Ayer se conoció el Auto de 10 de marzo de 2017 emitido por el Juzgado de Instrucción N.3 de Santiago de Compostela, en relación con la investigación judicial sobre las causas del accidente ferroviario del tren Alvia, en alta velocidad, acaecido el pasado 24 de julio de 2013, en la línea 082 Ourense-Santiago y en la curva de Angrois. El accidente provocó 80 pasajeros fallecidos y 144 heridos.
Pues bien, el Auto señala en su Razonamiento Jurídico Tercero, página 11, las siguientes conclusiones :
"Primero, existía una situación de riesgo consistente en el posible descarrilamiento en curva por exceso de velocidad;
Segundo, dicho riesgo era evidente dada la reducción significativa de velocidad que exigía la entrada en la curva (80 km/h) precedida de una larga recta en que el tren podía perfectamente alcanzar velocidades de hasta 200 km/h;
Tercero, dicho riesgo fue convenientemente detectado y comunicado a ADIF por parte de la UTE LAVOS e INECO, reconociendo ambos la insuficiencia del subsistema suministrado (ASFA) para conjurar o mitigar el mismo;
Cuarto, ADIF tenía la obligación normativa y técnica de evaluar y gestionar dicho riesgo hasta hacerlo tolerable desde la óptica de las normas CENELEC, lo que la situaba en una posición de garante respecto de las posibles consecuencias derivadas del incumplimiento de dicha obligación y, finalmente,
Quinto, ADIF no cumplió con dicho deber habiendo tolerado la exportación de dicho riesgo al maquinista sin efectuar una previa valoración integral de la línea que protegiese a los usuarios frente al posible fallo humano, lo que, en términos de contribución causal al resultado finalmente producido, equipara dicho incumplimiento a la imprudencia del maquinista que tenía el deber de conjurar y/o mitigar."
Más adelante, el Auto judicial, en su página 12, afirma:
"En conclusión, existen indicios suficientes para concluir que la Dirección de Seguridad en la Circulación de ADIF, a quién en principio compete la labor de evaluar los riesgos inherentes a la circulación según se acaba de exponer, no cumplió con dicho cometido generando y tolerando una situación de riesgo que finalmente cristalizó en el accidente que costó la vida y la salud a múltiples usuarios el pasado 24 de julio de 2013. Dicha Dirección, en quién el Consejo de Administración había delegado dicha competencia, estaba desempeñada por el Sr. A.C.L., el cual, teniendo conocimiento de dicha situación de riesgo en virtud de los informes (Hazard Log) remitidos por la UTE y por INECO (ISA) a su Dirección, no consta que haya hecho u ordenado medida alguna destinada a evaluar y gestionar dicho riesgo, asumiendo por ello una posición de garante que le hace en principio responsable a título de autor de los delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave en que finalmente se concretó dicho riesgo tras producirse el descarrile del tren Alvia el pasado 24 de julio de 2013.
En consecuencia, procede dirigir la presente investigación contra el Sr. A.C.L. como presunto responsable de los delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave tipificados en los arts. 142 y 152 del CP, a cuyo efecto, procede recibirle declaración en calidad de investigado" (antes se hablaba de imputado).
A la vista de lo anterior, sigo reclamando como diputado socialista en mis iniciativas (ya van ocho) que el Gobierno del Partido Popular reabra la investigación correspondiente a la Comisión Técnica con criterios de independencia y objetividad, como piden las víctimas y diferentes instancias europeas. El objetivo tiene que ser el de esclarecer todas las causas que concurrieron en el accidente del tren Alvia en la curva de Angrois. La búsqueda de la verdad.
En el Congreso de los Diputados, a 14 de marzo de 2017.
Odón Elorza
