¿Pero qué os habéis creído? Estáis acusando al PSOE de irresponsable por rechazar las cuentas y los cuentos de la pareja Rajoy y Rivera (R&R) y, sin justificación alguna, sacándonos el conflicto de Cataluña a colación. Nos acusáis de aceptar no sabemos qué chantajes del PNV (dicho por quienes pactaron con los nacionalistas en 2017 y desean volver a hacerlo) y hasta nos pedís, en el colmo del cinismo, cinco votos prestados para aprobar unos Presupuestos que son hijos de una amnistía fiscal no transparente y de la insolidaridad. Pues va a ser que no. ¡Con mi voto no contéis!

Los Presupuestos para 2018 de R&R están llenos de trampas contables, algo muy propio de Montoro, de improvisaciones y parches para desmovilizar a sectores en lucha. En todo caso, bienvenidas sean las mejoras salariales para determinados colectivos, algo que venimos reclamando en estos años desde la oposición, en proposiciones de ley que el PP y C’s impiden tramitar.

Estos Presupuestos no se plantean atacar el fondo del problema del actual crecimiento económico: el empleo precario, un salario indigno, más desigualdad y más pobreza. Ni se comprometen R&R con la redistribución de la riqueza ni a acabar con los recortes del Estado de Bienestar ni con políticas de igualdad para abordar esta nueva etapa de la economía tras la reciente crisis. Tampoco las políticas de R&R traerán más democracia a España cuando mantienen secuestrada la acción legislativa del Parlamento.

En este contexto, nos presentan una serie de propuestas electoralistas y superficiales que buscan que nada de lo importante cambie. Por eso, el documento presupuestario no va unido al compromiso de negociar la derogación de leyes nefastas que siguen haciendo mucho daño a la ciudadanía, ni contempla las actuaciones para un necesario cambio del modelo económico productivo o de la política fiscal.

Tampoco recoge un suficiente crecimiento del gasto público, comparativamente de los más bajos en la Unión Europea, siendo España, tras Bulgaria, el Estado con mayor desigualdad. Para demostrar cómo entienden R&R la gobernanza democrática basta señalar que la masa salarial se ha situado al nivel de 1989 -hace 29 años- lo que explicaría, entre otras muchas más cosas, el déficit de 18.000 millones de euros de la Seguridad Social en 2017, por descenso en las cotizaciones de trabajadores y empresarios. Ejemplo de no saber gobernar.

Otro ejemplo lo tenemos en las anunciadas subidas de las pensiones; insuficientes y sin garantías para próximos años. La mejora de las pensiones muestran el fracaso de las posiciones de Rajoy hasta hace quince días, cerradas a cualquier subida superior al 0,25 %. Además, no aportan certidumbres. R&R deberían garantizar la revalorización del IPC anual, eliminar el factor de sostenibilidad, cumplir la ley para las pensiones de viudedad y quitar el copago farmacéutico.

Se impone, en definitiva, elevar la mirada más allá de los adornos de Montoro y de las frías cifras y rechazar las cuentas de Rajoy y Ribera. Que se enteren bien: para la izquierda, la democracia conlleva igualdad. Y si lo que avanzan son las desigualdades la democracia se traiciona porque no sirve a sus valores y el Estado Social de Derecho no cumple su función. El nuevo proyecto Socialdemócrata del PSOE va en una dirección alternativa.

Odón Elorza,  Diputado Socialista por Gipuzkoa.

5 de abril de 2018

Publicado en público.es

                                                A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 

D. ODÓN ELORZA GONZÁLEZ, Diputado por Gipuzkoa, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el Art. 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta sobre la “fiscalidad temporal en la UE de las grandes empresas tecnológicas” para que le sea contestada por escrito.

                                                                   EXPOSICION DE MOTIVOS:

La Comisión de la UE ha presentado la pasada semana una propuesta para crear un Impuesto digital a los gigantes tecnológicos que necesitará el apoyo unánime de los Estados miembros para ser aprobada, debiendo transitar por el Consejo Europeo y finalmente por el Parlamento de Europa.

La intención es aplicar un gravamen temporal para plataformas como Google, Facebook y Apple, y responde a la demanda de algunos países de evitar el agujero negro de la tributación fiscal por las actividades digitales de empresas que, en la actualidad, o no lo hacen por elusión y evasión fiscal o su factura es ridícula por tributar en Estados con un Impuesto de Sociedades muy bajo.

Sería un impuesto entorno al 3% de la facturación de las multinacionales digitales que tengan unos ingresos globales superiores a los 750 millones en el mundo y los 50 millones en los Estados de la Comunidad. De ese modo, los países del bloque comunitario podrían recaudar unos 5.000 millones de euros al año y se aplicaría de manera temporal hasta que se aprobara una reforma más amplia y definitiva del Impuesto de Sociedades.

Dicho Impuesto incluiría cambios en su base imponible, de manera que dejen de eludir el pago las empresas que operan en internet y no tienen sus sedes físicamente en territorio de la UE. Este nuevo sistema, según la Comisión Europea, garantiza un "vínculo real" entre el territorio dónde se generan los beneficios digitales y dónde son gravados.

En definitiva, la Comisión trata de evitar que los países de la UE aprueben medidas unilaterales que puedan crear una disparidad de “respuestas nacionales precipitadas”. En particular, la tasa temporal gravaría los ingresos generados por actividades en las que los usuarios juegan un papel central en la creación de valor y que son difíciles de capturar por las normas fiscales actuales.  

En el centro de atención están los ingresos generados por la venta 'online' de espacios publicitarios, las actividades de intermediación que permiten a los usuarios interactuar entre ellos para facilitar la venta de bienes y servicios y la venta de datos aportados por los propios usuarios.

En base a estas consideraciones, formulo al Gobierno la siguiente Pregunta:

1.¿Es el Gobierno partidario de que la UE adopte soluciones globales temporales para la tributación digital de los grandes gigantes tecnológicos o considera que debiera ser cada Estado quien tome decisiones unilaterales aprobando su propia tasa digital?

2-¿Cuáles han sido las aportaciones del Gobierno de España a la Comisión Europea a la hora de articular un nuevo Impuesto Digital de carácter temporal?

3-¿Cuáles son los criterios que en opinión del Gobierno deben fundamentar un nuevo sistema fiscal del siglo XXI para una economía global y digital?

4-¿A cuánto asciende en España la factura fiscal desglosada de Facebook, Amazon y Google a lo largo del periodo 2011-2017 y por qué conceptos?

5-¿Cuáles son las propuestas que defiende el Gobierno de cara a la modificación del Impuesto de Sociedades para hacer efectiva la tributación de las grandes empresas tecnológicas?

En el Palacio del Congreso de los Diputados, a 2 de abril de 2018. 

EL DIPUTADO, ODÓN ELORZA GONZÁLEZ

                                              A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

D. ODÓN ELORZA GONZÁLEZ, Diputado por Gipuzkoa, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el Art. 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Pregunta sobre “la nueva fiscalidad de aplicación a las compañías gigantes de la economía digital”, para que le sea contestada por escrito.

                                                                     EXPOSICION DE MOTIVOS:

En un mundo globalizado, la presencia de las plataformas de comercio electrónico vinculadas a la economía digital, se han ido extendiendo por España y Europa. En la actualidad, las grandes compañías de venta y distribución online han adquirido un gran volumen de negocio y han cogido a las administraciones sin las debidas normas regulatorias.

La manera de comprar se ha revolucionado en esta era digital y la población utiliza la vía de internet por las ventajas que ofrece a los consumidores: la accesibilidad a un gran volumen de ofertas, la atención al cliente, los bajos precios y la rápida distribución del producto hasta el hogar o negocio.

Pero, junto a beneficios indudables de este nuevo fenómeno de la economía, corresponde al Gobierno evaluar y valorar los impactos que provoca la presencia de empresas como Amazon, un gigante del comercio electrónico. Por ejemplo: el cierre de muchas tiendas de comercio en las ciudades que están produciendo un cambio del urbanismo comercial. El comercio tradicional no puede competir con los precios de los numerosos productos y servicios ni con una organización rápida de distribución de las compras, algo que ofrece Amazon y otras empresas de venta online.

De ahí que corresponda a las administraciones públicas, como defensoras del interés general, garantizar que en la competencia de estas operadoras gigantes online con el pequeño comercio se respetan todas las reglas de aplicación habitual a los sectores de actividad económica. Hablamos de las normas de contratación laboral, de los niveles salariales y del cumplimiento de sus obligaciones fiscales en España.

Los complejos entramados societarios ligados a la ingeniería fiscal de las grandes compañías tecnológicas, la elusión fiscal y la evasión fiscal son prácticas a combatir si se quiere conseguir el pago efectivo de los impuestos. Esto exige disponer de las normas adecuadas en cada Estado y de directivas desde las instancias de la UE, así como de políticas de transparencia fiscal internacional.

Por otra parte, las fórmulas de compra a los productores y fabricantes de origen y los comportamientos empresariales tendentes a monopolizar el mercado por parte de las plataformas de comercio online pueden resultar contrarias a las leyes de la competencia. Todo ello debiera merecer su regulación, control y sanción de los comportamientos ilegales.

Desde su implantación, existen problemas en la tributación de estas empresas de comercio online, hasta el punto de convertirse en uno de los grandes retos del futuro para España y la Unión Europea. La idea de partida es que estas grandes corporaciones tecnológicas paguen sus impuestos allí́ donde obtienen sus beneficios.

Lo cierto es que la novedad del sistema y la existencia de reglas de fiscalidad no homogéneas demuestran que la solución no se puede abordar desde un país en solitario, sino a nivel europeo. Nuestro marco fiscal ya no encaja con el desarrollo de la economía digital o con nuevos modelos de negocios. Los Estados miembros de la UE quieren gravar los enormes beneficios generados por la actividad económica digital en cada país, no que paguen en Luxemburgo o Irlanda. Pero se requiere una solución a nivel de la UE que brinde soluciones sólidas para las empresas y los inversores en el mercado único.

Se ha publicado que la Comisión Europea estima que la tasa impositiva efectiva de las empresas digitales que operan en la UE llega a ser la mitad de la que soportan las empresas tradicionales e incluso menor. La realidad es que la normativa actual fue diseñada antes de la explosión del comercio en internet y se ha visto sobrepasada.

Asistimos a un problema global que analizan organismos internacionales como el G20 o la OCDE para determinar, en unas nuevas reglas fiscales, cuestiones como dónde se crea el valor y dónde se grava o qué desencadena el Derecho de un Estado a gravar a las empresas de la economía digital para conseguir que paguen sus impuestos en los territorios donde realmente obtienen sus beneficios y no los trasladen a países con una fiscalidad menor, como ha venido sucediendo. Urge, por tanto, que la Comisión Europea tome medidas normativas y mientras tanto que España aplique con transparencia un régimen fiscal transitorio. 

En base a las anteriores consideraciones, formulo al Gobierno las siguientes Preguntas:

1.¿Desde cuándo el gigante del comercio electrónico, Amazon, paga el impuesto de sociedades en España y en qué cuantías, desglosadas en el periodo 2012-2018?

2.¿Cuál es el régimen tributario que se aplica para determinar el volumen de beneficios y la base imponible sobre la que Amazon debiera pagar sus obligaciones en concepto de Impuesto de Sociedades?

3.¿Cuál es el régimen que se aplica para determinar el importe que debe pagar Amazon en concepto de IVA?

4.¿Qué cantidades ha abonado por el IVA la compañía Amazon en el periodo 2012-2018 y cuál ha sido la tributación media?

5.¿Qué irregularidades y actuaciones ilegales ha detectado, en su caso, el Gobierno desde la oficina tributaria o desde la inspección laboral entre las grandes empresas de la economía digital como Apple, Google, Amazon, Facebook, etc, en materia fiscal, de contratación laboral y de salarios?

6.¿Es cierto que el Ministerio de Hacienda pasa por una transición fiscal al estudiar el establecimiento de un impuesto temporal para gravar a las multinacionales de la economía digital hasta que se apruebe en Europa y España un marco normativo integral y definitivo? ¿Para cuándo se dispondría de esa norma?

7.¿Qué iniciativas ha puesto en marcha la Comisión Europea y el Parlamento Europeo para dotar a la UE de un nuevo marco fiscal que permita gravar de manera justa los enormes beneficios generados por las grandes compañías de comercio y servicios digitales en los Estados europeos?

8.¿Cuál es la agenda que maneja la UE para la reforma de las normas tributarias internacionales y en qué plazo prevé el Gobierno que la UE dispondrá de una nueva normativa fiscal?

9.¿Ha medido el Gobierno el impacto que la entrada en pleno funcionamiento de compañías como Amazon está teniendo en el comercio tradicional de las ciudades? ¿En qué se ha traducido y qué medidas ha tomado el Gobierno para impulsar y apoyar la modernización del comercio tradicional?

En el Palacio del Congreso de los Diputados, a 9 de marzo de 2018. 

EL DIPUTADO, ODÓN ELORZA GONZÁLEZ

Comprendo que para algunas personas que trabajan en favor de la la Memoria democrática y por tanto del reconocimiento a las victimas republicanas de la guerra civil y la dictadura -yo también trabajo por esos objetivos- puede resultar difícil entender la votación del PSOE ayer en el Congreso en relación a la derogación de la ley de amnistía de 1977.

Pero, antes de nada, déjame, lector, que te haga una pregunta: ¿imaginas lo que supondría para la convivencia en este país, en un momento en el que parece que de repente se hubieran despertado toda clase de nacionalismos, que se presentaran en los juzgados un montón de querellas de diferente color, removiendo episodios de desapariciones, asesinatos, fusilamientos, torturas etc, acaecidos hace 70 u 80 años (aunque algunos hechos fueran más recientes)?

Conviene recordar que la inmensa mayoría de los responsables de aquellas atrocidades en la guerra civil y durante la dictadura de Franco, han muerto o tienen cerca de 100 años y que, ante las denuncias, los Tribunales alegarían la no retroactividad de las leyes o la prescripción de los delitos.

También es cierto que hay prestigiosos juristas que entienden que el Derecho Internacional, en relación con los crímenes de lesa humanidad en la época de la guerra civil y la dictadura, prevalece sobre las interpretaciones de la Ley de Amnistía de 1977. En este caso, y con esa tesis jurídica, quienes deseen formular denuncias por crímenes contra la humanidad, deben seguir intentándolo ante los Tribunales sin desmayo y hasta conseguir abrir una brecha.

Los socialistas ni podemos romper ahora con el espíritu de búsqueda de la reconciliación que supuso el difícil y condicionado Pacto de la Transición a la Democracia por el que la izquierda tanto luchó en las calles, aunque nos doliera tragar con la impunidad de los franquistas y torturadores tras la Ley de Amnistía bajo la tutela de los poderes facticos y los restos del régimen franquista. Ni admitimos la posición del PP y C’s que siguen negando las consecuencias de la guerra civil y la larga dictadura como las asignaturas pendientes de la reparación a las víctimas en cunetas o en El Valle de los Caídos.

Entiendo que la prioridad hoy es luchar para lograr la recuperación de la dignidad de las miles de víctimas del franquismo que siguen olvidadas en fosas y cunetas, exhumando sus restos y entregándolos por el Estado a sus familias. Además de crear por ley una Comisión de la Verdad y resignificar el mausoleo de El Valle. También se debieran retirar condecoraciones y privilegios a policías torturadores. 

Esto lo defendemos y se recoge en la proposición de Ley del PSOE, que registré el 14 de diciembre de 2017 para ampliar la Ley de Memoria de Zapatero (2007). Sin embargo, PP y C’s han impedido su tramitación y debate en el Congreso porque NO quieren una Memoria basada en la verdad, la justicia y la reparación.

Pero no vamos a ceder. Y menos cuando quedan miles de víctimas sin reconocer y sin exhumar y un dictador enterrado bajo un altar en un mausoleo público levantado para la exaltación del franquismo.

Odón Elorza / Diputado Socialista por Gipuzkoa

Madrid, 21 de marzo de 2018