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Ell efecto contagio de la DUI en Euskadi y la cuarentena del 155.

La aplicación del artículo 155 no es un plato de buen gusto para el PSOE al tratarse de una medida excepcional que conlleva riesgos políticos en su complejidad jurídica y por ser el PP quien debe gestionar su aplicación. Pero: ¿qué otra respuesta se podía dar a la proclamación unilateral de la república catalana por el bloque secesionista, despreciando la legalidad constitucional? ¿No hacer nada?

Ni el PNV ni Podemos han respondido aún a esta pregunta elemental. Aunque no pierden oportunidad para atacar a Pedro Sánchez y desorbitar el alcance del 155. No estamos ante un 155 que, según Aitor Esteban, portavoz del PNV, “se aplique de modo tan amplio y extensivo que se carga el Estado de Derecho”. Tampoco justifica el boicot del PNV y otros a asistir a la Comisión Especial del Congreso creada para dialogar y estudiar soluciones al modelo autonómico y al conflicto en Cataluña.

La vieja estrategia de ambigüedad del PNV vuelve a aflorar y dicen que lo hace para no dejar el espacio electoral soberanista a Bildu. A quién creer: ¿al Lehendakari Urkullu y su discurso más razonable o a la dirección del PNV, especialmente en Gipuzkoa, que compite con Bildu en declaraciones para legitimar la pseudoconsulta del 1-O y exigir un derecho de autodeterminación como si se estuviéramos en Kosovo o en el Sahara?

Euskadi necesita menos contagio, más estabilidad y un clima de confianza tras los años del terrorismo y la aventura Ibarretxe. Pero no son suficientes las declaraciones de Urkullu frente al PNV de las manifestaciones en las calles, los acuerdos soberanista en Juntas Generales de Gipuzkoa y Parlamento Vasco que se suman a la campaña de mociones en los municipios para apoyar y reconocer el proceso independentista catalán, DUI incluida. Todo ello de la mano de Bildu y con apoyo de Podemos. Por si faltara algo, la ambigüedad del PNV la hace compatible con un pacto de los presupuestos de Rajoy para 2017, el Cupo vasco y gobernar en Euskadi en coalición con el PSE. ¿Centralidad politica o partido atrapalotodo?

El PSOE ha tenido que afrontar la crisis de Cataluña sin escapismo y consciente de la gravedad de un problema que afecta a un elemento esencial del Estado: su integridad territorial atacada por un proceso inédito de secesión unilateral. En esta cuestión trascendental, lo mismo que en la lucha contra el terrorismo, el PSOE es partidario de acuerdos responsables para defender el Estado de Derecho con la Constitución como centro del bloque de legalidad.

El nuevo proyecto Socialdemócrata surge con vocación de gobierno y practica una oposición con sentido de Estado. Por eso hubiera sido un error que la izquierda se desentendiera y dejara como patrimonio exclusivo de la derecha la defensa de la Constitución, la integridad territorial y las instituciones comunes. Aunque los socialistas estamos empeñados en abordar una reforma constitucional desde el consenso y como conclusión de un compromiso que ha de estar presidido por el diálogo transversal, la participación ciudadana y la máxima trasparencia.

Rajoy tenía otra visión sobre la dimensión del 155 pero Pedro Sánchez concluyó que había que poner condiciones a su desarrollo. De ahí su insistencia en agotar antes las vías de diálogo, pedir gradualidad, proporcionalidad, convocatoria inmediata de elecciones en Cataluña, no intervenir en la tutela de los medios públicos de comunicación y utilizar la Policia en última instancia con prudencia y máxima inteligencia. Son los Mossos quienes han de asumir las tareas de orden público, sin olvidar la petición de que la Fiscalía General actúe sin precipitación y dé pasos con total seguridad jurídica.

Las diferencias del PSOE con el PP son insalvables en políticas sociales, en la defensa de las libertades y de una democracia participativa, en la regeneración de las instituciones frente a la corrupción, en la concepción de un Estado de Derecho que ha de recuperar la credibilidad y en el modelo territorial federal para una España plurinacional.

No olvidemos que el PP, con su estrategia irresponsable de movilizar la calle contra el Estatut de Pasqual Maragall en 2006, lo mismo que Rajoy con una actitud inmovilista cerrada al diálogo y a la negociación y con falta de visión política durante años, han dejado pudrir el conflicto y han ofrecido, con los casos de corrupción y sus políticas antisociales, una imagen rechazable de la marca España. Por tanto, la solución política y la reducción de la desafección entre Cataluña y el resto de España , pasa necesariamente por desalojar al PP de La Moncloa.

Pero ni los errores del PP, ni las cargas brutales de la policia el 1-O, consecuencia una estrategia de intervención disparatada, justifican en absoluto la deriva secesionista del Govern de Catalunya que ha aprobado una larga lista de actos y decisiones ilegales, atacando la Constitución y su propio Estatut, despreciando en pseudoconsultas las reglas y garantías del juego democrático y provocando la fractura de la convivencia ciudadana.

Puigdemont y Junqueras han liquidado el autogobierno con las decisiones en favor de una independencia exprés adoptadas en un Parlament secuestrado. También han provocado graves perjuicios e incertidumbres económicas al situar a Cataluña en un limbo legal, abusando del relato victimista y de la ensoñación que han construido para movilizar el apoyo de un 39% de la sociedad, sin importarles la frustración que van a generar.

Las elecciones convocadas con urgencia para el 21D, como desea el 70% de la ciudadanía catalana, constituyen una buena decisión para acortar al máximo la vigencia del acuerdo del Senado en desarrollo del 155, aunque la cita electoral no sea, en si misma, una garantía para solucionar esta crisis de Estado y la división de la sociedad civil. Las claves son el Pacto de Estado para Cataluña que preconiza Iceta y una reforma Constitucional defendida por Pedro Sanchez que va a requerir mucha paciencia y pedagogía.

Odón Elorza / Diputado Socialista por Gipuzkoa

San Sebastián, 3 de noviembre de 2017. Publicado en El Diario Vasco.

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El Gobierno de Rajoy incumple durante seis años la Ley de Memoria Histórica.

Quiero denunciar que el Gobierno de Rajoy lleva seis años incumpliendo la Ley de Memoria Histórica y cuatro años haciendo caso omiso a las Recomendaciones que la Comisión de Derechos Humanos de la ONU ha remitido repetidas veces al Gobierno, en relación con las iniciativas y medidas que debe adoptar para dar respuesta a las desapariciones forzadas ocurridas durante la guerra civil y la dictadura.

Por eso le exijo al Ministro de Justicia, Rafael Catalá, que el Gobierno del PP se ponga al frente y que cumpla su obligación destinando para ello una partida presupuestaria que financie la apertura de las fosas comunes y que, por lo tanto, se recupere “la dignidad” de las víctimas. También le reclamo un Plan de exhumaciones, crear una Comisión de la Verdad, establecer vías legales para evitar la impunidad de los autores y responsables de crímenes contra la humanidad y la creación de bancos de ADN para que se ayude a las familias en la identificación de las víctimas.  

Este Gobierno da respuestas propias del tardofranquismo y exhibe los viejos resabios del nacional-catolicismo. En todo caso es insensible al sufrimiento de miles de familias que llevan años luchando por devolver la dignidad a los asesinados por la dictadura, cuyos restos aún permanecen en fosas comunes sin abrir en las cunetas de cientos de parajes en España.

El Partido Popular desprecia el espíritu de reconciliación y concordia, así como los principios de justicia, reparación y verdad que reclaman las víctimas. El desprecio es patente cuando ha metido en un cajón durante seis años la Ley de Memoria Histórica que promovió el Gobierno de Zapatero en 2007.

Los socialistas no vamos a parar hasta que no quede ni un solo cadaver, de los cien mil existentes, abandonado en una fosa; hasta que el último asesinado recupere su dignidad como víctima. Tampoco podemos permitir la ignominia de que el dictador Franco permanezca enterrado bajo el altar central de El Valle de los Caídos, lo que constituye una grave ofensa al Estado democrático de Derecho y a las víctimas del franquismo.

Odón Elorza

Intervención en el Pleno de control al Gobierno. 22 de noviembre de 2017

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Pregunta Oral al Gobierno sobre su incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica.

Pregunta Oral del Diputado Odón Elorza para la sesión de control al Gobierno de esta semana:

¿Cuál ha sido el grado de cumplimiento por el Gobierno de la Ley de Memoria Histórica en los pasados seis años, al cumplirse ahora 10 años de su aprobación por el Congreso en octubre de 2007?

Odón Elorza , Diputado Socialista por Gipuzkoa

20 de noviembre de 2017.

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Cambio Cuarteles infrautilizados por viviendas en alquiler para jóvenes: las razones de mi Proposición al Congreso.

                                                 A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

D. Odón Elorza González, Diputado por Gipuzkoa, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el Art.193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY "sobre los Cuarteles Militares en San Sebastián", para su debate en la Comisión de Defensa.

En el Palacio del Congreso de los Diputados, a 15 de noviembre de 2017

EL DIPUTADO

ODÓN ELORZA GONZÁLEZ

                                                                 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS :

Los Cuarteles Militares situados en San Sebastián, en el barrio de Loiola, ocupan 16 hectáreas y se encuentran junto al río Urumea y en el acceso a un parque público municipal de 30 hectáreas. Desde hace años, los Cuarteles están absolutamente infrautilizados por la escasa presencia de efectivos militares, constituyendo dichos terrenos una zona de especial importancia para la expansión natural de la trama urbana de la ciudad con la construcción de viviendas, en especial de viviendas protegidas en régimen de alquiler al alcance de la gente joven.

Esos terrenos ocupan un territorio inundable por encontrase junto al cauce del río Urumea y no estar protegidos de las crecidas del río, tanto por su baja cota como por las frágiles características de los viejos puentes que salvan el paso del rio. Las actuaciones hidráulicas precisas y la conversión de los terrenos para un uso residencial ya se incluyeron entre las previsiones del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de San Sebastián.

Se da la circunstancia de que el suelo es un bien muy escaso en San Sebastián y constituye un grave problema a corto plazo. Por esa razón, desde hace años, el Ayuntamiento ya ofreció una negociación en términos que hiciera compatibles los derechos y las necesidades de las administraciones interesadas, incluyendo una nueva localización bien dimensionada para los Cuarteles. Todo ello en cumplimiento del principio de colaboración y cooperación ínter-administrativa.

Por otra parte, las iniciativas presentadas en la pasada legislatura en el Congreso para hacer avanzar la negociación sobre la compraventa de los terrenos y traslado de los Cuarteles a un emplazamiento cercano e idóneo, han venido siendo rechazadas por el Gobierno y el Grupo del Partido Popular.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista propone a la Comisión de Defensa para su aprobación la siguiente, PROPOSICIÓN NO DE LEY:    

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que realice, con urgencia, una negociación con el Ayuntamiento de Donostia/ San Sebastián que permita el cambio de titularidad de los terrenos ocupados por los Cuarteles Militares situados en el barrio de Loiola en San Sebastián y su traslado a otro suelo, a la vista de su notable infrautilización y con el objetivo de poder cumplir las previsiones de VPO establecidas en el Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad."

Nota: PNL aprobada en la Comisión de Defensa del 12 de diciembre de 2017. PP votó en contra. 

 

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