Las redes sociales no pueden funcionar conforme a la ley de la selva, como hasta ahora, con un escenario digital fuera de control en ausencia de una regulación precisa de los Estados. La ciudadanía no debería tener que soportar la toxicidad de las redes sociales por culpa de contenidos ilegales, injurias, teorías conspirativas, bulos racistas o xenófobos, fake news y amenazas ultras con sus cuentas falsas, anónimas, haters y bots.

Las principales herramientas de internet están en manos de grandes corporaciones privadas de ideología neoliberal. Esas plataformas digitales se ven invadidas por grupos ultras que han encontrado en las redes y sus aplicaciones a su mejor aliado y la vía más fácil para hacer penetrar sus ideas entre la población. De ahí que en ellas se prodiguen los discursos populistas, la distopía y los relatos alternativos o la posverdad.

Las redes sociales no deberían servir para amenazar la democracia sino para atender las necesidades vitales de la sociedad y de las personas. Pero los gigantes tecnológicos son ajenos a la ética digital y a los principios de una sociedad democrática. De modo que la UE y los Estados miembros tienen que garantizar a la ciudadanía el ejercicio de sus derechos digitales para poder informarse con rigor, comunicar, debatir con libertad sus opiniones en las redes sociales y aplicaciones o hacer compras de bienes y productos con seguridad. La ciudadanía tampoco ha de ser objeto de manipulaciones informativas por parte de oscuros intereses políticos.

Ni Musk, uno de los principales financiadores de Trump y defensor de sus proclamas ni Zuckerberg ni los demás -que actúan como el cuarto poder- están dispuestos a proteger el interés general en el mercado digital ni a ejercer una autorregulación responsable en la gestión de los contenidos ilegales y de aquellos otros que contravienen las propias normas de las plataformas en línea.

Los gigantes tecnológicos rechazan el Código de Conducta contra la desinformación y el paquete de Leyes de la UE sobre Mercados, Servicios Digitales (DSA) y Libertad de Expresión en Medios de Comunicación. En ellas se recoge una amplia regulación para garantizar la defensa de la libertad de expresión con los límites propios del Estado de Derecho, el respeto a los derechos fundamentales de las personas y la seguridad publica, la transparencia y otras obligaciones de las plataformas, los derechos de los consumidores y de los usuarios digitales, así como la protección del honor de las personas y de los derechos de la infancia.

Las plataformas tecnológicas ostentan un tecnopoder superior al de muchos Estados gracias a la nueva economía de los datos que aportamos cada día los usuarios de las redes. Esas macroempresas del capitalismo digital hacen con nuestros datos un oscuro e inmenso negocio sin control. Su prioridad es mantener la soberanía digital, sin aceptar obligaciones ni una regulación legislativa y siguen reglas de funcionamiento que responden a una situación de oligopolio, fomentan un consumo enfermizo de aplicaciones, hacen un inmenso negocio con el big data y utilizan sistemas algorítmicos y sesgos para fomentar tendencias en la opinión pública y direccionar la información.

Sin embargo, las redes sociales pueden ofrecer un gran servicio a la humanidad en la era de la revolución tecnológica y debemos recuperar su papel y sentido iniciales. La cuestión es qué hacer y cómo acertar en un escenario digital tan complejo, en un planeta crispado y con incertidumbres de calado (crisis climática y migraciones), a la hora de controlar e intervenir desde los poderes públicos para lograr una gobernanza democrática de las redes.

Lo cierto es que hay distintas sensibilidades de cara a alcanzar un equilibrio regulatorio entre el ejercicio de una libertad individual sin límites y la primacía del interés general. Era necesario disponer de una regulación justa, ética y eficaz de las redes y otras plataformas en línea por parte de la Unión Europea. Con la ley DSA se pueden sancionar contenidos ilegales que recojan discursos de incitación al odio, a la violencia y al terrorismo, la desestabilización de un país en momentos electorales o de graves crisis, la vulneración de derechos fundamentales de la ciudadanía y la práctica de la desinformación continuada junto a las fake news.

Detrás de esas actitudes asoma la estrategia de la desinformación viral por parte de quienes ocupan las redes y actúan desde el ciberpopulismo o el tecnofascismo. En la actualidad, las redes se han convertido en poderosos sectores estratégicos que son utilizadas para amenazar y debilitar el sistema democrático.

Contamos, desde 2023, con la DSA que es una ley europea reguladora muy prudente y especialmente garantista a la hora de fijar el procedimiento sobre las sanciones a las plataformas, restricciones a usuarios y la atención a reclamaciones. De modo que su aplicación se ha convertido en un gran reto para los Estados de la UE de cara a cumplir sus mandatos.

Para que la DSA resulte eficaz se debe aplicar esta regulación sin demoras, extender las medidas de autorregulación y automoderación de las propias plataformas digitales y una intervención decidida de las autoridades de los Estados. Este escenario nos empuja a los demócratas y a los movimientos cívicos de la sociedad a reflexionar, también, sobre cómo promover y configurar la idea de unas redes sociales que sean alternativas al actual modelo privado, que aporten confianza digital, funcionen con criterios de responsabilidad ética y estén dispuestas a cumplir las normas de regulación.

Necesitamos avanzar en un proceso de ejecución de las medidas contempladas en la ley DSA para democratizar el sistema de redes sociales de modo que no estén presididas por el negocio privado y la doctrina neoliberal, sino que se gestionen conforme al interés general de la ciudadanía. Dar un paso más supondría analizar las siguientes alternativas :

A. Promover un modelo nuevo y alternativo de red social europea que no sirva a los intereses privados de las empresas ni a los intereses partidistas de ningún gobierno. En este proceso de reflexión cabe plantear, en competencia con las redes privadas, la creación de un modelo de red de auténtica dimensión social, titularidad pública y escala europea, administrada por la UE mediante una instancia independiente y bajo el control de una Comisión de expertos y del Europarlamento. Ni se plantea ni se trata de crear una red social estatal gestionada por funcionarios públicos, sino de estudiar la viabilidad de una red pública europea cuyo funcionamiento, repito, esté presidido por el interés general, la ética digital y los valores democráticos.

B. Si no fuera posible una red social de propiedad pública, existe la opción de establecer algún tipo de colaboración o apoyo a una red existente, al margen de las grandes plataformas, con la condición de que esté configurada con vocación social, sin ánimo de lucro y funcione con características de servicio público. Su gestión tiene que estar basada en criterios de ética democrática para la defensa y protección de los derechos fundamentales de las personas (lo mismo que en la opción anterior) y con independencia de poderes económicos y políticos.

Por otra parte, se pretende prevenir la difusión de contenidos ilícitos en las plataformas digitales a quienes se esconden tras el anonimato y buscan impunidad.

Para ello, los Estados de la UE crearán una Cartera de Identidad Digital Europea, almacenada en el móvil, que podría ser de utilidad para lograr por la autoridad judicial una identificación más directa de los autores de contenidos ilegales en las redes. De momento, la DSA establece que la Orden de las autoridades a las plataformas prestatarias de los servicios digitales, recabando información para actuar contra los responsables de contenidos ilícitos, exige una respuesta sin dilación porque esas empresas ya conocen la IP o identificador del dispositivo desde donde ha actuado el infractor.

Además, la ley señala que la Comisión Europea fomentará la elaboración consensuada de Códigos de autorregulación que formen parte de las normas generales internas de las plataformas digitales. Servirán para aplicar mejor la DSA y actuar con certeza contra contenidos ilícitos y para reducir riesgos sistémicos.

Si no actuamos con rigor y convencimiento en la aplicación de la DSA para transformar y democratizar el actual modelo de redes, los enemigos de la democracia seguirán utilizando internet como arma. Y tienen todas las de ganar para favorecer la llegada de falsas democracias y de dictaduras tecno fascistas. De momento, ya han plantado en las redes sus nuevos cuarteles con las milicias digitales.

Odón Elorza / Ex Diputado del PSOE 


San Sebastián / Publicado en InfoLibre, 3 de septiembre de 2024.

¿Cómo es posible que vayan a destruir una zona verde, calificada así en el Plan General Urbanístico de San Sebastián, para levantar un artefacto comercial de franquicias que no se justifica desde la primacía del interés general?

Los discursos políticos insisten en la sostenibilidad, en el respeto al arbolado y a los espacios verdes, más aún si aportan calidad medioambiental en el paisaje urbano. Pero la ciudadanía donostiarra parece consentir el atropello que provocará el gobierno municipal en la ladera de San Bartolomé.

Se trata de un espacio libre verde que, además, está protegido en el Plan de Protección del Patrimonio Local y en sentencias judiciales, al ser parte del conjunto formado por la fachada del convento y el muro de San Bartolomé. Dicha norma señala: “Se prohíbe la implantación en esa ladera de elementos de urbanización y edificación que impidan la integración visual del conjunto desde la cota del Ensanche y/o supongan interferencias visuales significativas”.

Sin embargo, en vez de dignificar esa zona verde van a excavar la ladera para levantar un edificio de 45 metros y 10 plantas. El envoltorio del hormigón será un entramado de tuberías de riego y mallas de sujeción para las plantas que cubrirán paredes de grandes pendientes, casi verticales. Ahí está el fraude de ley: en la degradación de una ladera que es dominio público y a la que, tras las obras, el actual alcalde Goia califica como parque (!).

¿Que hay detrás? Este centro comercial insostenible añade más ingresos a la Sociedad mixta San Bartolomé Muinoa de la que forman parte el Ayuntamiento y cuatro constructoras e inmobiliarias; es la Sociedad que ha gestionado toda la operación de regeneración de Amará Viejo-Alto de Aldapeta que nos permitió el realojo de 170 vecinos. Obtiene así otros 12 millones de euros a cambio de vender el terreno para hacer un centro comercial que albergue más franquicias, restaurante, gimnasio, gran supermercado y un parking de rotación en plena Zona de Bajas Emisiones para colmo de contradicciones.

El centro comercial es posible porque el exalcalde Izagirre (Bildu) promovió y tramitó en 2014 una reforma del Plan General para ese territorio, introduciendo cambios no recogidos en el Plan que los socialistas dejamos aprobado y en ejecución en 2011. Con los cambios querían garantizar mayores ingresos. La misma actitud mantenida por el actual alcalde Goia (PNV) con la aprobación final, en enero de 2023, de un Plan Especial que detalla el proyecto de urbanización de la ladera.

Mientras, el mismo alcalde impide el derecho de acceder a documentos públicos para conocer los resultados económicos de la actuación urbanística en el barrio, actuando así en contra de la Ley de Transparencia como señala el Ararteko. Se pretende justificar “el favor” haciendo alusión a que las expectativas de beneficios de las constructoras experimentó una ligera rebaja en los precios de venta de los nuevos pisos con motivo de la crisis inmobiliaria que explotó en 2009. ¡Se trata de compensar! ¿Acaso el principio de riesgo y ventura empresarial no es de aplicación a las constructoras en una ciudad como Donostia, con el suelo más caro de España?

Calculo que el Ayuntamiento ha obtenido 40 millones de ingresos tras la actuación global en el barrio. El último episodio ha sido sacar a venta los aprovechamientos de suelo municipal en el barrio para la construcción de 36 pisos de precio libre en una ciudad con una oferta de vivienda pública inexistente durante doce años.

En marzo de 2023 solicité al alcalde la recuperación de la ladera verde de San Bartolomé, un sitio vinculado a la historia de la ciudad. Mi alternativa es un proyecto de jardinería y paisajismo en favor de un Parque urbano de 3.800 m2, con arbolado y una configuración armónica con el Ensanche Romántico de San Sebastián ideado por el arquitecto Cortázar en el concurso de 1863. Nunca obtuve respuesta.

Odón Elorza / Ex alcalde de San Sebastián, 1991-2011. 
Publicado en eldiario.es Euskadi / 2 de agosto de 2024.

El multimillonario y polémico Elon Musk, con un patrimonio tasado en unos 264.000 millones de dólares y negocios en sectores estratégicos como el espacial y el automovilístico, se hizo con la propiedad de Twitter (ahora llamada red X) y ha expresado con claridad sus posiciones políticas y los objetivos de negocio que persigue en la gestión de la red social X. Sus declaraciones han provocado una enorme preocupación entre aquellos demócratas que regalamos nuestros datos cuando usamos esa “plaza” de expresión y comunicación digital, cada vez más tóxica y que ofrece riesgos sistémicos. 

Lo cierto es que estamos “voluntariamente en sus manos”; Musk pone el terreno de juego, las reglas que le convienen y los algorítmicos. Lo más llamativo es comprobar, cada día, cómo los grandes líderes del planeta priorizan las redes en internet para comunicar y dar sus exclusivas. Hablamos de unas herramientas que están en manos de gigantes tecnológicos ajenos al respeto a los valores éticos, a la información veraz y a los principios de una sociedad democrática. 

Resulta evidente que ni Musk, uno de los principales donantes a la campaña de Trump, ni las grandes plataformas tecnológicas están dispuestas a hacer filantropía en el mercado digital ni a ejercer una autorregulación responsable en la gestión de las redes sociales. Por eso no se comprometen con la moderación de contenidos. Pasan de los Reglamentos y Directivas de la UE sobre Servicios Digitales y Desinformación. Normas de la UE que recogen una regulación en defensa de la libertad de expresión y otros derechos fundamentales, el Estado de derecho, el honor de las personas y la protección de la infancia. 

Las plataformas tecnológicas priorizan su soberanía digital sin aceptar condiciones ni una regulación legislativa global. Esas empresas siguen criterios y reglas de funcionamiento que responden a una situación de oligopolio, alimentan un consumo enfermizo de sus servicios, hacen negocio con el big data por el poder que les da manejar datos personales e información a conveniencia y extienden la desinformación.

De ahí la necesidad de aplicar con firmeza una regulación precisa para el funcionamiento de las redes por parte de los Estados miembros de la UE y de la Comisión Europea. Un Reglamento que permite sancionar los contenidos ilegales, los discursos de incitación al odio, la desestabilización y la práctica de las fake news, así como que impida la estrategia de desinformación viral por parte de quienes actúan desde la extrema derecha o el tecnofascismo y se han convertido en una amenaza real para el sistema democrático.

Todos los espacios accesibles al público en internet son propiedad de cinco macroempresas tecnológicas con posicionamientos ideológicos en muchos casos trumpistas. En los tiempos convulsos que vivimos tienen el control y el uso de la comunicación en sus manos, así pueden “dar forma” a la opinión pública y aprovechar el poder que ofrecen las redes sociales para sembrar incertidumbres, miedo y colonizar al electorado. Este escenario debe empujar a los demócratas a reflexionar también sobre la idea de una alternativa de redes realmente sociales que aporten confianza digital a la ciudadanía.

Lo que planteo no es una quimera ni un ejercicio de voluntarismo. Propongo como demócrata, en competencia con las ofertas privadas, un modelo de escala europea para una red configurada como servicio público que funcione con criterios de ética democrática, transparencia y gestionado por un órgano independiente de la UE. Un modelo que nazca desde una alianza de entidades, empresas y sectores con vocación pública al servicio de los intereses generales de la población. Es la única manera de ayudar a preservar nuestra soberanía informativa, tecnológica y política en el marco de la UE.

Necesitamos un modelo de red social que no sirva a los intereses privados de las empresas ni a intereses partidistas de ningún gobierno. De igual manera que también precisamos unos medios de comunicación públicos sometidos a un control democrático que garantice rigor, profesionalidad y respeto al pluralismo. Unos medios informativos que han de ser gestionados por un organismo que sea realmente independiente del gobierno de turno y de los poderes económicos. A los medios públicos de comunicación hay que exigirles credibilidad e imparcialidad así como transparencia en su financiación y mecanismos de verificación o contraste de las noticias en tiempo real. Buena parte de esas exigencias se han establecido este año por ley del Europarlamento (Libertad de Medios de Comunicación) aplicable también para los medios de comunicación privados.

En el caso de las redes sociales, se trata de garantizar a la ciudadanía un instrumento para poder comunicar, debatir e intercambiar opiniones y contenidos que no esté sometido a las conveniencias del negocio privado ni a las provocaciones, injurias y amenazas de cuentas anónimas o de bots. Cierto que es un objetivo difícil -no imposible- y propio del ámbito y las competencias de la UE. Por ello, en el Congreso de España  y en el Parlamento Europeo, los partidos políticos democráticos tendrían que avanzar en esta iniciativa con una voluntad clara en favor de crear una red social europea de servicio público.

Además de dar respuestas globales a la crisis climática y sus transiciones, así como a la crisis de las migraciones, los poderes democráticos del planeta tendrán que afrontar otro complejo reto: una regulación eficaz en el ámbito de la IA y las redes sociales. Hoy, están en manos de grupos privados de ideología ultraliberal y populista que promueven la desinformación, la distopía y la posverdad. Si no actuamos, los enemigos de la democracia tienen todas las de ganar.

Odón Elorza / Ex Diputado del PSOE y miembro del Comité Federal.

Publicado en público.es el 10 de agosto de 2023 / Actualizado el 15-8-2024.

Tras el crispado debate sobre el Plan para la regeneración de la democracia en España, celebrado en el reciente Pleno del Congreso, la sociedad española tiene que participar e implicarse. Se trata de alimentar un debate público necesario con propuestas sensatas que puedan ser estudiadas y, en su caso, asumidas por la inmensa mayoría parlamentaria. La situación lo requiere.

Como aportación a las medidas en favor de la regeneración de una democracia que llaman “plena”, según el informe sobre el índice de calidad de la democracia que publica anualmente el semanario británico The Economist, quiero insistir en la idea de contar con un OBSERVATORIO independiente. El Observatorio de la Democracia actuaría como un centro de estudio e investigación académica a partir de los comportamientos políticos y de las percepciones de la opinión pública, formulando recomendaciones y propuestas, precisamente, al Parlamento.

El vínculo y relación contractual del Observatorio ha de ser con el Congreso. Y tras el correspondiente concurso para su selección, el Observatorio se encargará de redactar un informe público anual dictaminando el estado y evolución de nuestra democracia. En él se expondrían los problemas y deficiencias detectadas en el funcionamiento de la gobernanza democrática en los diferentes ámbitos y sectores, los incumplimientos por parte de las diferentes administraciones e instituciones y las carencias legislativas.

Para ello, Las Cortes tendrían que conveniar con una entidad, ong o universidad, que sea independiente, apartidista y que acredite experiencia en trabajos sobre la calidad y profundización de la democracia. Su cometido es la realización de las funciones de observación, análisis, valoración, producción de conocimiento y libre proposición.

Vivimos un tiempo en el que se ha puesto de manifiesto el deterioro de la democracia por las deficiencias estructurales y por los vicios del sistema político, así como las amenazas crecientes a la democracia. Son demasiadas las cuestiones que nos preocupan referidas a las temáticas de transparencia, separación efectiva de poderes, corrupción, régimen electoral, limites de la representación y la participación, desafección ciudadana hacia la política y los políticos, ejercicio de derechos y libertades, desinformación e incidencia de las fakes news en las redes, o discursos de odio y violencia política entre otras.

El Observatorio estaría en condiciones de crear sinergias y promover colaboraciones con otras organizaciones públicas y privadas, utilizar herramientas de evaluación así como monitorizar los nuevos fenómenos que han surgido en el ámbito planetario y que constituyen un reto o una amenaza para el sistema democrático; es el caso de la IA o la falta de regulación sobre el poder de las grandes plataformas tecnológicas.

El documento, que debiera contar con un capítulo final de recomendaciones y propuestas, sería remitido al Gobierno y presentado en el Congreso para su reposado estudio en Comisión y posterior debate en un Pleno monográfico. Por tanto, tenemos la oportunidad de poner sobre la mesa iniciativas que respondan al interés general y ayuden a fortalecer los valores sobre los que se asienta la Democracia y el Estado de Derecho.

Odón Elorza / Miembro del Comité Federal del PSOE

San Sebastián, 22 de julio de 2024 / Publicado en InfoLibre .