El anuncio del nuevo Gobierno Socialdemócrata de no hacer pública la lista de los acogidos a la amnistía fiscal decretada por Rajoy y Montoro en 2012, manteniendo así en secreto la identidad de los 30.000 supuestos defraudadores, no se ha entendido por una parte de la ciudadanía.

Segün parece, la Abogacía del Estado ha señalado que una segunda reforma del artículo 95 de la Ley General Tributaria para poder publicar la lista de los acogidos a la amnistía fiscal - en principio una materia reservada - no sería posible porque tendría que respetarse el principio de irretroactividad de las leyes.

Por otra parte, ha levantado controversia la respuesta que desde algunos ministerios se dio a la supuesta grabación a un personaje tan insolvente como Corinna en la que habla de supuestas actuaciones ilegales del rey emérito. Una maniobra de alto voltaje realizada por parte del comisario Villarejo, un personaje vinculado a las cloacas del Estado y que se encuentra en prisión preventiva.

Sin dudarlo, algunos partidos exigen abrir una Comisión de Investigación en el Congreso sobre el comportamiento fiscal del rey emérito, a partir de semejante material contaminado y sin que exista una denuncia en un juzgado. Otra cosa es que el normal funcionamiento de las instituciones del Estado (Agencia Tributaria, Fiscalía anticorrupción, jueces, ...) haya significado la puesta en marcha de un trabajo de comprobación o investigación, con la normalidad y discreción debidas, por si hubiera algún indicio de delito.

De entrada, no hay motivo para dudar de que el Gobierno del Presidente Pedro Sánchez haya analizado con rigor la existencia de un problema jurídico para poder  cumplir el compromiso reiterado que hizo el PSOE, en la oposición, de hacer pública la lista de los 30.000 defraudadores que afloraron dinero negro en un procedimiento tributario excepcional declarado inconstitucional en 2017 por Sentencia del Tribunal Constitucional.

Si bien, el propio Tribunal, como consecuencia de la nulidad de la disposición adicional primera Del Real Decretó-Ley 12/2012, precisó su alcance al declarar “no susceptibles de ser revisadas las declaraciones sobre rentas afloradas, puesto que las situaciones jurídico-tributarias producidas a su amparo son firmes por exigencia del principio constitucional de seguridad jurídica del art. 9.3 de la CE”.

La pregunta sería si su publicación, en base al principio de transparencia, contraviene, en todo caso, dicha seguridad jurídica. Tras los años de crisis, con la consecuencia de recortes y sacrificios para millones de familias, la lucha contra la corrupción y, como una variante de ella, la lucha contra el fraude, la evasión y la elusión fiscal se han convertido en una bandera de regeneración democrática irrenunciable. De ahí que el Gobierno trabaje para no dar la falsa impresión de que ahora no comparte esa demanda ciudadana tan vinculada a la regeneración democrática.

Recuerdo ahora cuestiones ya sabidas: como que el Rey es inviolable según la CE. Por su parte, el rey emérito pasó a ser aforado y dicen que no tiene que dar “cuentas” por hechos anteriores a 2014 (?). La CE consagra el principio de irretroactividad de la ley, una la ley que sigue siendo igual para todos. Ahora bien, dicho sin ninguna otra intencionalidad, es obvio que para fortalecer la democracia y dar un ejemplo de transparencia fiscal, ambos - el Rey y su padre- deberían hacer pública, con regularidad y normalidad en una monarquía parlamentaria, sus declaraciones de renta y patrimonio. Porque si hablamos de reglas de transparencia y de ética política, estas han de ser aplicables siempre y con carácter de ejemplaridad a gobernantes, políticos y a la propia Casa Real.

Al hilo de esta doble controversia he vuelto a leer la Sentencia del TC dictada contra la amnistía fiscal. Y me llamó la atención la forzada argumentación que hizo el Abogado del Estado para justificar la amnistía contemplada en la disposición del Real Decreto Ley 12/2012 sobre la “regularización tributaria”. Unos argumentos que formuló en respuesta al recurso de inconstitucionalidad que interpusimos precisamente los diputados socialistas en 2012. Ciertamente, el Abogado del Estado no estuvo muy fino. Y para hacerse una idea transcribo los párrafos más llamativos recogidos en la propia Sentencia de inconstitucionalidad de junio de 2017 :

“.... el legislador puede decidir, en un momento determinado y con una vigencia temporal, introducir junto con el procedimiento ordinario de regularización otro excepcional sin que padezca el principio de igualdad. La única comparación relevante sería, entonces, la del contribuyente cumplidor con la del que ha ocultado sus rentas y se acoge a la declaración especial, respecto de la que existe una razón del trato desigual: el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria del art. 135 CE, dentro de los márgenes establecidos por la Unión Europea.”

Añadía el Abogado del Estado, en defensa de aquella amnistía ilegal, señalando que “si el coste de la regularización fuese alto, pocos defraudadores se acogerían al mismo, razón por la cual, sólo con un coste bajo se consigue el objetivo perseguido, lo que supone que debe admitirse un cierto sacrificio de los principios tributarios del art. 31.1 CE, singularmente el de igualdad, en atención a otros principios constitucionalmente relevantes, como es el de estabilidad presupuestaria del art. 135”. 

¡Se debió quedar tan ancho haciendo descansar su rechazo al recurso, en nombre del Gobierno del PP, en la protección del polémico artículo 135 de la CE y en la justificación de “sacrificar” los principios tributarios de capacidad económica, igualdad y progresividad para favorecer a unos defraudadores! Por supuesto me refiero a las 30.000 personas y entidades profundamente insolidarias frente al conjunto de la ciudadanía al no cumplir con sus obligaciones fiscales en tiempos de crisis. Ni que decir tiene que el Tribunal desbarató toda su argumentación.

Pero cabe preguntarse de qué ha servido ganar el recurso, lograr que se declare nula la disposición del Real Decreto que abrió aquella vía, si lo que queda es, junto a la impunidad, el secretismo en favor de los “aprovechateguis”. ¿Es coherente el desarrollo de los acontecimientos al día de hoy con la aplicación práctica de los principios que dice defender la Sentencia?

Por ello, resulta muy conveniente estudiar con detalle si existe alguna vía legal para su publicación en base a la propia Sentencia que declara inconstitucional y nula la disposición adicional primera del Real Decreto y que según el Tribunal Constitucional no respetaba los principios tributarios del artículo 31.1 CE.

Leo opiniones de juristas -pues de todo hay- que argumentan que publicar la lista no iría contra la seguridad jurídica del art 9.3 de la Constitución, considerando que esa simple decisión no conllevaría revisión de los actos tributarios realizados según el Real Decreto, ni supondría la apertura de un expediente de recargo ni sanción alguna para los interesados.

Conocer la lista de los amnistiados favorecidos de manera ilegal por el anterior Gobierno haría realidad el principio de transparencia fiscal; incluso en el caso de que sólo se publicaran sus nombres, sin aportar sus datos económicos ni las cuotas tributarias pagadas a tipo reducido por cada beneficiario.

Así se acabarían las especulaciones sobre la composición de la lista y ganaría la credibilidad del Gobierno Socialdemócrata. En conclusión y a la vista de las anteriores consideraciones, no va a resulta fácil renunciar a un objetivo tan básico en un proceso de regeneración de la democracia en España, algo que siempre rechazó la derecha política y los poderes conservadores. 

Odón Elorza / Diputado Socialista por Gipuzkoa.

San Sebastián, 22 de julio (revisado el 5 de agosto de 2018)  /  Publicado en infolibre 

Analizando los acontecimientos y el papel que juegan las izquierdas en el escenario político de una Europa escéptica, cercada por el nacionalismo y el populismo, me ratifico en la esperanza que representa, como un referente internacional, el nuevo modelo de política Socialdemócrata que quiere ensayar Pedro Sánchez desde la Presidencia del Gobierno de España. 

Son solo unos primeros pasos, incipientes, pero me consta que detrás hay un modelo de cohesión social y territorial fruto de largas reflexiones y debates congresuales en el nuevo PSOE sobre la construcción de una alternativa de gobierno. Una alternativa diferenciada de la vía neoliberal, que busca reconectar con las demandas de la mayoría ciudadana y responder a los fenómenos y problemas complejos de este siglo.

Hasta ahora, una buena parte de la opinión pública y de los analistas han sido críticos y han caído en la resignación ante la perdida de influencia y los retrocesos de unos desconcertados Partidos Socialistas, con la excepción de Portugal. Decepciones con la Socialdemocracia europea ha habido muchas en los pasados veinte años y era tiempo obligado de hacer una reflexión autocrítica para tratar de reconquistar la credibilidad y pasar a la accion. 

En este proceso de transición del PSOE, llegó la Moción de Censura contra Rajoy en respuesta a la corrupción, una iniciativa no buscada por los socialistas pero ineludible tras la clarificadora sentencia de la trama Gürtel. Y con la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno empieza a tomar cuerpo y adquiere difusión internacional el proyecto de una socialdemocracia que se renueva en ideas e innova sus planteamientos para dar respuestas a los retos de una sociedad global en el siglo XXI en claves de igualdad, redistribución, sostenibilidad, feminismo, cooperación, democracia y ética.

En la actualidad, hay mucha gente y muchos movimientos sociales, no solo en Europa sino también en America Latina, que nos observan con gran interés y hasta con ilusión. Es una razón más para no desaprovechar la oportunidad que se nos ha presentado y demostrar que podemos ofrecer una alternativa de modernización del modelo económico que sea sostenible frente a los conservadores y a las fuerzas populistas. Demostraremos que otras respuestas son posibles en materia de economía digital, reparto del crecimiento, robotización y empleo digno, lucha contra los paraísos fiscales, fiscalidad justa y transparente, migraciones y refugiados, cambio climático y transición energética, regeneración de las instituciones y calidad de la democracia.

El gran examen se producirá con la presentación por el Gobierno de un presupuestario para 2019 que incorpore medidas que resulten identificables desde la izquierda y permita la recuperación gradual de la dignidad de vida de las personas en situación de precariedad y los derechos sociales en un Estado de Bienestar venido a menos por culpa de las políticas neoliberales del PP. 

Para quienes nos observan en la distancia, el cumplimiento de los compromisos de Pedro Sánchez, en diálogo con la sociedad, pueden devolver la confianza en un proyecto Socialdemócrata al conjunto de la izquierda europea y a los sectores de la ciudadanía con valores progresistas que arrastran una sensación de orfandad. Porque es verdad que vivimos una etapa en la que escasean los líderes creíbles que defiendan los intereses de la mayoría social en las diferentes cumbres mundiales.

Los mercados financieros desregulados y especulativos, los amigos de los paraísos fiscales,las mafias que quieren controlar las tecnologías de la comunicación, los enemigos de la libertad y la solidaridad ya tienen quienes les representen. Por contra, es la inmensa mayoría de la humanidad quien carece de voces suficientes y sostenidas para hacerse oír. Así de compleja y de utópica va a resultar nuestra causa Socialdemócrata. 

Odón Elorza  /  Diputado Socialista por Gipuzkoa

Madrid, 16 de julio de 2018

Hay días en los que el BOE te obliga a sentirte un poco más Republicano. Lo digo tras conocer que ha aparecido publicada, con la firma del Rey, la continuidad del título de Ducado de Franco con la consideración de Grande de España. Asistimos a una bofetada a la democracia. Y esto, por ser grave, no debería resultar gratuito para quienes lo han hecho posible desde la opacidad de sus responsabilidades.

Es difícil de creer que suceda en momentos en los que, por fin, el nuevo Gobierno Socialdemócrata de Pedro Sanchez, surgido con el apoyo de la mayoría absoluta del Congreso, expresa su voluntad de afrontar la regeneración democrática que necesita el país; esto es, la regeneración de las instituciones y los órganos que conforman el Estado.

¿Qué sentido tiene que el anterior Ministro de Justicia, Sr. Catalá, autorizara in extremis, en víspera de su cese, el expediente para dar continuidad al citado Ducado de Franco mediante la sucesión del mismo en la persona de su nieta? ¿Qué razones, qué méritos de los beneficiarios explicarían hoy semejante proceder?

Sinceramente, este comportamiento sólo es explicable desde el reconocimiento del ADN franquista que pervive en una parte de la dirección del PP. Eso explicaría también su negativa a cumplir, con total desprecio y durante siete años, la Ley de Memoria y su rechazo a exhumar los restos del dictador enterrados en el altar del delirante mausoleo del Valle de los Caídos. ¡Ya está bien!

El título fue concedido por el anterior Rey de España el 27 de noviembre de 1975 a los pocos días de la muerte de Franco . El régimen franquista, al calor de la situación de aquellos días y en momentos de exaltación de los supuestos logros de Franco tras 40 años de una dictadura represiva, quiso compensar así, todavía un poco más, a la familia Franco.

Pero transcurridos más de 40 años no se entiende que el hijo del anterior Rey acepte hoy dar continuidad a semejante decisión que ataca la dignidad de la democracia y provocará el enfado de un sector importante de la ciudadanía. Esa ha sido una decisión que no favorece la imagen de la monarquia, que no corresponde al papel de un Rey joven en pleno siglo XXI. De ahí la decepción de muchos y el cabreo de unos cuantos.

¿Por cierto, quien rendirá cuentas de esta decisión? ¿O acaso alguien piensa que no hay derecho a pedirla? ¿Donde queda la función del Parlamento si esta orden escapa de su control? Como cualquier decisión ha de cumplir con el principio de la transparencia y no puede diluirse la responsabilidad de quienes han hecho posible semejante indignidad.

Hay vías precisas -como diputado socialista me sentí en la obligación de plantear propuestas concretas- para hacer posible la revocación de la concesión de aquellos títulos concedidos que avergüenzan a la democracia española. Bastaría con una reforma legislativa del Real Decretó de 29 de mayo de 1912. En cualquier caso, nadie debería escudarse en la falta de un artículo sobre revocación en ese viejo Real Decreto para justificar la continuidad del Ducado en favor del general dictador y su familia.

Lo dicho al inicio: hoy me han obligado desde el BOE a sentirme Republicano. Y ese tipo de sentimientos no solo permanecen sino que se acrecientan.

Odón Elorza  /  Diputado Socialista por Gipuzkoa

4 de julio de 2018 / Publicado en público.es

Quién podía imaginar, hace solo unas semanas, que viviríamos la salida de Rajoy a Santa Pola y un cisma en el PP; que Pedro Sánchez aparecería junto a Merkel y Macron como líder europeo de una emergente Socialdemocracia para discutir soluciones al fenómeno de las migraciones y sobre el futuro del euro; que las mujeres serían mayoría en un Gobierno de España y en un país sacudido por la violencia machista; o que el proyecto construido sobre la demoscopia, la mercadotecnia y el nacionalismo español de Rivera empezara a desinflarse.

El escenario político está cambiando a gran velocidad, lo mismo que este mundo global e interdependiente y dominado por las tendencias neoliberales. Por eso son necesarias nuevas formas de entender los gobiernos desde la democracia, con soluciones políticas basadas en el diálogo y la negociación para dar respuesta a los numerosos conflictos que deja la herencia del PP -junto a algunos errores del PSOE en el pasado- y a los nuevos fenómenos de la globalización en una Europa desfigurada por su crisis de valores.

Sin negar su complejidad, es la oportunidad histórica para iniciar, cuarenta años después de aprobada la Constitución, una segunda transición de avances democráticos en España que ha comenzado como un ejercicio de catarsis ética, épica y democrática. Una catarsis de la sociedad que se inició con el triunfo de la Moción contra la corrupción y que siguió con la dimisión de Rajoy como líder del PP y su salida de la política. Pero el proceso de purificación del sistema democrático no puede quedarse en lo emocional y debe tener una firme continuidad normativa para que culmine, lo antes posible y desde un consenso general, con la reforma de la Constitución.

Corresponde al Presidente Pedro Sánchez y al Gobierno del PSOE abordar las tareas pendientes de regeneración de una democracia enferma. Lo cual se traduce en fortalecer sus defensas, aprobar medidas para prevenir y combatir la corrupción y recuperar la confianza de la ciudadanía en el papel de las instituciones, en particular en el Congreso.

La Moción de Censura que presentamos los socialistas tras la sentencia de la trama Gürtel, respondía a la gravedad y extensión de una corrupción que señalaba a Mariano Rajoy como máximo responsable político y que dejaba en evidencia los comportamientos inmorales con los que el PP ejerció la labor de gobierno. También era una respuesta al deterioro de la democracia que arrastramos desde hace tiempo.

El hartazgo de la calle reclama al nuevo Gobierno la máxima transparencia, un alto nivel de moralidad política y más diálogo entre las fuerzas políticas y con la sociedad en la búsqueda de soluciones. Son demandas ciudadanas que no suponen coste económico y que exigen inteligencia y generosidad para lograr acuerdos en el Parlamento y un liderazgo cívico compartido por parte del Presidente de Gobierno.

Las ideas claves de este deseado cambio en el funcionamiento de la democracia se resumen en una Gobernanza cívica que significa:

- la práctica del diálogo social y la búsqueda del consenso con los grupos del Parlamento,

- la interlocución con la sociedad y sus agentes para hacer realidad una justa redistribución de la riqueza en base a una reforma fiscal,

- el respeto al pluralismo, también desde los medios públicos de comunicación, con una RTVE de todos y para todos,

- la transparencia en las decisiones de gobierno y una conducta honesta,

- la búsqueda de la colaboración, la eficacia y la integridad en el funcionamiento de las administraciones,

- la elección de los responsables de los órganos constitucionales y otras instancias en base a los principios de mérito, capacidad, consenso amplio e independencia,

- la rendición de cuentas sobre las decisiones del Gobierno y la aplicación del programa de gobierno,

- el sometimiento al control del Parlamento,

- y una concepción de la democracia que desarrolle sus dimensiones representativa, participativa, deliberativa y digital.

Acometer la regeneración democrática del sistema requiere medidas legislativas y actuaciones como la reforma del Reglamento del Congreso. Además, una clara voluntad política de autorregulación por parte del Gobierno, dotándose de un código ético de conducta y abriéndose a procesos de participación y deliberación en la toma de decisiones con organizaciones, agentes y colectivos ciudadanos. Todo ello en línea con las recomendaciones incumplidas de GRECO, con los criterios que señala el Consejo de Europa y los planes que caracterizan a un Gobierno Abierto.

Odón Elorza / Diputado socialista por Gipuzkoa

Secretario de Transparencia y Democracia Participativa en la CEF del PSOE

San Sebastián, 2 de julio de 2018 / Publicado en El Diario Vasco.