No se podrá vivir un nuevo tiempo para la política en España, que sirva a las necesidades de las personas y regenere la democracia, si nuestro destino va a continuar en manos de un gobierno inmoral y neoliberal. Contaremos, eso sí, con un Parlamento más plural, colorista y fresco hasta el espectáculo, representativo y con más instrumentos para controlar la acción del ejecutivo. Pero el objetivo sigue siendo la formación de un gobierno de progreso que revierta las políticas antisociales y acabe con la corrupción.

Por eso los socialistas somos los más interesados en buscar cómo superar el bloqueo político, empezando por evitar que el valioso acuerdo entre el PSOE y C's lo interpreten como un programa cerrado que pueda ser tachado de obstáculo. Sabemos de la estrategia de rechazo de Podemos al acuerdo transversal que, con sus limitaciones obvias, es una buena base de partida para abordar las reformas que necesita este país.

Debemos reflexionar sobre qué debemos hacer para convencer a los escépticos.Y ser audaces a la hora de retomar la iniciativa para lograr no ya la adhesión de otras fuerzas de progreso, algo imposible de conseguir, sino la implicación real de partidos y agentes sociales en ampliar y perfeccionar el contenido del acuerdo transversal. Sin demoras ni excusas.

El texto no resulta inatacable y es cierto que no refleja todo aquello que los socialistas desearíamos leer para hacer frente a la creciente desigualdad, precariedad y pobreza o a los problemas en la cohesión territorial. Se trata de un acuerdo que conlleva cesiones y soluciones compartidas, en el que la propuesta sobre el SMI se nos queda corta y en el que falta un mayor compromiso sobre las pensiones más bajas. En política laboral hay cuestiones que nos preocupan, como que las indemnizaciones por despido no suban respecto a las impuestas por el Gobierno Rajoy. Sobre Cataluña no recoge la vía política de diálogo y negociación del PSOE y la concepción federal del Estado aparece desdibujada.

Pedro Sánchez ha repetido que el acuerdo con Ciudadanos, plagado de mediadas éticas y sociales incuestionables, no está cerrado a mejoras. Por su parte, Podemos y lo que representa no se va a "vender por un plato de lentejas", ni aunque las encuestas insistieran en una pérdida de votos. Hay que romper el bloqueo de Podemos a sentarse -sin vetos- en una mesa en favor de un entendimiento transversal, cerrazón que solo beneficia a la continuidad indigna de Rajoy y el Partido Popular.

Ayudaría insistir en la existencia de una vía abierta a la mejora de los acuerdos entre el PSOE y C's por parte de otros grupos de progreso y agentes sociales, como los sindicatos y la asociación de pensionistas. Algunas voces se preguntan si será posible y dónde estarían los límites.

El propio texto, más allá de contar con el compromiso de un partido liberal de la derecha reformista, no puede convertirse en una excusa de bloqueo para una parte de la izquierda. Lo sería si resultara intocable. Eso no lo entendería un buen número electores que apostaron por el cambio. Por tanto, la clave reside en el margen de flexibilidad que aceptarían Albert Rivera y C's para ampliar y concretar más la dimensión social del acuerdo.

No nos basta con dejar al descubierto las acusaciones que viene formulando Pablo Iglesias, desde hace más de un año, sobre un apoyo del PSOE a la investidura de Rajoy. Esa falsedad queda clara. Ahora queremos que la ciudadanía pueda conocer cuáles pudieran ser los temas concretos que impedirían un acuerdo para apoyar un gobierno de progreso con sabor valenciano, extremeño, balear, ... Eso sería actuar con transparencia y rendir cuentas.

Al final, todo quedaría reducido a una cuestión de platos; ¿o de platós?

Odón Elorza / Diputado Socialista por Gipuzkoa

San Sebastián, 14 de marzo de 2016 / Publicado en Infolibre

Reírse del Parlamento es lo que han hecho esta semana parlamentaria el Presidente Rajoy y su Ministro de Defensa al negarsce a rendir cuentas en el Congreso. Siento vergüenza, como diputado socialista, de que el gobierno siga despreciando al Parlamento y se niegue a comparecer para dar cuenta de su posición ante el acuerdo del Consejo Europeo sobre los refugiados y Turquía.

Siento vergüenza por que tampoco quieran explicar las acciones previstas por la OTAN en el Mar Egeo para actuar contra las mafias; aunque no sepamos qué harán para defender los derechos humanos de las personas que ocupan las barcazas de la muerte.

Ni hablan de sus responsabilidades ni quieren escuchar la opinión de la mayoría del Congreso. Me da asco que estos personajes, representantes de un gobierno manchado por la corrupción, pasen olímpicamente de dar explicaciones. Debe ser que siguen crecidos porque las encuestas les dan aún como fuerza más votada, aunque insuficiente para tener una mayoría que les permita gobernar a sus anchas.

Lamento que Podemos no sepa valorar el contenido, casi inatacable, de las medidas de regeneración democrática que contempla el acuerdo entre el PSOE y C's. Sé que el acuerdo, en su parte social, ofrece aspectos en política laboral y económica que merecen la crítica desde la izquierda. Y más desde la pureza. Pero el objetivo debiera ser cómo mejorar ese programa en torno a una mesa en vez de optar, indirectamente, por la continuidad de Rajoy y los suyos. Y no es que simplifique las cosas; es la mejor alternativa posible frente a un Pablo Iglesias que no quiere negociar; lo dejan claro sus colegas del sector radical anticapitalista.

Cada día que pasa me resulta más insufrible imaginar que el tiempo pueda permitir la recomposición del Partido Popular para que salgan vivos y victoriosos tras sus políticas antisociales y después de esconder tanta corrupción.¿Volverán purificados de la Semana Santa?

Por lo menos, quiero rendir cuentas de mi semana en el Congreso a los electores de Gipuzkoa. Estos días en Madrid me han permitido intervenir en nombre del Partido Socialista en la Comisión de Hacienda para defender el software libre y para pedir en la Comisión de Cultura un cambio de políticas culturales en un país pluricultural que reclama la rebaja del IVA. A todo esto, el nefasto ex-Ministro Wert disfruta de su "buena" gestión con una canonjía en París.

También he presentado una Proposición en el Congreso pidiendo al gobierno que actúe en defensa de los trabajadores de las empresas multinacionales del sector del acero; en particular en los conflictos de Zumárraga, Sestao y Amurrio. Son empresas importantes con 4.500 empleos que se verán abocadas al cierre ante la competencia desleal que supone el dumping que practica China y la dejadez de la Comisión Europea que debiera tomar medidas urgentes antidumping. Lo he hecho de la mano del alcalde de Zumárraga, de la UGT vasca, de Idoia Mendia y Ramón Jauregui que se están moviendo en Bruselas para hacer lobby político en favor de tan justa causa en medio de la globalización de la miseria.

Quiero que sepan los electores que he vuelto a pedir la palabra en la reunión interna de los martes del Grupo Socialista para aportar alguna idea sobre cómo intentar recuperar la iniciativa para desbloquear la situación. Porque se trata de avanzar -con la generosidad intelectual que exige una transversalidad- en la senda de la formación de un gobierno ėtico comprometido de verdad con la regeneración democrática, transparente en sus acciones de gobierno y que combata la creciente desigualdad dándole la vuelta a la contrarreforma del PP y acometiendo la reforma fiscal pendiente.

Pediría perdón por no ser más ambicioso. Por no aspirar al asalto a los cielos en medio de este infierno, por no prometer que el PSOE es una fábrica de amor como lo es Podemos con su "paz interior". Y por no presumir de la belleza programática -como hace Pablo de su estrategia de pureza ideológica- que encierra el arriesgado acuerdo de mestizaje con Ciudadanos. Las ridículas frases de marketing quedan para los telepredicadores.

Odón Elorza / Diputado Socialista por Gipuzkoa

Malasaña, a 17 de marzo de 2016 / Para publicoscopia.com

                                                 A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa, para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas urgentes del Gobierno en defensa del sector del Acero, para su debate en la Comisión de Industria.

En el Palacio del Congreso de los Diputados, a 4 de marzo de 2016.

EL DIPUTADO, ODÓN ELORZA GONZALEZ

PORTAVOZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA bgf/2

                                                                 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

La pasada semana el sector del acero se manifestó en Bruselas para denunciar la grave crisis que atraviesa en la Unión Europea, pese a ser el segundo mayor productor de acero del mundo. La entrada masiva en la Unión Europea de acero chino a precios menores a los mercado, por las ayudas públicas que recibe el sector en China, y las dificultades que conlleva el alto precio de la electricidad en nuestro país (que asciende hasta el 25% de los costes de producción) han provocado el cierre total o temporal de varios centros de producción en España.

En el caso del País Vasco, la preocupación es enorme ante la dramática situación que sufre el sector del acero. En 2014 sufrimos el cierre del horno de Bergara y hace unos días asistimos al cierre indefinido de la planta ACB de Sestao, una acería que cuenta con más de 330 trabajos directos y que repercute en unos miles de empleos indirectos en la comarca de la Margen Izquierda, una zona que sufre uno de los niveles más altos de desempleo en el País Vasco.

Creemos que la defensa de la viabilidad de la industria del acero en Europa debe ser una prioridad política para las instituciones europeas y para los Estados miembros. Lamentablemente, no creemos que haya sido así hasta hoy. No basta con expresar la solidaridad con los colectivos de trabajadores afectados sino que los Gobiernos Europeos no pueden mantenerse al margen frente a la falta de reglas de competencia china.

La Comisión Europea y el Consejo, tienen la obligación de hacer todo lo necesario para garantizar el empleo de las y los trabajadores europeos además de crear mecanismos de modernización que respalden y fomenten la innovación. En este sentido, algunos Estados como Alemania, Italia, Francia, Reino Unido y Bélgica han impulsado la carta dirigida al Vicepresidente de la Comisión Europea, Jyrki Katainen y a las Comisarias de Mercado Interior e Industria, Elzbieta Bienkoowska, y de Comercio, Cecilia Malmstršm, en la que se denuncia la desigualdad de condiciones en el acero generada por la sobrecapacidad mundial.

Estamos convencidos que solo la presión política al más alto nivel será capaz de impulsar medidas urgentes y concretas de la Unión Europea ante las prácticas de dumping cometidas por China, que están poniendo en peligro miles de empleos en toda Europa, y en particular, en España. Por ello, reclamamos al Gobierno español que promueva tanto en el próximo Consejo de Competitividad como en el Consejo Europeo de primavera una discusión en torno a los pasos a seguir para combatir la crisis.

Tamnbién pedimos al Ministerio de Industria y al Gobierno español que con el objetivo de prevenir el cierre definitivo de la planta ACB de Sestao, heredera de los Altos Hornos de Vizcaya, de Arcelor en Zumárraga, Tubos Reunidos en Amurrio,..., estudien la viabilidad de la firma de un acuerdo con las compañías eléctricas para reducir el elevado precio de la energía que repercute gravemente en los costes de producción.

Así mismo, reclamamos que impulse políticas para la transición a una energía más limpia, segura, sostenible y asequible también para nuestra industria. Habiendo sido informados por las instituciones europeas de que este tipo de acuerdos no se calificarían como “ayudas de Estado” y se están dando en otros países, pedimos al Gobierno que medie para su consecución. Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente:

                                                                          PROPOSICIÓN NO DE LEY

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1- Involucrarse tanto a nivel nacional como europeo, aprovechando la celebración del Consejo de Competitividad y del Consejo Europeo, con el futuro del sector del acero y que se sitúe en la primera línea de acción, tal y como están haciendo otros Estados miembros de la Unión Europea.

2- Defender ante las instituciones de la UE al sector del acero europeo y adoptar medidas contundentes contra las subvenciones y antidumping para frenar las importaciones de China en condiciones de competencia desleal. Defender una posición contraria a la concesión automática del reconocimiento, por parte de la UE, de China como economía de mercado por no cumplir con sus obligaciones contraídas en el marco de su protocolo de adhesión a la Organización Mundial del Comercio (OMC).

3- Realizar un estudio urgente para reducir el elevado precio de la energía que repercute gravemente en los costes de producción para las empresas del sector. Una reducción que podría prevenir el cierre definitivo de la planta de ACB de Sestao, heredera de los Altos Hornos de Vizcaya, Arcelor y otras; así como impulsar políticas para la transición a una energía más limpia, segura, sostenible y asequible también para nuestra industria.”

*Cataluña y una propuesta de Ley de Claridad para España

A día de hoy, no hemos acertado en la respuesta al desafío que se plantea en Cataluña en una coyuntura irrepetible por las circunstancias que han concurrido (sentencia sobre el Estatut, crisis económico-financiera con graves consecuencias sociales, corrupción en Cataluña y España, falta de una estrategia de diálogo entre los Gobiernos, ausencia de un proyecto federal conocido, agravios por ambas partes, pérdida de peso de una fuerza puente decisiva como el PSC, ..) y que han disparado el deseo de independencia.

Tampoco se ha sabido hacer pedagogía política de una alternativa federal asimétrica, flexible y democrática. Y reconociendo que la pretensión de independencia es legítima sin violencia y que no se puede retener a nadie por la fuerza, los federalistas, los Constitucionalistas -no me gusta la expresión de unionistas- hemos de ofrecer un cauce democrático y legal para que pudiera ser posible una consulta con garantías de legalidad y de respeto a reglas democráticas. Desde la convocatoria de una consulta con una pregunta clara, hasta el final del proceso negociador entre las partes para fijar las condiciones pactadas de una hipotética separación.

Pero esa vía de claridad habría de partir, necesariamente, de una consulta pactada, reglada y legal, absolutamente respetuosa con el Estado de Derecho. Nada de eso ha sucedido hasta ahora, ninguna garantía democrática ha sido tenida en cuenta ni por los soberanistas catalanes ni por Podemos y Ada Colau. Detallaré la propuesta más adelante.

Conviene recordar que los resultados de las elecciones autonómicas del 27 de septiembre de 2015 en Cataluña no fueron para nada concluyentes, y menos para justificar una declaración unilateral de secesión a un plazo de 18 meses y por encima de toda legalidad. En cualquier caso, el Estado no aceptará ser interpelado desde fuera de la legalidad.

Tampoco los datos de las elecciones generales del 20D han servido para clarificar la situación política en Cataluña. De momento no han permitido formar un nuevo Gobierno en La Moncloa que intente avanzar por una vía política, diferente a la exclusiva defensa de la legalidad, entendida ésta como una camisa de fuerza.

- CONJUGAR EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y EL PRINCIPIO DE DEMOCRACIA.

Para pasar de la confrontación al entendimiento es necesario que las partes asuman dos principios: el principio de legalidad, por el que no hay diálogo posible si no se respeta la legalidad constitucional, y el principio de democracia, por el que se debe reconocer que existe en Cataluña una expresión independentista muy relevante que no puede ser ignorada por los demócratas en el resto de España. Sin embargo, excepto la genérica invocación al diálogo y el consenso, nadie parece patrocinar una fórmula para conjugar ambos principios, plenamente y al mismo tiempo, para buscar una solución.

La lista independentista “Junts pel Sí” no reconoce el principio de legalidad. CDC y ER se han embarcado en un proceso hacia una declaración unilateral de independencia que tuvo, como importante episodio, el fraude de ley de unas elecciones autonómicas convertidas en plebiscito.

Podemos, con “Sí que es Pot”, invoca el derecho a decidir para celebrar un referéndum vinculante y en el plazo de un año, sin establecer ninguna garantía democrática en cuanto a la exigencia de mayorías cualificadas o a la claridad democrática del proceso a seguir. Pablo Iglesias disfraza el derecho a la autodeterminación como derecho a decidir. Pero nunca Naciones Unidas reconocerá ese derecho a Cataluña: porque no sufre ocupación colonial o ausencia de democracia, no se ha impedido el desarrollo de sus singularidades ni carece de sistema de autogobierno. Además, el derecho a decidir desprecia el principio de legalidad y el imperativo de negociar a partir de ella.

El PP y Ciudadanos, por su parte, se atienen al principio de legalidad sin reconocer el principio de democracia o de la voluntad ciudadana: "España ha decidido ya sobradamente la cuestión en la historia y en la Constitución". Este argumento considera como valor supremo la indisoluble unidad de la nación española anteponiéndolo a la libertad y pluralismo político que establece la Constitución como valores superiores.

- ¿CÚAL ES AHORA LA PRIORIDAD?

El PSOE y el PSC debieran ser la opción política que por trayectoria histórica pudiera abrirse a una nueva reflexión en la que prime el ejercicio de la política con mayúsculas. Siempre ha respetado las singularidades nacionales y ha gobernado en diálogo con ellas. Además, invoca la reforma de la Constitución y una redefinición federal de España. Pero, aunque el federalismo en el marco de la reforma Constitucional fuera una solución, no sabemos en qué plazo se daría. ¿Y mientras? Entiendo que sin conjugar los principios de legalidad y de democracia no parece posible ofrecer una solución aceptada por la gran mayoría de catalanes que desea ser consultada.

Lo cierto es que ahora toca, sobre todo si se lograra un gobierno de progreso en España, poner en marcha con diálogo, voluntad negociadora y una visión plurinacional del Estado, la vía política para definir un nuevo encaje de Cataluña en España. Hay que evitar una consulta que tendría, tal y como hasta ahora se viene planteando, un efecto traumático y de riesgo de fractura social. Pero no me detendré sobre ello porque no es el objeto de estas notas.

- ¿EN QUÉ CONSISTE UNA LEY DE CLARIDAD?

Con ánimo de concretar una solución realmente democrática y como último paso para el caso de que fracasara una auténtica apuesta por la negociación política, no intentada de verdad por Rajoy y Mas, insisto en una vía que combina ambos principios. La propuesta consiste en que Las Cortes sancionen una Ley de Claridad teniendo en cuenta los criterios jurídicos y valores constitucionales que llevaron a Canadá a aprobar su Ley de Claridad:

1- Que establezca como inicio del proceso la necesidad de un pronunciamiento de mayoría reforzada de 2/3 por el Parlamento de Cataluña a favor de efectuar una consulta pactada con el Gobierno de España que plantee una pregunta clara. Recuerdo que ya se exige 2/3 para que el Parlamento de Cataluña reforme su Estatut.

2- Las Cortes estarían obligadas a recoger esta petición y pedirían al Gobierno de la Nación la convocatoria de una consulta para comprobar la voluntad de los catalanes. La Ley de Claridad habría fijado ya su carácter consultivo, la obligación de formular una pregunta clara, la participación mínima exigible y las mayorías cualificadas de apoyo requeridas en cada territorio.

3- En caso de un pronunciamiento claramente favorable a la independencia, ésta no sería automática, pero sí que daría lugar a la apertura de una negociación bilateral y de buena fe con el Estado para estudiar los posibles términos de la separación u otro tipo de vínculo de permanencia de Cataluña en España que surgiera en ese proceso negociador. En función del resultado de la negociación, y si la conclusión fuera una propuesta de separación de Cataluña, se efectuaría por Las Cortes la compleja reforma de la Constitución, sometida luego a referéndum en toda España.

- LA SOLUCIÓN ES RESPETUOSA CON EL ESTADO DE DERECHO.

Esta propuesta no puede ser tachada por nadie de ilegal, ni responde a ninguna lógica autodeterminista, ni tampoco se basa en un supuesto derecho a decidir. Daría satisfacción, con garantías democráticas y de legalidad, a la pretensión de los sectores de catalanes que piden una consulta pero no quieren la independencia.

La fórmula reúne ventajas: es realizable dentro de la legalidad constitucional; exige diálogo y negociación constantes desde el comienzo; respeta el principio democrático con una consulta; y solamente en el caso de que ésta se inclinara con claridad hacia el independentismo, con las garantías exigidas en la ley, se promoverían los cambios constitucionales que solo el conjunto de los pueblos del Estado español puede aprobar.

Esta vía coincide con la opinión de expertos como Rubio Llorente y sus “nueve tesis sobre Cataluña”. Además están los precedentes en países con situaciones parecidas. Se apoya en los principios recogidos en el dictamen de la Corte Suprema de Canada sobre la secesión de Quebec, que a su vez sirvieron de referencia para la reciente celebración en 2013 del referéndum pactado entre Cameron y el Gobierno de Escocia.

En su esquema procedimental una ley que se aprobara en España podría mejorar los contenidos y la aplicación de la Ley de Claridad utilizada en Canadá (año 2000) para el caso de Quebec.

Si otros países de respetable cultura política democrática, como Canadá y Gran Bretaña, para la solución de un problema parecido han combinado los grandes principios de legalidad y democracia mediante una Ley de Claridad, ¿por qué no España? El desarrollo de la propuesta no sería hoy una prioridad pero convendría trabajarla a fondo.

Odón Elorza / Diputado del PSOE por Gipuzkoa

*Texto de la conferencia que ofrecí sobre "Cataluña y España", organizada por la entidad "La Tercera Vía" en el Círculo de Economía.

Barcelona, 10 de marzo de 2016