonia del “Sahara español” (confirmada por dos autos de la Audiencia Nacional en julio de 2014), que conlleva la obligación no cumplida de respetar y hacer respetar el Derecho Internacional. Y en especial de promover el ejercicio de la autodeterminación en favor del pueblo saharaui. Por otra parte, está el lógico interés de Estado por favorecer la pesca de armadores y pescadores de Andalucía y Canarias en los caladeros de pesca de la costa saharaui.

El Tribunal de Justicia de Luxemburgo, estableció ayer en su Sentencia que un Acuerdo de Pesca entre la UE y Marruecos no puede aplicarse al ámbito de las aguas pertenecientes al Sahara Occidental. O lo que es lo mismo, que Marruecos, con la complicidad de la UE y en especial de España -que hacen la vista gorda- no puede explotar los recursos naturales que solo pertenecen al Pueblo Saharaui.

Esta condición restrictiva es coherente con los Tratados de la UE que se apoyan en el Derecho Internacional y en las Resoluciones de la ONU sobre el derecho a la libre autodeterminación del Pueblo Saharaui. La decisión supone una victoria moral y política para el Frente Polisario y las organizaciones solidarias que defienden la causa del Sáhara Occidental, territorio de la antigua colonia española hasta la invasión por Marruecos con “la marcha verde” en 1975.

Lo cierto es que Marruecos lleva años explotando el banco de pesca sahariano como precisaba el Abogado General del Tribunal de Justicia de la UE en su dictamen: “en la actualidad, un 91% de las capturas de pesca europeas se producen en esa extensa zona”, ahora prohibida. En este sentido, el Acuerdo citado ya recogía en su protocolo las coordenadas correspondientes a las aguas saharauis.

La Sentencia del TJUE no se atreve a denunciar esos abusos y, en consecuencia, a llegar hasta el final como proponía hace dos meses en su dictamen el Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Melchior Wathelet, que pedía la anulación del Acuerdo. Es de suponer que las maniobras de la diplomacia europea y los intereses del Consejo Europeo han surtido finalmente efecto.

La importancia geoestratégica que ha adquirido Marruecos, como herramienta de freno de la UE ante el fenómeno de la emigración subsahariana y el avance en Africa del terrorismo yihadista, estarían detrás de las presiones de diferentes Estados europeos.

La Sentencia deja claro que el territorio del Sáhara Occidental no forma parte de Marruecos y a la vez asegura la validez del Acuerdo de Pesca por el que los barcos europeos pueden faenar en aguas marroquíes. Aunque obliga a garantizar que esas actividades no se produzcan en las aguas adyacentes al Sahara, cuya titularidad reclama el Frente Polisario y que la ONU reconoce como derecho.

Cabe preguntarse ahora qué va a hacer el Gobierno de España para respetar la Sentencia que excluye del convenio dichas aguas y qué perjuicios ocasiona la Sentencia de la Corte de Luxemburgo a los intereses económicos de nuestro país en el sector pesquero que hasta ahora faenaba dentro de las aguas saharauis.

En todo caso, el Gobierno debería adoptar medidas políticas, diplomáticas y de carácter económico para velar por la aplicación del conjunto de decisiones judiciales de la UE, aportando al territorio del Sáhara Occidental garantías del cumplimiento del Derecho Internacional, seguridad jurídica, desarrollo económico y estabilidad política. Y en particular, tiene que proponer iniciativas ante la ONU y la UE para asistir a las partes en conflicto, Marruecos y el Frente Polisario, en la búsqueda de una solución definitiva que permita ejercer la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental como recuerda la Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE y de conformidad con los principios y resoluciones de Naciones Unidas sobre el Sahara.

La lucha del Pueblo Saharaui se ha olvidado y no interesa a la diplomacia internacional en un mundo globalizado con graves problemas de guerras, terrorismo e intereses económicos de Rusia, China, USA y las corporaciones financieras especulativas. Su gente está dispersa en los campamentos del desierto, en los territorios ocupados por Marruecos y repartidos por medio mundo. Y la solución al conflicto sigue bloqueada porque la UE alega que no puede hacer nada que desestabilice al Gobierno de Marruecos que juega el papel de la primera frontera europea.

Además, en España hay poderosos lobbys de amistad e intereses económicos que juegan en favor del rey marroquí, sin olvidar la tensa situación de las ciudades de Ceuta y Melilla. Sin embargo, los saharauis están librando batallas épicas y jurídicas con sentencias que reconocen sus derechos y niegan que Marruecos sea dueño de sus tierras y recursos. Y las están ganando, aunque no con la rotundidad esperada debido a las presiones que los Tribunales de Justicia europeos han sufrido de algunos Estados en las últimas semanas.

Odón Elorza / Diputado del PSE-PSOE por Gipuzkoa

Congreso de los Diputados, a 28 de febrero de 2018

Publicado en El Diario Vasco.

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