En España se mantiene una opacidad fiscal férrea por voluntad del PP. O lo que es lo mismo, una censura informativa sobre el grado de cumplimiento de las obligaciones tributarias y otros aspectos de interés por parte de las grandes empresas. No tenemos derecho a saber casi nada; todo son resistencias de Hacienda a abrir espacios democráticos a una transparencia fiscal responsable.

A nivel mundial se están dando algunos avances en materia de transparencia tributaria de la mano del G-20 y la OCDE. Se producen tras la crisis económico-financiera, la crisis fiscal y la inyección de dinero público a los bancos. Y son consecuencia de la presión y la movilización de la opinión pública tras sufrir la crisis y sumar ahora los recortes salariales y los de programas sociales. El objetivo es poner coto a las actividades delictivas y los comportamientos inmorales en materia fiscal. ¿Pero hay voluntad real de avanzar en la transparencia en esta Europa desfigurada?

En todo caso, son necesarias más decisiones políticas en la UE para la eliminación efectiva del secreto bancario; mayor transmisión e intercambio automático de datos para combatir la evasión fiscal, eliminar el refugio de capitales en paraísos fiscales o el lavado de ingresos de actividades delictivas; así como la aplicación del plan de acción contra BEPS de la OCDE para evitar una planificación fiscal agresiva de las grandes empresas multinacionales

En cambio, si bajamos al nivel nacional nos encontramos con la opacidad casi absoluta que patrocina el Gobierno del PP que se niega a reformar el artículo 95 de una Ley General Tributaria que consagra la consideración de materia reservada para todos los datos e informes en manos de la administración tributaria. La última reforma ha sido muy limitada.

- LA CENSURA SE INSTALA EN EL CONGRES.

Como ejemplo, la Mesa del Congreso me rechazó hace un mes una serie de preguntas que formulé al Gobierno sobre la cuantía de las obligaciones fiscales devengadas por Amazon en relación con el Impuesto de Sociedades y el IVA en los pasados seis años. Preguntaba sobre el régimen tributario que se aplica al gigante del comercio online, las exenciones fiscales que hubiera recibido o la existencia de deudas y conflictos con la Seguridad Social. Una actitud de censura  incompatible con la exigencia de una regeneración democrática en España que conllevaría la aplicación de las reglas de transparencia fiscal.

- LA UE DEBE ADAPTAR LAS NORMAS FISCALES A LA NUEVA REALIDAD DE LA ECONOMÍA DIGITAL Y A LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE Y LOS PARAÍSOS FISCALES. 

Por otra parte, la Comisión de la Unión Europea ha presentado recientemente una propuesta para crear un impuesto dirigido a las grandes empresas tecnológicas que necesitará el apoyo unánime de los Estados miembros para ser aprobada. Antes tiene que transitar por diferentes instancias y, finalmente, debatirse en el Parlamento Europeo.

La intención es aplicar un gravamen temporal para plataformas como Google, Facebook, Amazon, Twitter y Apple, entre otras, y responde a la demanda de algunos países de evitar el agujero negro en la tributación fiscal por las operaciones que realizan las empresas digitales que, en la actualidad, no lo hacen por utilizar la elusión gracias a su ingeniería financiera. Su factura fiscal es ridícula al elegir tributar en Estados con un tipo muy bajo para el Impuesto de Sociedades (Luxemburgo e Irlanda entre otros) u obtener beneficios fiscales de los Estados que rompen la competencia.

Según se ha publicado, la UE baraja un impuesto entorno al 3% de la facturación de las multinacionales digitales que tengan unos ingresos globales superiores a los 750 millones en el mundo y los 50 millones en los Estados de la UE. De ese modo, los países del bloque comunitario podrían recaudar unos 5.000 millones de euros al año y se mantendría temporalmente hasta que se aprobara una reforma más amplia y definitiva del Impuesto de Sociedades mediante la armonización fiscal de los Estados de la Unión Europea.

Dicho impuesto incluiría cambios en su base imponible, de manera que dejen de eludir el pago las empresas que operan en internet y no tienen sus sedes físicamente en territorio de la UE. Este nuevo sistema, según la Comisión Europea, buscaría garantizar un "vínculo real" entre el territorio dónde se generan los beneficios digitales y dónde son gravados. En definitiva, la Comisión trata de evitar que los países de la UE aprueben medidas unilaterales que puedan crear una disparidad de respuestas nacionales precipitadas. Se persigue que esa tasa temporal grave los ingresos generados por actividades de venta online, espacios publicitarios y otras actividades comerciales que son difíciles de capturar por las normas fiscales actuales, ya que no están adaptadas para regular los nuevos fenómenos de la economía digital. 

- UN IMPUESTO DIGITAL EN ESPAÑA.

Alternativamente, y sí se atasca el proceso de aprobación por parte de las instancias de la UE en favor de un acuerdo fiscal armonizador, Montoro tendría que estudiar ya la creación de un Impuesto Digital en España; algo solicitado por el PSOE en el Congreso y desatendido por el Gobierno. Parece que lo va a hacer, forzado por las repercusiones en el capítulo de gastos de los presupuestos para 2018 de los acuerdos de última hora con el PNV en materia de pensiones. En cualquier caso, conocida la capacidad de mentir del Ministro Montoro, no hay garantías de que ese anuncio se materialice.

En “casa”, lo más grave es la opacidad que domina los despachos ministeriales de Hacienda, como quedó en evidencia con el secretismo intolerable del Gobierno sobre la lista de personas y sociedades acogidas a la vergonzosa Amnistía Fiscal de 2012 -luego declarada anticonstitucional - en medio de una crisis económica que afectaba a millones de familias y de una legión de casos de corrupción. Esa actitud de opacidad y desidia se extiende a la ausencia de un debate sobre los criterios en los que debiera fundamentarse un nuevo sistema fiscal adaptado a la realidad económica del siglo XXI. Un sistema que sea equitativo, eficiente, suficiente y transparente para regular la nueva economía global y digital y hacer efectiva la tributación de las empresas multinacionales; en especial las digitales y las del IBEX.

Buena parte de las empresas del IBEX 35 no habrían superado, según los análisis de la Fundación Compromiso y Transparencia y del Observatorio de RSC, un test reciente sobre transparencia en información de datos y prácticas tanto financieras como no financieras, así como sobre el cumplimiento explícito de sus compromisos y obligaciones tributarias. Sus memorias presentan una gran ausencia de información sobre su contribución real a la Hacienda Pública. Incluso incumplen obligaciones legales como las establecidas en la Ley de Sociedades de Capital al no ofrecer información sobre la planificación de su estrategia fiscal y los riesgos de la empresa. De modo que seguimos sin saber los impuestos que pagan y los beneficios fiscales que reciben del Gobierno de Rajoy.

- EL COMBATE POR LA TRANSPARENCIA FISCAL.

Ante semejante panorama, se impone continuar trabajando en favor de la transparencia fiscal, tanto en España como a nivel internacional. De hecho, Bruselas quiere obligar a las empresas más importantes del espacio europeo a hacer públicos, de forma detallada, los impuestos que pagan país por país para evitar situaciones de competencia fiscal. ¿Es acaso una utopía? No es aceptable el secretismo que impone el Gobierno Rajoy, negándose a reformar el artículo 95 de la Ley General Tributaria, algo imprescindible para modificar la actual cláusula de materia reservada aplicable a todo lo referido a los datos e informes que dispone la administración tributaria.

Los graves incumplimientos de obligaciones tributarias por parte de sociedades, familias y particulares con fortunas, los morosos con deudas relevantes a Hacienda, la opacidad sobre las bases imponibles y las cuotas fiscales abonadas realmente por las grandes empresas en España - incluidas las corporaciones gigantes de la economía digital-, la lucha efectiva contra la elusión y evasión fiscal así como la apuesta por la eliminación de los numerosos paraísos fiscales, la ocultación de las exenciones y ayudas fiscales concedidas por el Gobierno, son todas ellas cuestiones que deben abordarse desde una administración tributaria más eficiente y mediante reformas legislativas que incorporen nuevas regles de transparencia fiscal.

Algo se avanzará con ocasión de la próxima modificación en el Congreso del texto refundido sobre el Código de Comercio, la Ley de Sociedades de Capital y la Ley de Auditoría de Cuentas; será en materia de información no financiera y diversidad, relacionada con la responsabilidad social corporativa.

Considero que la transparencia es un principio sustancial de la regeneración democrática y que ayudará a contar con los ingresos que permitan la recuperación del Estado de Bienestar, siendo consciente de la resistencia de las grandes empresas, del poder de los intereses privados y de las fuertes presiones que se darán en un proceso que busca profundizar la democracia y mejorar la cohesión social.

La transparencia fiscal no puede ser vista como una “utopía”, como algo imposible en este siglo XXI en el que la Socialdemocracia debe afrontar ese reto trascendental para que la política domine la economía. No olvidemos que la lucha contra la desigualdad y por fortalecer el Estado del Bienestar depende de la aplicación de un sistema fiscal más justo y eficiente.

ODÓN ELORZA

Diputado Socialista por Gipuzkoa y Responsable de Transparencia y Participación en la CEF del PSOE.

Publicado en infolibre.es el 29 de abril de 2018. 

Pasan lentamente las semanas y con paciencia insisto en aclarar la realidad, a las personas de buena fe, frente a la noticia falsa que afecta a mi honor y que se ha inventado un periodista miserable. Lo hago mientras sigo a la espera de que avancen en los juzgados la tramitación de la demanda de conciliación y la querella que he presentado.

De entrada, tengo que señalar un dato objetivo: durante los pasados 30 años, nadie, ni supuestas víctimas del caso Kote Cabezudo ni familiares ni abogados ni periodistas, nadie, se ha dirigido a mi - ni a nivel personal ni en la condición de alcalde o diputado- para darme a conocer o denunciar el caso Cabezudo o pedir que me interesara. ¿Por qué? Lo cierto es que nos encontramo en 2018 y es ahora cuando pretende vincularme, sin aportar ni un solo dato ni testimonio concreto, a un caso cuyos supuestos delitos dicen que empezaron en los años 80.

Tampoco lo ha hecho nadie desde que se interpuso, en 2013, la denuncia sobre dicho caso en un Juzgado de San Sebastián. Y han pasado ya cinco años. Al día de hoy, ni figuro en ese sumario con ninguna acusación del juez o del fiscal, ni estoy imputado ni investigado. Entonces, ¿qué está pasando? 

No tengo ninguna duda de que, en lo que a mi se refiere, se trata de un montaje del periodista Melchor Miralles, el mismo que se inventó la teoría de la conspiración sobre ETA y contra el Gobierno Zapatero tras el atentado yihadista del 11M en 2004 en Madrid. Aquello fue para apoyar la  anipulacion que del atentado quiso hacer el PP. No hay otra explicación. 

Nunca tuve relación de amistad ni comercial con Cabezudo. Y los hechos injuriosos que se apuntan contra mí forman parte de una NOTICIA FALSA. Sí, noticia falsa que sube el periodista a las redes sociales mediante un vídeo blog buscando mi linchamientos moral y político por parte de un jurado virtual. Lo hace con la ayuda intoxicadora de la extrema derecha, como tengo constatado. 

En un Estado de Derecho las denuncias se presentan en un juzgado, algo elemental, no de modo truculento en las redes. Y han de ir acompañadas de pruebas y testigos. Sobran las especulaciones y las graves descalificaciones en las redes porque esa actitud no puede ampararse en la libertad de expresión. Lo que hacen es inmoral con el fin de intoxicar las redes.

Extraña mucho que estos personajes hablen permanentemente de la existencia de una supuesta trama organizada de personalidades políticas, empresarios, banqueros, jueces y periodistas, todos con gran poder (?), que protegerían a Cabezudo. También denuncian, sin ninguna concreción, supuestos pactos de silencio entre PP y PNV.

Me pregunto a quién quieren engañar. Lo cierto es que quienes lanzan acusaciones, ni muestran datos ni citan nunca los nombres. No aclaran NADA. ¿Por qué? Por ser todo parte de otra gran mentira, de un montaje para provocar un escándalo que poder “vender” por las televisiones y otros medios. ¿A qué esperan, si no, para contar con pruebas y testigos lo que dicen saber? 

Deseo que el sumario del caso Cabezudo en Donosti, así como mis demandas judiciales en Madrid, avancen con rapidez y se haga justicia.

Soy socialista, 20 años como alcalde de San Sebastián, desde 1991, en una ciudad sometida a condiciones muy difíciles de gestionar por la presencia del terrorismo de ETA. En esos años solo me dediqué a defender los intereses de la ciudadanía donostiarra y los derechos humanos, en un Gobierno municipal que no tiene nada que ver con el caso y que nunca se vio envuelto en un asunto de corrupción.

Odón Elorza

22 de abril en San Sebastián.

                                                 A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY en relación con “la Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre el Acuerdo de Pesca entre la UE y Marruecos y la resolución del conflicto del Sáhara Occidental” para su debate en el PLENO o en COMISIÓN.

En el Palacio del Congreso de los Diputados, a 27 de febrero de 2018.

EL DIPUTADO,  ODÓN ELORZA GONZÁLEZ

                                                                 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

El Acuerdo de Pesca firmado en 2013 entre la Unión Europea y Marruecos, que afecta a aguas jurisdiccionales del Sahara Occidental, lleva años sometido a controversias si tenemos en cuenta los informes jurídicos de diferentes estamentos de la UE que lo cuestionan o rechazan. Es el caso de instancias jurídicas de la UE, la propia Eurocámara, el Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la Sentencia de la Corte de Justicia de Luxemburgo.

La justicia europea, por medio del Tribunal de Justicia de Luxemburgo, establece hoy en su Sentencia que un Acuerdo de Pesca entre la UE y Marruecos no puede aplicarse al ámbito de las aguas pertenecientes al Sahara Occidental. O lo que es lo mismo, que Marruecos, con la complicidad de la UE y en especial España -que hacen la vista gorda- no puede explotar los recursos naturales que solo pertenecen al Pueblo Saharaui.

Esta condición restrictiva es coherente con los Tratados de la UE que se apoyan en el Derecho Internacional y en las Resoluciones de la ONU sobre el derecho a la libre autodeterminación del Pueblo Saharaui. La decisión supone una victoria moral y política para el Frente Polisario y las organizaciones solidarias que defienden la causa del Pueblo Saharaui que vive en el Sáhara Occidental, territorio de la antigua colonia española hasta la invasión por Marruecos con “la marcha verde” en 1975.

Lo cierto es que Marruecos lleva años explotando el banco de pesca sahariano como precisaba el Abogado General del Tribunal de Justicia de la UE que señalaba en su dictamen que “en la actualidad, un 91% de las capturas de pesca europeas se producen en esa extensa zona”. En este sentido, el Acuerdo citado ya recogía en su protocolo las coordenadas pertenecientes a las aguas saharauis.

La Sentencia del TJUE no se atreve a denunciar esos abusos y en consecuencia a llegar hasta el final, como proponía hace dos meses en su dictamen el Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Melchior Wathelet, solicitando la anulación del Acuerdo. Es de suponer que las maniobras de la diplomacia europea y los intereses del Consejo Europeo han surtido finalmente efecto. La importancia geoestratégica que ha adquirido Marruecos como herramienta de freno de la UE ante el fenómeno de la emigración subsahariana y el avance en Africa del terrorismo yihadista estarían detrás de la preocupación de diferentes Estados europeos.

La Sentencia sí deja claro que el territorio del Sáhara Occidental no forma parte de Marruecos y a la vez asegura la validez del Acuerdo de Pesca por el que los barcos europeos pueden faenar en aguas marroquíes. Aunque obliga a garantizar que esas actividades no se produzcan en las aguas adyacentes al Sahara, cuya titularidad reclama el Frente Polisario y que la ONU le reconoce como derecho.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY.

“El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1- Adoptar las medidas precisas de carácter político, diplomático y económico para la mejor defensa de los intereses económicos de España en el sector de la pesca, velando por la estricta aplicación de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE y aportando a la población saharaui y a las empresas españolas que operan en el Sáhara Occidental las garantías del cumplimiento del Derecho Internacional; todo ello en favor de la seguridad jurídica, el desarrollo económico de la zona y la estabilidad política.

2- Desarrollar ante la ONU y la UE las iniciativas necesarias para asistir a las partes en conflicto, Marruecos y el Frente Polisario, en la búsqueda de una solución definitiva que prevea el ejercicio del derecho a la libre determinación del pueblo saharaui, a la vista de la Sentencia de la Corte de Luxemburgo y de conformidad con los principios y resoluciones de la Carta de Naciones Unidas sobre el Sáhara”.

Los Socialistas presentamos en diciembre en el Congreso una Proposición de Ley para ampliar y perfeccionar la Ley de Memoria de 2007. Lo hicimos con el objetivo de que se reconozca la condición de víctimas a las miles de personas republicanas cuyos restos permanecen aún sepultados en las fosas y las cunetas de media España, también para defender la Memoria Democrática y reforzar la cultura de la reconciliación. 

Queremos cerrar las heridas de la guerra civil y la dictadura franquista y responder a los comportamientos del Gobierno con su no aplicación de la ley de Memoria. Sin embargo, PP y Ciudadanos han vetado la Proposición del PSOE haciendo un uso abusivo del art.134 de la Constitución. Después, Rajoy y Rivera, desde la Mesa del Congreso y sin representar a la mayoría de la Cámara, impiden su tratamiento en el Parlamento. Porque lo tienen secuestrado.

Qué desvergüenza y qué manera tan miserable de secuestrar, de impedir la función legislativa del Parlamento. La situación, que se prolonga ya durante seis años, nos lleva a hacernos varias preguntas:

¿Por qué veta el Gobierno nuestra iniciativa?

¿Cuánto dinero cuesta recuperar la dignidad de miles de hombres y mujeres Republicanos que siguen desaparecidos en fosas?

¿Qué alternativa ofrece, entonces, el PP para recuperar a los “desaparecidos forzosos” y darles un digno entierro por sus familias?

¿Para cuando se acabará de democratizar los nombres de calles, resignificar El Valle de los Caídos y cumplir con las sentencias judiciales firmes?

Nuestra reforma de la ley pretende que el Estado asuma la tarea de liderar con celeridad su obligación de exhumar miles de cadáveres. Es una cuestión de dignidad democrática nacional. Son heridas de la guerra civil que aún están abiertas. Lo incoherente es que este Gobierno no colabore con las exhumaciones en su territorio pero, en cambio, sí ayuda a la exhumación y repatriación de los restos de soldados de la División Azul desde Rusia. Lo cual no nos parece mal.

El Gobierno defiende la Memoria del Franquismo, eso es lo grave, manteniendo la situación del Valle de los Caídos como un espacio de memoria franquista y con un dictador enterrado en el altar mayor que debería ser exhumado. Mientras, miles de restos de cadáveres, que fueron llevados allí contra la voluntad de sus familias, permanecen secuestrados por el prior de los benedictinos que gestionan el mausoleo con la complicidad de un Gobierno que no hace nada por cumplir las sentencias judiciales.

La última provocación consiste en que el Gobierno permita que un General en la reserva, Chicharro Ortega, tome posesión de la Presidencia de la Fundación Franco y realice discursos de enaltecimiento del régimen de la dictadura, algo que nuestra Proposición pretende evitar ilegalizando la apología del franquismo y las asociaciones franquistas.

El Presidente Rajoy es quien se molestó, el 30 de noviembre en un acto oficial, por el cambio democrático del nombre de una calle en Marin (Pontevedra), dedicada antes a un Ministro con Franco, Almirante Salvador Moreno, para pasar a denominarse Rosalía De Castro.

En definitiva, este Gobierno del PP deja patente la presencia del franquismo en su ADN y se empeña en defender la Memoria del Franquismo, no una Memoria democrática. Además, desprecia las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y del relator de la ONU sobre desapariciones forzosas.

No vamos a parar hasta que los restos del último Republicano sean sacados de las cunetas. No olviden, ni el PP ni Ciudadanos, que el PSOE seguirá defendiendo la cultura democrática de la Reconciliación frente a los desprecios del Gobierno a la Ley de Memoria de 2007 promovida por un Gobierno Socialista con el Presidente Rodríguez Zapatero.

Por eso hemos incluido ayer, en nuestro presupuesto alternativo al de Rajoy y Rivera, una partida de 21 millones de euros para abordar prioridades como las exhumaciones, creación de un banco de datos de ADN, creación de una Comisión de la Verdad, reorientación del Valle de los Caídos y retirada de la simbología franquista. Y si avanzaran las cuentas de Montoro presentaremos enmiendas parciales. No pensamos renunciar después de tantos años de espera.

Odón Elorza  /  Diputado Socialista por Gipuzkoa

14 de abril de 2018