A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY sobre una política fiscal en apoyo a la bicicleta en las ciudades, para su debate en la Comisión Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.

En el Palacio del Congreso de los Diputados, a 30 de noviembre de 2017

EL DIPUTADO, ODÓN ELORZA GONZÁLEZ

                                                                 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Ha llegado el momento de aplicar menos impuestos a la bicicleta ante la falta de interés del Gobierno por apoyarla. La bici está cada vez más presente en las ciudades españolas y su utilización contribuye a fortalecer los comportamientos en favor de una movilidad sostenible. Las ventajas que aporta su uso para la ciudadanía y el funcionamiento de las ciudades están ampliamente contrastadas: humaniza la ciudad, calma el tráfico, mejora la salud de las personas y disminuye el gasto sanitario, reduce la contaminación ambiental y acústica, ahorra energía fósil y promueve la igualdad.

Las administraciones públicas, en un tiempo en el que la preocupación entre la ciudadanía es máxima por el nivel de polución en las ciudades, deberían adoptar con más decisión un conjunto de medidas repetidamente señaladas por los colectivos de ciclistas urbanos, las entidades de la bicicleta y el movimiento ecologista.

El problema de la contaminación del aire en un importante número de ciudades, coincidiendo con unos años de reducción drástica del régimen de lluvias, afecta directamente a la salud pública de toda la ciudadanía. Eliminar esa polución es un objetivo que va unido a la lucha contra el cambio climático y que exige la adopción de medidas que reduzcan el uso del vehículo privado y promuevan el aumento del número de usuarios de los transportes colectivos y de la bicicleta en las ciudades, tanto la convencional como la eléctrica.

Para llegar al volumen de usuarios de la bici existente en gran número de países del centro de Europa, que incluso ofrecen peores condiciones climáticas para incentivar su uso habitual como sistema de transporte en las ciudades, son imprescindibles: la ampliación de infraestructuras como los carriles bici en el marco de políticas urbanísticas eficientes, la extensión en las vías urbanas de las áreas 30, medidas legislativas, políticas que favorezcan la intermodalidad en el transporte, un plan estratégico general así como partidas presupuestarias y medidas de carácter fiscal.

1- Ha sido una la mala noticia la exclusión de la bicicleta del Decreto del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad sobre el Plan MOVEA para 2017, con un programa de ayudas a inversiones en transporte y movilidad eficiente por importe de 17 millones de euros. Este tipo de normas se explican como medidas para impulsar vehículos eléctricos y fomentar tecnologías más eficientes y ecológicas. Además, tratan de facilitar una mayor utilización de vehículos eléctricos a efectos de contribuir a un mejor aprovechamiento de las energías renovables, favorecer la reducción de emisiones en los puntos de mayor concentración de las mismas y disminuir la dependencia de los productos petrolíferos, así como la oportunidad de situar a España en un lugar destacado en un mercado claramente emergente.

No se entiende, por tanto, la exclusión que el Gobierno de España hace de las bicicletas eléctricas entre los vehículos perceptores de las subvenciones que establece el citado Plan MOVEA. Es evidente que no ha tenido en cuenta razones como la de facilitar el acceso a barrios en zonas altas, la condición física o edad avanzada de potenciales usuarios o la existencia de cuestas y desniveles en los viales.

Frente a ello, las bicis de pedaleo apoyadas por una pequeña batería recargable resultan una solución ideal para minimizar y superar esas dificultades en los desplazamientos por las ciudades, con un coste notablemente inferior al resto de vehículos eléctricos. Además, según establece la normativa europea en los países de la Unión Europea, una bici de pedaleo asistido con batería de hasta 250W -con la que no pueda superar los 25 km/h- se considera una bicicleta asimilada a la convencional y por tanto no requiere licencia de conducción ni matrícula. .

2- Desde hace años, organizaciones europeas del sector como COLIBI (Asociación del sector de la bicicleta en Europa) COLLIPED (Asociación del sector de componentes y accesorios de los vehículos de dos ruedas), ETRA (Asociación europea de minoristas de bicicletas), ECF (Federación de Ciclistas Europeos), la propia ConBici, la Mesa Nacional de la Bicicleta y AMBE, vienen proponiendo reducir el IVA de las bicicletas urbanas, de los productos relacionados y de los servicios derivados atendiendo a la función social y ecológica de la misma.

Así mismo, en distintas ocasiones la Unión Europea ha manifestado la necesidad de prestar especial atención a la reducción del IVA en las políticas comunitarias, como las relativas a proteger el medio ambiente, a mejorar la movilidad o en aquellos servicios que cumplan una función social. Sin duda, pasar de un tipo del 21% en España al IVA reducido del 10% supondría una rebaja en el precio final de las bicicletas coherente con el objetivo de promover vehículos que hagan posible la Movilidad Sostenible. Lo que no se entiende es que la bici soporte la misma fiscalidad que un coche.

La motivación de un nuevo tipo impositivo se basa, en lo que respecta a las bicicletas urbanas (entre las que se incluyen las bicicletas de pedaleo asistido), en que su mayor uso disminuiría la utilización de vehículos motorizados y por tanto reduciría las emisiones de CO2, el ruido, la congestión en las calles y mejorarían el medio ambiente de las ciudades y la salud pública.

3- Por último, y siguiendo el ejemplo de países como Alemania, Holanda o Gran Bretaña, con 34.000 empresas acogidas, distintas entidades del mundo de la bici propusieron al Ministerio de Hacienda, en 2014, incluir la bicicleta como un bien susceptible de ser valorado como retribución flexible. El Reglamento del IRPF considera ciertas exenciones para determinados productos o servicios cuando estos son entregados por una empresa a sus empleados como parte del sueldo, ofreciendo una alternativa a que estos los paguen con un dinero que sí está sometido a tributación en el IRPF.

Los planes de retribución flexible en la actualidad consisten precisamente en eso: intercambiar salario en efectivo del trabajador por productos o servicios para motivar buenas prácticas, dentro de una lista puesta a su disposición por la empresa. Este mecanismo fiscal supone que el trabajador financia los bienes que desea adquirir, pero obtiene una serie de ventajas como la reducción de impuestos o la comodidad de acceso a dicho servicio. No se produce con este programa una afección a las cotizaciones a la Seguridad Social. Ejemplos de estos bienes o servicios serían: los tickets de comida, el seguro médico, servicio de guardería, seguro de vida, vales de transporte, formación externa o compra de ordenadores.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente, PROPOSICIÓN NO DE LEY: 

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la adopción de las siguientes ayudas y medidas fiscales en relación con el apoyo a la bicicleta como alternativa de transporte para promover una movilidad sostenible en las ciudades:

1- Incluir en el Decreto del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad sobre el Plan MOVEA, correspondiente al próximo ejercicio de 2018, la bicicleta eléctrica de pedaleo asistido mediante una batería, como uno más de los vehículos eléctricos que podrán beneficiarse de la concesión de subvenciones directas destinadas a su adquisición.

2- Analizar y evaluar la aplicación del tipo reducido del IVA del 10% a las ventas de bicicletas convencionales y eléctricas de pedaleo asistido, solicitando a las instituciones europeas la modificación de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre, relativa al sistema común del IVA, para añadir dichos supuestos en la lista de entregas de bienes y prestaciones de servicios que pueden estás sujetas a los tipos reducidos del IVA.

3- Analizar y evaluar la consideración de incluir la bicicleta, por parte del Ministerio de Hacienda, en la lista de bienes y servicios susceptibles de ser valorados como parte de una "Retribución Flexible”; esto es, considerar como renta en especie exenta, las ayudas que las empresas destinen para la adquisición de bicicletas convencionales o de pedaleo asistido por parte de sus empleados, con la finalidad de favorecer el desplazamiento entre su lugar de residencia y el centro de trabajo. 

Pregunta Oral urgente para la próxima sesión de control al Gobierno.

¿Considera el Presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, que los Ministros de la dictadura de Franco, incluso los que ostentaron altas responsabilidades en la guerra civil española, deben tener una calle con su nombre para honrar su memoria?

El diputado socialista por Gipuzkoa Odón Elorza

San Sebastián, 29 de noviembre de 2017

Necesitamos una Constitución feminista que impida las desigualdades crecientes, el desamparo de los jóvenes, la pérdida de músculo democrático por el Estado y el abandono que sienten millones de familias. Por eso tenemos que afrontar con urgencia los trabajos para la renovación del pacto de 1978. Se trata de garantizar a la ciudadanía un futuro con dignidad en un marco de cohesión territorial y estabilidad política. Aunque poco se podrá hacer con Rajoy en La Moncloa.

Una izquierda con vocación de gobierno, en medio de una crisis que ha debilitado el Estado del bienestar y restado legitimidad al Estado de Derecho, tiene que defender con convicción la reforma de la Constitución frente al inmovilismo y los bloqueos de la derecha. No cabe otorgar credibilidad a un Presidente incapaz de asumir su responsabilidad política por los casos de corrupción y que incumple cada día los acuerdos del Parlamento en políticas sociales. Por tanto, nadie debería negar la conveniencia de reforzar con más democracia las reglas de juego constitucional en favor de la regeneración democrática como respuesta a tanta corrupción, abuso de poder y reparto de cuotas en organismos de relevancia.

El modelo de país impuesto por el PP, con un relato tramposo sobre el crecimiento económico, ha fracasado en lo social, político y territorial, abriendo innumerables conflictos y convirtiendo partes de la Constitución en papel mojado. Sin embargo, la condición de ciudadanía exige tener no solo reconocidos sino garantizados una serie de derechos básicos, además de establecer deberes y acreditar a una persona como parte de un país.

Es evidente que a lo largo de estos cuarenta años la sociedad española ha cambiado mucho y el mundo globalizado y tecnológico nos plantea nuevos desafíos. Esa realidad deja al descubierto que la Constitución ofrece lagunas, artículos que han quedado desfasados y una lógica ausencia de miradas a los retos del siglo XXI.

Por otra parte, la Constitución dejó abierto el modelo de organización territorial por lo que hay que completar y regular constitucionalmente lo que en plena transición quedó sin precisar, actualizando y perfeccionando en una dirección federal nuestro Estado autonómico de descentralización del poder. Los socialistas queremos reforzar la presencia de principios federalistas como la lealtad, la colaboración, la cooperación y mecanismos de encuentro y cohesión del conjunto de Pueblos que forman parte de un Estado plural.

La reforma no podrá ser el resultado de la imposición de postulados por unos, ni soportará la exclusión de ninguno de los agentes políticos y sociales ni será el fruto de una negociación oculta y de salón. En ese escenario, que se prevé complejo por el actual contexto político y la falta de cultura de pacto, la capacidad de diálogo y de cesión será decisiva para alcanzar acuerdos equilibrados entre las fuerzas parlamentarias.

El debate protagonizado por el Parlamento ha de complementarse con la apertura a la sociedad de cauces participativos y de información aprovechando las NTIC. La ciudadania no va a asistir como espectadora a un nuevo pacto constitucional porque su concepción de la democracia ha evolucionado hacia la participación y se imponen la transparencia y la aprobación de la nueva Constitución en un referéndum.

La izquierda necesita una estrategia propia para conducir un proceso que requiere, de entrada, reflexionar sobre el perímetro de la reforma, la metodología a seguir y las propuestas concretas a plantear a debate. El PSOE lleva años defendiendo una reforma constitucional en sus programas pero se ha encontrado con la pared del inmovilismo político y con el miedo de sectores económicos a perder sus privilegios, sus amnistías fiscales y sus posiciones de poder.

La alternativa de gobierno que representa el PSOE con Pedro Sanchez a la cabeza, significa un nuevo modelo de país que va unido a una renovada Constitución que refleje los anhelos de la gran mayoría ciudadana. Pero, previo al intento del deseable consenso, será imprescindible definir las posiciones socialistas en un gran debate interno, sin renuncias de antemano y sin maximalismos. Porque es mucho lo que está en juego y lo que debiera incorporar la Constitución. Y no queremos correr el riesgo de provocar mayor frustración ciudadana y la desconfianza de los jóvenes hacia las posiciones del PSOE.

Odón Elorza / Diputado Socialista por Gipuzkoa

1 de diciembre de 2017 / Publicado en Infolibre

                                              A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

D. ODÓN ELORZA GONZÁLEZ, Diputado por Gipuzkoa, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el Art. 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente PREGUNTA, en relación con la posición del Gobierno sobre la reforma de la Constitución, para que le sea contestada por escrito.

                                                               EXPOSICION DE MOTIVOS: 

España necesita con urgencia afrontar la reforma de la Constitución de 1978 para un nuevo periodo de convivencia, progreso y estabilidad política.

En ese proceso de reforma deberán alcanzarse acuerdos amplios de las fuerzas parlamentarias para blindar los derechos sociales básicos afectados y recortados por la crisis económico-financiera, regenerar las instituciones para recuperar su plena legitimidad dañada por la corrupción, fortalecer la democracia en su dimensión participativa, dar respuesta a los retos de Europa y a las nuevas problemáticas que han surgido en un mundo globalizado en el siglo XXI, así como actualizar un modelo territorial que arrastra graves conflictos además de la situación en Cataluña.

Lo cierto es que a lo largo de estos 40 años, la sociedad se ha transformado profundamente poniendo de relieve la existencia de lagunas, regulaciones en su articulado que han quedado incompletas o desfasadas y dejando en evidencia la existencia de instituciones y mecanismos que no sirven de manera adecuada a los objetivos de un Estado democrático de Derecho ni a las exigencias de calidad democrática que demanda la ciudadanía.

Por otra parte, la Constitución dejó abierto el modelo de organización territorial, por lo que hay que regular constitucionalmente lo que en 1978 se quedó́ sin precisar, evaluando, actualizando y perfeccionando nuestro modelo autonómico de descentralización del poder para mejorar la convivencia entre la ciudadanía y, a la vez, fortalecer la cohesión e integración del conjunto de territorios que forman parte de un Estado plurinacional.

La reforma no tiene que ser el resultado de la imposición de posiciones ni de la exclusión de ninguno de los agentes políticos ni el fruto de una negociación de salón. Pero además, la ciudadanía no ha de quedar al margen de una modificación de la Constitución que no puede convertirse en una tarea limitada a políticos, juristas y expertos en la materia. La sociedad no quiere permanecer pasiva en este proceso porque la concepción de la ciudadanía sobre la democracia ha evolucionado hacia la participación en los grandes debates, la exigencia de transparencia y la aprobación de la nueva Constitución en un referéndum.

Pese a todo, en España, la falta de cultura constitucional, el inmovilismo político y el miedo de ciertos sectores políticos y económicos a perder sus privilegios y sus posiciones de poder, impiden todavía desbloquear la reforma de la Constitución.

En base a las anteriores consideraciones, este Diputado plantea la siguiente PREGUNTA:

1- ¿En qué plazo o momento se compromete el Gobierno a iniciar el proceso de reforma de la Constitución española?

2- ¿Considera el Gobierno que es urgente afrontar la reforma de la Constitución?

En el Palacio del Congreso de los Diputados,a 28 de noviembre de 2017

EL DIPUTADO, ODÓN ELORZA GONZÁLEZ

PORTAVOZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA 20/bgf/C/3