No es una tarea difícil, ni un objetivo político imposible o revolucionario. Lo digo porque parto de mi experiencia personal como diputado socialista que vive las limitaciones del funcionamiento del Congreso y que en mi otra vida, durante 20 años como alcalde de San Sebastián, puse en marcha y disfruté con pasión y muy distintos resultados procesos innovadores de consulta y codecisión con participación de la ciudadanía y entidades.

Se van a cumplir tres años de la aprobación de la reforma del artículo 135 de la Constitución en la etapa final del Gobierno de Rodriguez Zapatero, en septiembre de 2011, por un Parlamento sometido a presiones. Con ella se dio rango constitucional a la prioridad absoluta para el pago de los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones sobre cualquier otra necesidad de gasto.

Desde hace años, indicadores como el barómetro del CIS y opiniones de organizaciones y movimientos que trabajan por la regeneración democrática, coinciden en destacar la pérdida de confianza ciudadana en las instituciones representativas y la baja calidad de nuestra democracia. Los expertos hablan de desafección política para subrayar el creciente alejamiento entre el Parlamento y la calle, entre los representantes y los representados, entre los políticos y la ciudadanía, entre la sociedad civil y los partidos.

Artículo publicado en El Periódico de Cataluña, el 1 de septiembre de 2014. Por Laia Bonet Rull y Odón Elorza.