La Noticia Falsa que Melchor Miralles difundió contra mi en un vídeo plagado de injurias en las redes sociales, se hacía eco de una denuncia sin base presentada por Mario Díez, el abogado de las víctimas del caso del fotógrafo Kote Cabezudo en San Sebastián. Pues bien, dicha denuncia fue archivada definitivamente por el Juez el pasado julio. 

El Juez del Juzgado de Instrucción n.4 de San Sebastián, el mismo que decretó prision provisional para Cabezudo, dictó un AUTO de acuerdo con el Fiscal. En él se establece el sobreseimiento definitivo o ARCHIVO DE LA DENUNCIA que fabricó Mario Diez tratando de relacionarme con el caso Cabezudo, un sumario sobre pederastia, abusos sexuales, etc.

Han transcurrido 7 meses desde que escribí “YO ACUSO” en respuesta al intento de Miralles y Díez de provocar un linchamiento político al intentar vincularme a dicho sumario junto con otras personalidades de la ciudad. 

Diez se inventó una estrambótica denuncia presentada el pasado 15 de febrero ante la Fiscalía General del Estado. Ese escrito fue filtrado, a pesar de que no se podía hacer público, y, al mes, Miralles difundió su vídeo en las redes con comentarios injuriosos contra mi. Además, se envió a cientos de periodistas para intoxicar, pero no les funcionó. Ya entonces expliqué que detrás de aquella miserable denuncia no podía existir ninguna prueba ni testimonio creíble ni riguroso en mi contra. 

A lo largo de estos meses ha quedado en evidencia el afán de protagonismo y de sacar rentabilidad profesional a esta FAKE NEWS pr parte de Miralles y Díez, a costa de vender un escándalo que atacaba mi honor en aquellos 20 duros años que pasé al frente de la Alcaldía de San Sebastián. Por cierto, el contenido de los informes oficiales del Ayuntamiento, solicitados por Miralles, también desmontan sus burdas acusaciones. 

El acoso que he sufrido de Mírales y Díez desde las redes sociales, ha sido apoyado por gentes y trolls de orientación ultra en su mayoría, como se ha constatado. Y alimentada por escasos medios minoritarios en la órbita de la derecha más rancia, como Intereconomía televisión o de extrema derecha como La Tribuna de España o la de Cartagena. 

En ese tiempo, el Juez del Juzgdo de Instrucción n.4 de San Sebastián ha practicado diligencias de investigación, como las comparecencias de “testigos protegidos” señalados en la denuncia de Mario Díez. De ese proceso no fui informado ni citado a declarar. El contenido de aquellas comparecencias, más allá de mis conjeturas, lo desconozco. 

A pesar de la decisión judicial de archivar esta pieza, el abogado Mario Díez así como personas ultras y cuentas creadas para tal fin, siguen lanzando insidias y ataques a mi honor en las redes, siempre ocultando la existencia del Auto de archivo definitivo de su denuncia. Sería muy necesario dar a conocer la totalidad del Auto como un ejercicio de transparencia. 

Por otra parte, la QUERELLA CRIMINAL por injurias que interpuse en Madrid contra Miralles, fue admitida a trámite y ha iniciado su andadura en septiembre en el Juzgado de Instrucción n.5, con la aportación por mi parte de pruebas y con una comparecencia de Miralles como denunciado en diligencias previas. Seguiré con ánimo y perseverancia para evitar la impunidad de quienes han cometido un posible delito de injurias. 

Por último, se ha registrado una acumulación de denuncias por posible delito de injurias y calumnias en el Juzgado n.2 de San Sebastián, presentadas por diferentes personas que aparecíamos citadas en la estrambótica denuncia de Díez. Las acusaciones se dirigen en este caso, entre otro, contra Mario Diez y Melchor Miralles. Veremos qué sucede en las diligencias previas pero yo estoy deseando comparecer en ambos casos para detallar mis denuncias y responder a las preguntas de todas las partes, sin ningún miedo ni privilegio. 

Ahora tendré que dedicar mucho tiempo a intentar limpiar todas las injurias que unos miserables han dejado colgadas en las redes. 

Un abrazo. 

San Sebastián 28 de octubre de 2018. 

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YO ACUSO 

(22 de marzo de 2018) 

Imagínate que de repente, un día, una periodista amiga te llama apurada para decirte que alguien ha subido un vídeo a las redes en el que se te acusa de haber captado chicos y chicas, algunos menores, para una agencia de modelos y azafatas que los ponía en relación con un fotógrafo que les sometía a abusos sexuales. Imagínate que también te acusan de financiar con dinero público esa actividad y de ser parte de un lobby homosexual en tu ciudad.

¿Eres capaz de imaginarte por un momento que eso te pudiera estar pasando a ti y que todo el mundo se estuviera enterando por las redes de que eres un ser abominable? Tu familia, tus amigos, los vecinos, la gente del trabajo ... Añade a eso el hecho de que eres consciente de que, ante semejantes injurias, tu indefensión es total y que no puedes hacer nada para acabar en poco tiempo con semejante escándalo porque, lanzada la mentira, en las redes todo circula a gran velocidad. Sabes que el daño a tu honor ya está hecho y que ni hay mecanismos previstos en democracia que impidan esos comportamientos ni los procesos judiciales son rápidos. 

Estás intoxicaciones vienen pasando en España en las redes sociales. Eso que te he contado me está sucediendo a mí ahora. Y me hago mil preguntas sobre el por qué y sobre las intenciones que hay detrás de estas injurias. ¿Razones políticas o simple venganza? Pero, de momento, no tengo todas las respuestas aunque me voy acercando a las conclusiones.

Ante las INJURIAS, difundidas por quien se dice “periodista” - Melchor Miralles - en un video blog colgado en internet y relacionándome, vinculándome, con el llamado “caso Kote Cabezudo”, quiero que tú sepas que todas las acusaciones directas o veladas contra mi persona son absolutamente falsas; todas y cada una de ellas. Han fabricado una gran mentira y están haciéndose publicidad -con la colaboración en las redes de la extrema derecha- injuriándome con una NOTICIA FALSA. Esta porquería no tiene NADA que ver con el ejercicio de la libertad de expresión y menos conociendo la trayectoria del “periodista”.

No podría expresar la impotencia y el dolor que siento en mi persona y en la de mi familia, amigos y compañeros al ser acosado en las redes de modo tan gratuito y viendo atacados mi honor y honradez tras 20 años como Alcalde de San Sebastián sin que exista ninguna denuncia judicial. El honor y la honradez son el mayor patrimonio para un político.

Nunca he figurado en el procedimiento judicial seguido en el Juzgado N. 4 de San Sebastián tras la denuncia, en 2013, sobre el llamado “caso Cabezudo”. Por tanto, nunca he recibido acusación, notificación o imputación alguna desde las instancias judiciales. Ni siquiera en el delirante escrito que remitió el abogado Mario Diez al Fiscal General, hace un mes, consta una denuncia formal contra mí. Escrito que Miralles no ha publicado íntegro aunque contenga -según él- una trama de personalidades relacionadas con el caso Cabezudo y a quien supuestamente protegían. 

¿Te has preguntado desde cuándo acusaciones tan graves se hacen públicas fuera de los juzgados, en base a una  intoxicación en las redes contra el honor de las personas? Acusaciones FALSAS que luego ahí quedan, difíciles de borrar,   aunque ganes juicios al cabo de años.

Las redes sociales serán cada día más tóxicas y manipulables por mil intereses bastardos; sé bien lo que digo. En lo que a mí se refiere quieren provocar un linchamiento y convertir las redes sociales en un gran jurado virtual. Hoy me toca a mí aunque mañana puedes ser tú. Hay gente sin principios dispuesta a cualquier cosa. 

Mi respuesta es mi propia trayectoria y la denuncia de estas injurias repugnantes, a su autor o autores, en defensa de mi honor. Tras la denuncia en el Juzgado de Guardia el mismo día que subieron el video, este viernes día 23 estará interpuesta una QUERELLA criminal (con señalamiento de los delitos y petición de una indemnización de 100.000 € destinada a una ONG) contra el citado periodista y contra quienes estén implicados en la difusión de delitos de injurias en las redes. 

Odón Elorza / 22 de marzo de 2018.

Nota añadida: El día 11 de junio se verá, en el Juzgado de 1a Instancia n. 42 de Madrid, la Demanda de Conciliación que he presentado contra Miralles y su empresa. 

Ante las difamaciones difundidas por el periodista Melchor Miralles en un vídeo colgado en internet, relacionándome con el llamado “caso Kote Cabezudo”, denuncio que sus acusaciones directas o veladas contra mi son absolutamente falsas, todas y cada una de ellas. No comprendo la intencionalidad política que persiguen.

Es tremenda la impotencia y el dolor que siento en mi persona y en la de mi familia al ser acosado en las redes de modo tan gratuito y viendo atacados mi honor y honradez.

La verdad es que no figuro en el procedimiento judicial seguido tras la denuncia del referido caso en el Juzgado N. 4 de San Sebastián en 2013. Por tanto, desconozco el fondo del caso y nunca he recibido notificación de ninguna instancia judicial.

¿Desde cuándo acusaciones tan graves se hacen fuera de los juzgados, en base a puras intoxicaciones contra el honor de las personas que se lanzan en las redes y luego ahí quedan? ¿Quieren convertir las redes sociales en un jurado virtual?

En todo caso, en defensa de mi honor, nada más ver el vídeo presenté el miércoles 14 una DENUNCIA en el Juzgado de Guardia de la Plaza de Castilla en Madrid. Esta semana quiero interponer una QUERELLA Criminal contra el citado periodista y contra quienes estén implicados en un delito de injurias, con difusión pública en las redes; algo muy grave.

Confío en la justicia, por ello pido a la Fiscalía General que tome cartas en este asunto con todas las consecuencias.

Odón Elorza

18 de marzo de 2018

Los Socialistas hemos presentado una Proposición de Ley el pasado diciembre para ampliar la Ley de Memoria de 2007 con el objetivo de defender mejor la Cultura de la Reconciliación, para defender la Memoria Democrática y la dignidad democrática de los Republicanos que permanecen a miles sepultados en las cunetas.

Lo hacemos para cerrar heridas de la guerra civil y la dictadura.

Son los comportamientos del Gobierno y su no aplicación de la ley de Memoria lo que nos llevó a presentar esta Proposición que ustedes han vetado, haciendo un uso abusivo del art.134 de la Constitución. Tras el veto, el PP y C’iudadanos, desde la Mesa del Congreso y sin representar a la mayoría de la Cámara, impiden su tratamiento en el Parlamento. Porque lo tienen secuestrado.

Qué desvergüenza y qué manera tan miserable de secuestrar, de impedir la función legislativa del Parlamento.

En definitiva:

-¿Por qué veta el Gobierno nuestra iniciativa?

-¿Cuánto dinero cuesta recuperar la dignidad de miles de hombres y mujeres Republicanos que siguen olvidados en fosas?

-¿Qué alternativa tiene, entonces, el gobierno para recuperar a los “desaparecidos forzosos” y darles un digno entierro por sus familias, para democratizar los nombres de calles, resignificar El Valle de los Caídos y cumplir con las sentencias judiciales firmes?

Nuestra reforma de la ley pretende que el Estado lidere con celeridad su obligación de exhumar miles de cadáveres. Es una cuestión de dignidad democrática nacional. Son heridas de la guerra civil que aún están abiertas.

Lo incoherente es que este Gobierno no colabora con las exhumaciones en su territorio pero, en cambio, sí ayuda a la exhumación y repatriación de los restos de soldados de la División Azul desde Rusia.

Este Gobierno defiende la Memoria del Franquismo, eso es lo grave, manteniendo la situación del Valle de los Caídos como un espacio de memoria franquista y con un dictador enterrado junto al altar mayor. Mientras, miles de restos de cadáveres, que fueron llevados allí contra la voluntad de sus familias, permanecen secuestrados por el prior de los benedictinos con la complicidad del PP y Ciudadanos y de un Gobierno que no hace nada por cumplir sentencias judiciales.

El Gobierno permite que un General en la reserva, Chicharro Ortega, tome posesión de la Presidencia de la Fundación Franco y realice discursos de enaltecimiento del régimen de la dictadura, algo que nuestra Proposición pretendía evitar ilegalizando la apología del franquismo y las asociaciones franquistas.

El Pdte del Gobierno, Rajoy, es quien se molestó, el 30 de noviembre en un acto oficial, por el cambio democrático del nombre de una calle en Marin (Pontevedra), dedicada antes a un Ministro con Franco, Almirante Salvador Moreno, para pasar a denominarse Rosalía De Castro.

En definitiva, este Gobierno del PP evidencia la presencia del franquismo en su ADN y se empeña en defender la Memoria del Franquismo, no una Memoria democrática. Además, desprecia las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y del relator de la ONU sobre desapariciones forzosas.

No vamos a parar hasta que los restos del último Republicano sean sacados de las cunetas. No olviden, ni el PP ni Ciudadanos, que el PSOE seguirá defendiendo la Cultura democrática de la Reconciliación frente a los desprecios del Gobierno a la Ley de Memoria de 2007 promovida por un Gobierno Socialista con el Presidente Rodriguez Zapatero.

Odón Elorza

Diputado Socialista por Gipuzkoa

Palacio del Congreso, 14 de marzo de 2018.

En un mundo globalizado, las plataformas de comercio electrónico vinculadas a la economía digital han ido ganando cuota de mercado en España. En la actualidad las compañías gigantes de venta y distribución online han alcanzado un gran volumen de negocio que merece varias reflexiones. De entrada, nos enfrentamos a una situación de descontrol fiscal que debía haberse previsto y que ha cogido a las administraciones sin las necesarias normas reguladoras del nuevo fenómeno.

La manera de comprar se ha revolucionado en esta era digital y la población utiliza la vía de internet por las ventajas que ofrece a los consumidores: la accesibilidad a un gran número de ofertas detalladas, la rápida atención al cliente, los mejores precios en comparación con los que se encuentran en los sistemas de compra tradicional y la pronta distribución del producto hasta el hogar o negocio.

Pero junto a los beneficios indudables de la venta online, conviene que el Gobierno evalúe y valore los impactos y lagunas que conlleva la actividad de empresas como Amazon, un gigante del comercio electrónico. Por ejemplo: provoca el cierre de muchos pequeños comercios en las ciudades que no pueden resistir aquella competencia y que produce un cambio en lo que ha sido uno de los atractivos de los núcleos urbanos: el urbanismo comercial, la vida y la compra por las calles. El comercio tradicional no puede competir con los precios de los numerosos productos y servicios ni con una organización rápida de distribución de las compras, algo que ofrece Amazon y otras plataformas de venta online. Ese comercio necesita, con la colaboración de las autoridades, una urgente adaptación a los tiempos de la revolución tecnológica para sobrevivir.

De ahí que corresponda a las administraciones públicas, como defensoras del interés general, garantizar que en la competencia de estas operadoras gigantes frente al pequeño comercio se respetan los principios de aplicación habitual a los sectores de actividad económica. Me refiero al respeto a los derechos humanos en los paises de producción en origen, a las normas de la competencia, a la contratación laboral, a niveles salariales dignos y, en especial, al cumplimiento de las obligaciones fiscales sin tratamiento privilegiado. .

Los complejos entramados societarios ligados a la ingeniería fiscal de las grandes compañías tecnológicas, la elusión fiscal y la evasión fiscal son prácticas a combatir si se quiere conseguir el pago efectivo de los impuestos. Esto exige disponer de las normas adecuadas en cada Estado para acabar con los fraudes, en base a directivas previas armonizadoras desde las instancias de la UE, así como la práctica de políticas de transparencia fiscal internacional que muchas países no cumplen.

Por otra parte, las fórmulas de compra a los productores y fabricantes de origen y los comportamientos empresariales en las redes, tendentes a monopolizar el mercado por parte de las plataformas de comercio online, pueden resultar contrarias a las leyes de la competencia. Todo ello exige su regulación, control y sanción de los comportamientos ilegales como lo intenta la Comisión Europea.

Desde su implantación, existen problemas en la tributación de estas poderosas e influyentes empresas, hasta el punto de convertirse en uno de los grandes retos del presente para España y la Unión Europea. La idea de partida es que estas grandes corporaciones tecnológicas paguen sus impuestos allí́ donde obtienen sus beneficios por las operaciones que realizan, más allá de donde tengan fijada su sede social. 

Se ha publicado que la Comisión Europea estima que la tasa impositiva efectiva de las empresas digitales que operan en la UE llega a ser de casi un tercio de la que soportan las empresas  tradicionales. La realidad es que la normativa actual del Impuesto de Sociedades fue diseñada antes de la explosión del comercio en internet y se ha visto sobrepasada. Es urgente acordar los criterios para fijar una base imponible común.

Lo cierto es que la novedad del sistema y la existencia de reglas fiscales no homogéneas, demuestran que la solución no se puede abordar desde un país en solitario, sino a nivel europeo. Nuestro marco fiscal ya no sirve a la vista del desarrollo de la economía digital y los nuevos modelos de negocios. Algunos Estados miembros de la UE quieren gravar los enormes beneficios generados por la actividad económica de las plataformas digitales en cada país. Y no que paguen la factura fiscal en Luxemburgo o Irlanda, países que además les conceden ayudas públicas y ofrecen baja presión fiscal a las grandes empresas.

Por eso se requiere una solución de armonización fiscal en el ámbito de la UE que acuerde reglas claras para esas empresas y para los inversores en el mercado único. Asistimos a un problema global que analizan organismos internacionales como la OCDE, el G-20 o la propia Comisión Europea para aprobar unas nuevas reglas fiscales. Deben determinar cuestiones como dónde se crea el valor y dónde se grava o qué genera el derecho de un Estado a gravar a las empresas de la economía digital para conseguir que paguen sus impuestos en los territorios donde realmente obtienen sus beneficios y no los trasladen a países con una fiscalidad rebajada, como ha venido sucediendo.

En el marco de esta transición fiscal -hasta que se apruebe en Europa y España un marco normativo integral y definitivo- y en el ejercicio de la transparencia, el Gobierno debería dar a conocer datos relevantes. Como cuál es el régimen tributario que se aplica para determinar el volumen de beneficios y la base imponible sobre la que Amazon, Apple, Google, Facebook, etc, deben pagar el Impuesto de Sociedades o la manera de controlar las transacciones comerciales online realizadas para que liquiden el IVA correspondiente. 

Son preguntas que he formulado en el Congreso al Ministro Montoro, el del secretismo de su amnistía fiscal. Igualmente he presentado otras para saber desde cuándo los gigantes del comercio electrónico pagan el Impuesto de Sociedades y el IVA en España -si es que los pagan- y de qué cuantías hablamos, desglosadas en el periodo 2012-2018. Ya sabemos que la transparencia no es el fuerte del Gobierno Rajoy.

San Sebastián a 12 de marzo de 2018

ODÓN ELORZA , Diputado Socialista por Gipuzkoa y miembro de la CEF del PSOE.

Publicado en eldiario.es