Estimados compañeros:
El día 6 de noviembre de 2012 presenté a la dirección del Grupo una Interpelación seguida de Moción con un conjunto de medidas para abordar la regeneración democrática de nuestras instituciones. En esa línea, la propuesta de dotarnos de una "Agenda propia sobre la Regeneración Democrática" permitiría al Partido Socialista adoptar una posición más pro-activa para avanzar en ese objetivo y en la lucha eficaz contra la corrupción.
La importancia de la puesta en marcha de esta Agenda guarda relación con la idea extendida entre la opinión pública de que el proceso de regeneración está parado, que el Gobierno y el Parlamento no hacen nada ante la no aprobación y aplicación de medidas prácticas y cambios normativos que permitan acabar con la corrupción y un mayor control y transparencia en el funcionamiento del sistema político.
"La corrupción es un veneno para la democracia -decía Alfredo P. Rubalcaba en su intervención en el Pleno sobre el estado de la nación- ... pone en cuestión a los poderes y administraciones públicas, lesiona el funcionamiento normal de los servicios y daña a los intereses generales al perjudicar a la Hacienda Pública".
Pero, muy especialmente, la corrupción provoca la desafección ciudadana hacia la política, el desprestigio de los políticos y deteriora profundamente la confianza de la ciudadanía en la democracia y en sus instituciones. Sobre todo cuando en plena crisis económica la corrupción es noticia permanente en una realidad cotidiana caracterizada por una situación de sufrimiento y miedo al futuro para millones de familias por el desempleo masivo y el aumento de la desigualdad social.
Para el PSOE la lucha contra la corrupción debe ser un compromiso colectivo en el que se impliquen todos los poderes públicos. Por tanto, el PSOE debe plantearse como un objetivo prioritario tanto la prevención de los comportamientos corruptos para impedir su comisión como la sanción de dichos comportamientos en el caso de que, pese a todo, se produzcan.
Pues bien, tras el debate del 26 de febrero en el Congreso sobre el estado de la nación, se aprobó una Resolución con un conjunto de actuaciones propuestas por el PP y apoyada por otros Grupos. No así por el PSOE e IU que se abstuvieron. Con ella, se pretendía dar respuesta a las demandas urgentes de la sociedad española para abordar la regeneración de la política y mejorar la calidad de la democracia.
Sin embargo, esa Resolución no tiene un alcance suficiente para dar respuesta a todos los problemas detectados y a las carencias de la legislación. Tampoco se aprobaron compromisos sobre plazos y un plan de seguimiento especial por parte de los Grupos Parlamentarios para asegurar que las medidas a desarrollar y las propuestas de reforma legislativa se plantearán por el Gobierno al Congreso con la celeridad exigible y con la profundidad necesaria. Por eso entiendo que podemos hacer mucho más y que cometeríamos un error si permaneciéramos a la espera dejando que el PP marque los tiempos de este proceso regenerador y sus contenidos. Sería tanto como dar un cheque en blanco a un Gobierno que no cree en la lucha contra la corrupción y en la transparencia porque está detrás de los casos Bárcenas y Gürtel entre otros.
Este Gobierno que se burla del Parlamento gobernando a golpe de Decretos-Leyes e impidiendo Comisiones de Investigación, no tiene credibilidad en cuestiones tan sensibles para la democracia española. Y corresponde al Grupo Parlamentario Socialista, como primera fuerza política de la oposición, plantear iniciativas que demuestren que el Parlamento ni está muerto ni es ajeno a las reivindicaciones ciudadanas, realizar el control sobre el impulso comprometido por el Gobierno a los acuerdos aprobados por el Congreso y activar su ágil tramitación dentro de un calendario que debiera ser público.
Por otra parte, el PSOE ya recogió entre las resoluciones del último Congreso Federal y en el Programa Electoral del 20-N, diferentes propuestas y actuaciones en materia de regeneración del sistema democrático y recuperación de la credibilidad para la política. Sin olvidar las iniciativas planteadas contra la corrupción por el propio Secretario General del PSOE en el referido debate plenario sobre el estado de la nación de este año.
De ahí mi propuesta a la dirección del Grupo Parlamentario Socialista que se dote de su propia "Agenda estratégica para activar la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción".
Con esta Agenda se persiguen los siguientes objetivos:
1- Realizar un seguimiento, análisis y control diario de la política general del Gobierno de Rajoy en cuestiones relacionadas con la regeneración, calidad de la democracia y lucha contra la corrupción, creando para ello un grupo intensivo de trabajo y control formado por diputados socialista y abierto a organizaciones y colectivos que trabajan en esos campos.
2- Impulsar de modo específico el cumplimiento de los compromisos acordados el pasado 26 de febrero por el Congreso en la Resolución sobre regeneración democrática, transparencia y corrupción como consecuencia del debate sobre el estado de la nación. Así como preparar con antelación la respuesta del GPS a los proyectos derivados de dicha Resolución que debe presentar la Vicepresidenta del Gobierno ante las Comisiones del Congreso, consistentes en propuestas de reformas legales para su debate y aprobación.
3- Preparar y presentar sin demora un Manifiesto contra la corrupción desde nuestras posiciones, que dé forma a nuevas iniciativas del GPS en el Congreso para complementar las carencias de la Resolución del DEN-13 con el objetivo de afianzar las bases de una democracia ética, transparente y participativa que ayuden a recuperar la confianza de la ciudadanía en la política.
4- Impulsar los trabajos de la reforma urgente del Reglamento del Congreso y a la vez presentar a la ciudadanía nuestro modelo de Parlamento Abierto y Participativo.
Odón Elorza. Diputado Socialista por Gipuzkoa.
7 de mayo de 2013
ANEXO I :
Resolución de 26 febrero 2013 sobre "Regeneración democrática, transparencia y lucha contra la corrupcion" debatida en el Pleno del Congreso. Aprobada con los votos a favor de PP, UPyD, CIU, PNV, ... y la abstención de PSOE e IU.
El Congreso de los Diputados considera necesario un acuerdo de las fuerzas políticas, con el fin de adoptar cuantas medidas de regeneración democrática, fortalecimiento institucional y lucha contra la corrupción sean precisas para que los ciudadanos aumenten su confianza en las instituciones. Entre otras, este acuerdo debería incorporar las siguientes iniciativas:
1. La elaboración de un pacto ético entre los partidos respecto al tratamiento de los casos de corrupción y de los encausados.
2. La creación de una comisión independiente formada por personas de amplio reconocimiento y prestigio social que elabore un informe para su remisión al Parlamento sobre la regeneración de la democracia.
3. La aprobación por parte del Gobierno de los siguientes proyectos de ley para su remisión al Parlamento:
a) Ley Orgánica de Control de la Actividad Económica y Financiera de los Partidos Políticos con nuevas exigencias a los partidos, como los procedimientos mínimos de aprobación de cuentas, que, en todo caso, deberán ser aprobadas y remitidas al Tribunal de Cuentas en los primeros tres meses del año siguiente al ejercicio al que se refieran, la regulación del papel de los responsables económico- financieros de estas organizaciones, así como el tratamiento de las donaciones a los partidos políticos.
b) Reforma de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas para articular más instrumentos de control para poder optimizar la capacidad de respuesta, en tiempo adecuado, del Tribunal de Cuentas, así como más medios para su desarrollo y fórmulas de colaboración por parte de la AEAT, el INSS y la Oficina de Conflictos de Intereses.
c) Reforma de la Ley de Contratos del Sector Público para fortalecer el régimen de las prohibiciones de contratación con el sector público a todas las personas físicas y jurídicas condenadas por corrupción.
d) Ley Reguladora del Ejercicio de las Funciones Políticas, que constituya un verdadero Estatuto del Cargo Público al servicio de la Administración General del Estado. Esta norma debería incluir, entre otras, las siguientes medidas: la regulación de la publicación de las declaraciones tributarias, de bienes y de actividades de los cargos públicos; la realización de auditorías de la situación patrimonial de los altos cargos al final del mandato; el establecimiento de escalas de retribución de los cargos públicos de la Administración General del Estado; la determinación y límites de los sistemas de protección social; la limitación de la compensación tras el cese, y el refuerzo de la Oficina de Conflicto de Intereses.
e) Reforma del Código Penal para endurecer la sanción de la corrupción. En concreto, se analizará el tratamiento penal de los siguientes delitos existentes en la legislación penal y de nuevos comportamientos que pudieren ser incorporados: prevaricación, cohecho, apropiación indebida, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales, delitos urbanísticos, omisión o falsedad deliberada por parte de los partidos politicos de sus cuentas y patrimonio social, financiación ilegal y enriquecimiento injustificado de los cargos públicos electivos. Asimismo se determinará el aumento de los plazos de prescripción para esos delitos.
f) Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y, en su caso, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para clarificar la competencia de los Tribunales y agilizar los procedimientos para la persecución de los delitos de corrupción para que el tiempo de respuesta ante el delito no sea, en ningún caso, ni una forma de impunidad para el delincuente, ni una condena pública sin sentencia.
4. En el ámbito parlamentario, se adoptarán los siguientes acuerdos:
a) Incorporación a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno de los siguientes extremos:
I. La mejor fórmula para incorporar a la Ley de Transparencia a los partidos políticos, las organizaciones sindicales y empresariales y aquellas entidades e instituciones que se financian esencialmente a través de dinero público.
II. Cláusula de inmediata entrada en vigor de las obligaciones de transparencia de los partidos políticos.
b) Estudio, en las correspondientes comisiones parlamentarias, de los siguientes aspectos:
I. Medidas oportunas a adoptar para regular las organizaciones de intereses o "lobbies", con medidas que clarifiquen cuáles pueden ser sus actividades y cuáles deben ser sus límites.
II. Forma de aplicación a Diputados y Senadores de las normas de transparencia incluidas en la futura Ley Reguladora del Ejercicio de las Funciones Políticas, estableciendo un procedimiento concreto de publicidad de las declaraciones tributarias, de actividades y bienes.
III. Reformas necesarias para modernizar las campañas electorales (sondeos, tratamiento por los medios, debates e incluso duración).
IV. Nuevas medidas a adoptar contra el transfuguismo político.
V. Posibles reformas de la Ley Orgánica reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular para facilitar su impulso y tramitación.
VI. Posibles reformas de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para mejorar el procedimiento de votación de los ciudadanos españoles residentes en el exterior.
VII. La puesta en marcha inmediata de la Oficina Presupuestaria de las Cortes Generales.
ANEXO II :
Nota de Prensa sobre los trabajos del Gobierno vinculados con la Resolución Parlamentaria.
La vicepresidenta apuesta por fortalecer las instituciones y cerrar espacios a la corrupción miércoles, 13 de marzo de 2013. Vídeo
Página web de La Moncloa, Madrid - 13/03/2013
100:34Imágenes de la reunión del Grupo de Trabajo para el cumplimiento del Acuerdo sobre regeneración democrática.
La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha presidido en La Moncloa la reunión constitutiva del grupo de trabajo que liderará las reformas del Gobierno en materia de regeneración democrática.
Este grupo de trabajo, que estará coordinado por el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, está integrado por el director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, así como por representantes de primer nivel de los ministerios de la Presidencia, Justicia, Hacienda y Administraciones Públicas, e Interior.
Se constituye para dar cumplimiento del Acuerdo Parlamentario sobre Regeneración Democrática.
Sáenz de Santamaría ha pedido a los integrantes del Grupo de Trabajo que dediquen todos los esfuerzos y medios al alcance del Gobierno para fortalecer las instituciones y cerrar espacios a la corrupción en la vida pública.
> Acuerdo lo más amplio posible.
Como ha recordado la vicepresidenta, fue el presidente del Gobierno quien, en el discurso en el debate sobre el estado de la nación, insistió en la propuesta de un acuerdo lo más amplio posible para adoptar un programa eficaz de medidas de regeneración democrática.
El acuerdo se materializó en una propuesta de Resolución, aprobada con un amplio respaldo por el Congreso de los Diputados el pasado 26 de febrero, que contiene un amplio abanico de medidas políticas, jurídicas y de orden práctico que supondrán más límites, más control y más transparencia en la actividad pública.
El impulso de estas medidas corresponde tanto al Gobierno de la nación, que instrumentará las reformas legislativas necesarias para hacerlas efectivas, como a los Grupos Parlamentarios, que habrán de abordar las cuestiones que corresponden a las Cortes Generales.
> Prioridad del Gobierno
Sáenz de Santamaría ha reclamado a los miembros del Grupo de Trabajo que dediquen el máximo esfuerzo a la puesta en marcha de las medidas, porque estas reformas constituyen también una prioridad de Gobierno.
La número dos del Ejecutivo ha recordado que el Gobierno de Rajoy viene trabajando en medidas de regeneración desde el comienzo de la Legislatura. Como prueba, señaló que el Consejo de Ministros del 30 de diciembre de 2011, el primero con decisiones legislativas, decidió remitir a las Cortes un Proyecto de Ley de Reforma de la Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos que, en su tramitación parlamentaria, y tras un amplio acuerdo político, supuso, además de la reducción de las subvenciones que reciben las formaciones políticas, que estas organizaciones asumieran nuevas y más amplias obligaciones de transparencia y control.
PROPUESTAS NORMATIVAS:
El grupo de trabajo ha marcado en su primera reunión las tareas que han de emprender los ministerios en relación con todas y cada una de las medidas. Concretamente, la vicepresidenta ha encargado a los integrantes del Grupo de Trabajo la elaboración de las siguientes propuestas normativas:
1. Ley Orgánica de Control de la Actividad Económica y Financiera de los Partidos Políticos.
Las medidas se proyectarán sobre los partidos políticos, como obligados por la norma, y sobre el Tribunal de Cuentas, como responsable del control y fiscalización de los mismos.
Esta norma supondrá la reforma de la Ley Orgánica 6/2001, de Partidos Políticos, y de la Ley Orgánica 8/2007, de Financiación de los Partidos Políticos.
El contenido del Anteproyecto de Ley incluirá:
Obligación de establecer un procedimiento de aprobación de cuentas en los estatutos de los partidos. Las cuentas deberán ser aprobadas y remitidas al Tribunal de Cuentas en los primeros tres meses del año siguiente al ejercicio al que se refieran. Obligación de depósito de las cuentas en un registro público.
Regulación de la figura del responsable de la gestión económico-financiera de los partidos políticos.
Comparecencia anual obligatoria del responsable financiero de cada partido ante la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas.
Establecimiento del deber formal de colaboración del responsable de la gestión económico-financiera con el Tribunal de Cuentas.
Establecimiento de un procedimiento normalizado de contratación por parte de los partidos políticos.
2. Reforma de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas.
Con esta reforma se pretende dotar al Tribunal de Cuentas de más medios para el ejercicio de sus funciones y de articular más instrumentos de control para optimizar su capacidad de respuesta.
El contenido de este Anteproyecto de Ley recogerá:
La definición de fórmulas de colaboración entre el Tribunal de Cuentas y determinados organismos públicos como la Agencia Estatal de Administración Tributaria, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Oficina de Conflictos de Intereses. La fiscalización por parte del Tribunal de Cuentas de todos los ingresos y gastos de las fundaciones vinculadas a los partidos políticos.
3. Reforma de la Ley de Contratos del Sector Público.
El objetivo de la reforma es el fortalecimiento del régimen de las prohibiciones de contratación con el sector público a todas las personas físicas y jurídicas condenadas por delitos relacionados con la corrupción.
4. Ley Reguladora del Ejercicio de las Funciones Políticas.
Se trata de aprobar un verdadero Estatuto del Cargo Público al servicio de la Administración General del Estado.
Esta norma incluirá, entre otras, las siguientes medidas:
Establecimiento de escalas de retribución de los cargos públicos de la Administración General del Estado.
Regulación de la publicación de las declaraciones tributarias, de bienes y de actividades de los cargos públicos.
Realización de auditorías de la situación patrimonial de los altos cargos al final del mandato.
Determinación y límites de los sistemas de protección social.
Limitación de la compensación tras el cese.
Refuerzo de la Oficina de Conflicto de Intereses.
5. Reforma de la Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal.
El objetivo de esta reforma es el endurecimiento de las penas asociadas a los delitos relacionados con la corrupción.
En concreto, se analizará el tratamiento penal de los siguientes delitos existentes en la legislación penal y de nuevos comportamientos que pudieran ser incorporados: prevaricación; cohecho; apropiación indebida; malversación de caudales públicos; tráfico de influencias; fraudes y exacciones ilegales; delitos urbanísticos; omisión o falsedad deliberada por parte de los partidos políticos de sus cuentas y patrimonio social; financiación ilegal y enriquecimiento injustificado de los cargos públicos electivos.
Asimismo, se aumentarán los plazos de prescripción para esos delitos.
6. Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y, en su caso, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Con esta reforma se busca clarificar las reglas de atribución de competencia a los Tribunales y la agilización de los procedimientos para la persecución de los delitos de corrupción, para que el tiempo de respuesta ante el delito no sea, en ningún caso, ni una forma de impunidad para el delincuente, ni una condena pública sin sentencia.
Concretamente, se estudiarán las siguientes medidas:
-Modificación del régimen de competencia de los delitos conexos.
-Diferimiento de la determinación de la responsabilidad civil a un proceso civil posterior para paliar los retrasos que afectan a la finalización de los procesos penales.
