A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
D. ODÓN ELORZA GONZÁLEZ, Diputado por Gipuzkoa, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el Art. 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Pregunta, “en relación con la situación de la hucha de las Pensiones y la financiación del sistema público de Pensiones”, para que le sea contestada por escrito.
En el Palacio del Congreso de los Diputados, a 4 de diciembre de 2017.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
El Partido Popular, en sus seis años de Gobierno, no ha planteado ni acordado una sola medida para "proporcionar cobertura adecuada a las obligaciones de la Seguridad Social y posibilitar el equilibrio presupuestario de la misma" (disposición adicional novena, Ley 3/2017).
Frente al déficit creciente que presenta el sistema, por primera vez en democracia, y que desde el año 2012 y hasta el año 2016 alcanzó una cifra acumulada de cerca de 70.000 millones (el 7% del PIB), la única medida adoptada ha sido la de vaciar el Fondo de Reserva de las pensiones, una herencia de gobiernos anteriores.
Así, el Gobierno de Rajoy y Fátima Báñez ha empleado desde 2012 la mayor parte del Fondo de Reserva, un Fondo que, derivado del consenso alcanzado en el Pacto de Toledo de 1995, se constituyó para sufragar las posibles descompensaciones financieras que pudiera arrojar el sistema.
Pero en vez de buscar alternativas que aliviaran el déficit del sistema durante estos seis años, el Gobierno del Partido Popular ha convertido la llamada “hucha de las pensiones” en el instrumento imprescindible para garantizar la viabilidad financiera del sistema de pensiones, como expresamente lo señala el Informe enviado a las Cortes Generales sobre “evolución y composición del Fondo de Reserva de la Seguridad Social de 2015”.
Por otro lado, el pasado 28 de junio el Boletín Oficial del Estado publicó la Ley 3/2017 de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, cuya disposición adicional novena le otorga al Gobierno la posibilidad de autorizar la concesión de préstamos a la Tesorería General de la Seguridad Social hasta un importe máximo anual de 10.192 millones de euros.
Apenas 24 horas más tarde, el Consejo de Ministros de 29 de junio autorizó la concesión de este préstamo del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social para 2017. Para ello, acordó que se tomara del mismo la cantidad de 5.986 millones, casi el 60%, así como que se detrajera del Fondo de Reserva de la Seguridad Social 3.514 millones, con el fin de completar el abono de las dos pagas de julio y la liquidación del IRPF.
A inicios de diciembre hemos conocido que dispondrá del crédito sobrante de 4.206 millones y de otros 3.586 millones que ha sacado del Fondo de Reserva para hacer frente a las dos pagas de fin de año en el presente 2017 que alcanzan una cifra de 17.470 millones de euros.
El Gobierno del Partido Popular ha consumido, pues, la cantidad disponible en 2011, que ascendía a 66.815 y buena parte de sus rendimientos. Cuando el Gobierno ha visto que el Fondo era insuficiente y que el desequilibrio financiero del sistema apunta en 2017 a cerca de 20.000 millones, ha optado por endeudar el sistema de Seguridad Social. Y ello, cuando en la propia Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017 se había introducido la previsión de reducción de las transferencias del Estado a la Seguridad Social: un 0,52% menos.
El Gobierno incide, pues, en el endeudamiento y en el desequilibrio del balance del sistema público de pensiones, en vez de optar como alternativa a una mayor transferencia desde el Presupuesto del Estado al de la Seguridad Social. Alternativa de transferencia que, como garantía de eficiencia, debería compaginarse con una reversión de la reforma del mercado de trabajo, que ha producido una precarización de las condiciones laborales y una devaluación salarial de impacto directo en las arcas del sistema, así como con dejar de imputar a este sistema gastos impropios, como reducciones de cuotas o tarifas planas.
El Gobierno del PP tendría que impulsar un debate necesario y en profundidad sobre cómo articular un nuevo modelo de financiación de nuestro sistema público de pensiones, previsión ya recogida en las Recomendaciones del Pacto de Toledo, en el Acuerdo Social y Económico de 2011 y en la Ley 27/2011, de 1 de agosto.
La opción del endeudamiento es el claro reflejo de la parálisis de un Gobierno que, a la par que continua con su política de minoración de ingresos del sistema, se niega a abordar una estrategia para completarlos con recursos adicionales provenientes de la imposición general. No cabe escudarse en las reuniones de comparecencias que celebra el Pacto de Toledo para eludir esta responsabilidad de Gobierno. La situación urge a que se adopten de forma inmediata las medidas que permitan el reforzamiento financiero del sistema, a presentar por el Gobierno para ser discutidas en el seno del Pacto de Toledo.
Es necesario arbitrar nuevas fórmulas de financiación que, junto con el abono de las cotizaciones sociales, contribuyan a garantizar de forma solvente la viabilidad y sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social así como la suficiencia de las pensiones. Del modo como ya lo vienen haciendo los países de nuestro entorno, adelantándose a los desafíos futuros relacionados con el incremento de la esperanza de vida, tal y como se acordó por el Gobierno socialista y los interlocutores sociales en el Acuerdo social y económico de 2011 y se recogió en la Ley 27/2011, de 1 de agosto.
El Gobierno debe actuar para reforzar la financiación de nuestro sistema público de pensiones, como expresión de pacto intergeneracional y pacto entre trabajadores activos y jubilados. Las pensiones constituyen el pilar más sólido de nuestro Estado de Bienestar y fundamento de la cohesión social.
A finales de 2017, el agujero de las pensiones representará aproximadamente la mitad de todo el déficit del Estado y será el principal reto presupuestario que haya que abordar. Máxime cuando en los próximos años se empezará a jubilar la generación del baby boom, presionando todavía más al alza sobre los gastos.
Por todo ello, el Diputado firmante formula la siguiente PREGUNTA al Gobierno:
1-¿Piensa cumplir el Gobierno la Recomendación del Pacto de Toledo, en vigor en la actualidad, que le exige adoptar urgentemente medidas que aseguren el equilibrio financiero en el corto plazo y garanticen la sostenibilidad y viabilidad del sistema de futuro, sin merma de los derechos de los pensionistas por afectar a uno de las bases de la cohesión social?
2-¿Qué medidas concretas piensa adoptar el Gobierno para garantizar la financiación del sistema público de Pensiones a la vista de que agotará en 2018 los 70.000 millones de euros que recibió en 2011 del Fondo de Reserva de la Seguridad Social y en el que hoy solo quedan 8.095 millones?
3-¿Piensa el Gobierno refundar y afianzar nuestro compromiso con el sistema público de Pensiones, presentando en el seno del Pacto de Toledo las fórmulas y nuevas fuentes de financiación que permitan restituir y garantizar su equilibrio financiero?
4-¿En qué plazo se compromete el Gobierno a presentar ante el Pacto de Toledo un proyecto articulado para corregir el déficit del sistema de la Seguridad Social, sin endeudarlo más y garantizando con actualizaciones anuales el poder adquisitivo de las Pensiones?
