Es una asignatura pendiente de nuestra democracia. Por eso el PSOE dedica en su Programa Electoral nada menos que 17 páginas a explicar, de manera bastante detallada, más de 70 medidas que propone para prevenir y combatir la corrupción en las instituciones, las administraciones públicas y en la financiación de los partidos.

La respuesta está a la altura de las exigencias ciudadanas, reconociendo que vamos con retraso y que en estos cuatro años negros del Gobierno Rajoy los avances registrados han sido muy insuficientes.

Resulta imprescindible que se publiquen los compromisos de los partidos que concurren a las elecciones y que se facilite el acceso en sus páginas web para conocerlos y poder exigir y controlar su cumplimiento. Por mi parte, en línea con lo que he venido defendiendo en esta legislatura ( ver https://t.co/t4B6KvzuVc ) y si obtengo el escaño de diputado, quiero ser garante del cumplimiento de los compromisos socialistas en la lucha contra la corrupción, en favor de la transparencia y de un funcionamiento abierto del gobierno y del parlamento en el marco de una democracia participativa.

El Programa del PSOE parte de un diagnóstico riguroso sobre las causas y los efectos de la corrupción en España, que ha afectado a la confianza de los ciudadanos en los políticos y a la credibilidad de las instituciones. Es preciso acabar con la “subcultura de la corrupción" que ataca y debilita la democracia y actuar con inmediatez para dignificar el ejercicio de la política.

Para ello se necesitan nuevos comportamientos y formas de hacer política que permitan hablar de regeneración de las instituciones, lo que conlleva: devolver la carga ética al ejercicio de la política; desarrollar la democracia creando cauces de participación a la ciudadanía y a sus organizaciones; actuar con transparencia y favorecer el acceso ciudadano a toda la información; rendir cuentas de la gestión con regularidad y asumir responsabilidades políticas; cambiar el funcionamiento de la Administración, los partidos y el mundo empresarial para que todos actúen con honestidad y respeto a la ley.

Siendo cierto que el papel lo aguanto todo, debemos dotarnos de los instrumentos básicos adecuados para alcanzar los objetivos. En esencia se trataría de: 1-Acordar las reformas legales urgentes y pactadas para prevenir y sancionar la corrupción ante la falta de voluntad política real del Gobierno de Rajoy. 2.Poner más medios humanos y materiales a disposición de jueces y fiscales. 3.Fortalecer los controles por parte del Tribunal de Cuentas y de los organismos reguladores, garantizando su independencia. Y 4-Establecer Códigos de Buenas Prácticas de obligado cumplimiento para los cargos públicos y funcionarios.

Intentaré a continuación hacer un corto resumen de las propuestas del PSOE que parten de la aprobación de un Plan Integral de Lucha y Prevención contra la corrupción que permita actuaciones transversales. Y comienzan con la prohibición del nombramiento de cargos, obligar a su cese y suspender a políticos en sus funciones cuando se les abre un juicio oral. Sin embargo, sería bueno adoptar medidas previas a las judiciales, a adoptar sobre los cargos públicos si el Comité de Ética del PSOE lo juzga necesario a la vista de la gravedad de los hechos conocidos o denunciados y tras una contrastada investigación interna.

Plantea revisar el Código Penal para incorporar la tipificación de actuales casos de corrupción y agravar las penas existentes . Tipificar el delito de enriquecimiento injusto de políticos y funcionarios durante el período de mandato e incluir, entre las modalidades de delito de encubrimiento, la figura del testaferro y la creación de figuras societarias que sirvan para encubrir actividades económicas de fraude corrupción.

Destaca el compromiso para revisar al alza las penas y ampliar el plazo de prescripción de delitos relacionados con el fraude fiscal y la corrupción, así como prohibir las amnistías fiscales y revisar la regulación actual del llamado secreto fiscal para dar publicidad a los autores de delitos fiscales.

Propone dotar de más medios a los fiscales anticorrupción y jueces para profundizar y agilizar la investigación y los sumarios y reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para adaptarla a un proceso penal moderno, ágil y con las garantías de un Estado de Derecho. Establecer incentivos y proteger a quienes afloren prácticas corruptas. Insiste en la creación de una Oficina Anticorrupción en todo el ámbito del sector público del Estado, en reforzar el papel de control y fiscalización del Tribunal de Cuentas y en determinar la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los casos de corrupción. También considera urgente revisar las normas de contratación pública y adoptar medidas de prevención en el sector privado y de reprensión de los delitos contra la Administración Pública.

Recoge un requisito democrática clave como es un cambio de los criterios para el nombramiento de miembros de organismos como el Tribunal de Cuentas, Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, Comisión Nacional del Mercado de Valores, etc… en base a criterios de competencia e idoneidad.

Aborda el PSOE asuntos pendientes como las exigencias de transparencia y de concreción de detalles en las Declaraciones de Bienes y Actividades de los miembros del Gobierno y del Parlamento, la limitación estricta de los aforados, la prohibición de la concesión de indultos vinculados a casos de corrupción así como la de recibir regalos. Quiere regular de forma exhaustiva los conflictos de intereses para evitar el fenómeno de las “puertas giratorias”, con incompatibilidad de 5 años posteriores al desempeño del cargo púbico para quienes pretendan incorporarse a empresas del sector económico sobre el que hayan tenido responsabilidad.

En relación con la financiación de los partidos incide en endurecer las penas de prisión por financiación ilegal o por manipulación de cuentas, dotar de transparencia total a todos los ingresos públicos y privados así como a los gastos, especialmente en las campañas electorales. Esto exige delimitar la responsabilidad patrimonial de los partidos en los casos en que se hayan financiado ilegalmente a través de actos de corrupción.

Odón Elorza / Candidato del PSE-PSOE al Congreso por Gipuzkoa

Para publicoscopia.com / San Sebastián, 29 de noviembre de 2015

La razón de Estado en la que ahora se envuelve Rajoy, bajo los conceptos de unidad de la patria y seguridad nacional, no va a conseguir tapar los graves errores de gobierno que le han hecho incumplir sus promesas electorales e ingresar en la UCI al estado de bienestar. La razón de Estado no resuelve los niveles de pobreza, desigualdad, exclusión y empleo precario que ha provocado el PP.

Es verdad que el intento secesionista en Cataluña y la amenaza terrorista del yihadismo han encapsulado por un tiempo la campaña electoral. Estos dos hechos han inundado la dinámica informativa en beneficio de un Rajoy que andaba perdido en busca de un discurso de más credibilidad que el de contar las falsas bondades de una recuperación económica injusta.

Lo cierto es que el conflicto catalán y la amenaza yihadista han provocado el efecto de relegar a un segundo plano la rendición de cuentas de Rajoy y el debate público sobre las consecuencias del modelo neoliberal que ha alumbrado en este cuatrienio negro unas nefastas políticas de Gobierno.

Pero no hay que despistarse e insistir en el debate sobre el modelo socialdemócrata del PSOE para salir de la crisis recuperando el estado de bienestar . Y será una tarea difícil que requiere un liderazgo real y nuevas convicciones en La Moncloa, cuestiones que aporta Pedro Sánchez. Además, de un esfuerzo del conjunto de la sociedad a quien hay que empoderar en el marco de una democracia participativa.

Rajoy es un candidato quemado y ridículo que ha abusado del poder. Y no debería ser candidato por su responsabilidad política en los casos de corrupción o por la amnistía fiscal a los amigos. Resulta inmoral porque Rajoy está descalificado por los graves recortes en políticas sociales; por su actitud inmovilista ante lo que se veía venir en Cataluña; por ser incapaz de dialogar con nadie lo que le ha llevado a imponer leyes como la reforma laboral, educativa, de pensiones, la ley mordaza o la ley del PP que ha quitado competencias en servicios sociales a los Ayuntamientos.

Necesitamos un liderazgo como el de Pedro Sanchez, que estará volcado en la búsqueda de acuerdos que hagan posible tanto la reforma de leyes básicas como la reforma constitucional. Una reforma de la Constitución que exigirá grandes pactos para garantizar los derechos sociales de la ciudadanía y la cohesión de las diferentes nacionalidades y territorios en un Estado plural y federal.

Odón Elorza  /  Candidato del PSE-PSOE al Congreso por Gipuzkoa

Errenteria 29 de nov. de 2015

Como candidato del PSE al Congreso, me he reunido esta mañana con los representantes de la Plataforma de asociaciones de Mayores y Pensionistas de Gipuzkoa para responder a sus demandas y explicarles los compromisos contenidos en el Programa Electoral del PSOE en materia de pensiones.

Debe quedar claro que, para los socialistas, el sistema público de las pensiones constituye un pilar básico de nuestro debilitado Estado del Bienestar y ha de ser la mejor demostración de una nueva política basada en la solidaridad y la redistribución de la riqueza como garantes de la cohesión social. En estos cuatro años, el Gobierno de Rajoy ha desfigurado el sistema con el nuevo mecanismo de revalorización de las pensiones.

Además, Rajoy ha debilitado la financiación de la Seguridad Social provocando la caída de ingresos al acordar la disminución de cotizaciones y favorecer una política de contratación laboral regresiva que provoca la devaluación salarial de los trabajadores. Por ello el PP ha venido cubriendo los déficit anuales reduciendo en 40.000 millones el Fondo de Reserva que dejó el Gobierno de Rodriguez Zapatero.

En respuesta a las preocupaciones de la Plataforma afirmo que el Programa Electoral del PSOE propone: reforzar el derecho a la Seguridad Social en el marco de la reforma de la Constitución, la derogación de los cambios legislativos impuestos en solitario de modo unilateral por el PP en el Parlamento, garantizar el poder adquisitivo de las pensiones, incrementar las mínimas y, en especial, las de viudedad y orfandad, y la creación de una nueva figura impositiva que tendrá carácter finalista y se vinculará a la financiación de las pensiones.

El próximo gobierno debe recuperar la concertación de posiciones resucitando el Pacto de Toledo como espacio de consenso entre los partidos. Junto a ello vamos a garantizar el diálogo y el acuerdo con todos los representantes de los sectores sociales implicados para legitimar las medidas que se pacten con el objetivo de reforzar el sistema y poner fin a las incertidumbres que se han creado en estos cuatro años".

Por lo demás, me comprometo a mantener reuniones periódicas en Gipuzkoa con los miembros de la Plataforma de colectivos de pensionistas con el fin de rendir cuentas del grado sucesivo de cumplimiento de las propuestas señaladas y ser cauce de sus reivindicaciones ante el Congreso y el Gobierno.

 "Si a los problemas sin resolver de la crisis, la corrupción y Cataluña, sumamos los graves acontecimientos del terrorismo yihadista, se impone a los candidatos una campaña pedagógica huyendo de tópicos y con claridad ante la ciudadanía en las respuestas a los cinco asuntos desde la responsabilidad política y la coherencia con las convicciones propias. Decir en clave electoral lo contrario de lo que se está pensando hacer, confundir o dejar para más allá del 20D la clarificación de las posiciones alegando razones de prudencia, resultaría inadmisible, antidemocrático y penalizaría a quienes así actuaran"

El previsible escenario del 20D se ha quedado desfasado al verse transformado por dos acontecimientos que van a influir en los resultados. Uno era esperado, aunque no su rápida evolución en clave soberanista; me refiero a la resolución secesionista en Cataluña.

El otro, el terrorismo yihadista, ha irrumpido con fuerza y va a condicionar la vida política y el papel decisivo de los medios, además de hacer que rebrote el miedo en la calle, tanto por la escalada de atentados en Europa como por las incógnitas abiertas sobre el papel de España en las respuestas de carácter policial y militar para combatirlo atendiendo la petición de auxilio que lanza Francia a sus socios. De hecho, la reaparición del terrorismo global ya ha empezado a provocar polémicas entre partidos, lanzamiento interesado de consignas como "no a la guerra", y comportamientos cambiantes de un día a otro, como se ha evidenciado con Podemos y con los pronunciamientos confusos del Gobierno Rajoy.

Son dos cuestiones que pesarán en el ánimo de una parte de la ciudadanía a la hora de decidir su voto, algo que está siendo analizado por los analistas, sociólogos y los aparatos responsables de la estrategia de campaña de los cinco partidos más destacados. La razón de Estado, unida a los conceptos de unidad patria y seguridad nacional, ha encapsulado la campaña electoral en beneficio de un Rajoy que andaba perdido en busca de un discurso creíble y de perfil.

El conflicto catalán y la amenaza yihadista provocan dos efectos. El primero, dejar relegado a un segundo plano en la campaña la rendición de cuentas y el debate sobre el modelo neoliberal que han seguido las nefastas políticas de un Gobierno manchado por la corrupción, con graves recortes en políticas sociales, incapaz de dialogar y que ha abusado del poder. Y el segundo efecto consiste en la gran campaña mediática orquestada para rescatar a Rajoy engordando su papel de hombre de Estado. El PP parece jugar en su campo y se aprovecha del sentido de responsabilidad del PSOE, algo que nunca hizo el PP, ni con el atentado del 11-M ni con el final de ETA

¿Cuál puede ser la resultante del debate entre las fuerzas políticas sobre los tambores de guerra o, dicho de manera más prudente, sobre los compromisos que adquiere cada candidato ante un hipotético escenario de intervención militar con tropas en el que España pudiera ser reclamada por Francia a participar en Siria o en Mali o con una mayor intensidad de apoyo logístico militar a Francia en sus bombardeos (selectivos) al territorio ocupado por Daesh?

Adelanto que mi opinión va en la dirección de aprobar en la UE y por los parlamentos de los países miembros, un Plan de respuesta transversal e integral al terrorismo yihadista que busque: la coordinación total y el intercambio de datos entre los Estados de la UE para combatir con eficacia policial a un enemigo común; contar con una estrategia diplomática preventiva que explore y negocie salidas políticas de paz y estabilidad para Siria y el conjunto de la región, que busque la implicación de los gobiernos musulmanes de la zona; cortar todas las vías de financiación de Daesh; un control efectivo con denuncias a loa países que permitan o realicen el comercio de armas; aplicar un modelo de solidaridad para la acogida a las personas que piden asilo en Europa, unido al desarrollo de políticas sociales y de empleo en favor de la inclusión de las terceras generaciones de inmigrantes. Y en lo que se refiere a las acciones militares en los territorios ocupados por los grupos yihadistas iniciadas hace meses, las potencias que estén operando deben contar con la máxima legitimidad política, legalidad internacional y coherencia moral, buscando la plena cobertura de la ONU y siendo conscientes de que este eje ha de estar subordinado al respeto a los derechos humanos de la población civil y a las conveniencias del plan político de conjunto.

No cabe duda de que vivimos un momento histórico para España ante las consecuencias de esos dos asuntos a los que hay que añadir: el modelo alternativo para salir de la crisis en términos de justicia social y eficacia, la apuesta real por la regeneración democrática de las instituciones y la necesidad de un liderazgo creíble en La Moncloa para buscar pactos que hagan posible la reforma tanto de leyes básicas sobre política laboral, educación o pensiones como de la Constitución para garantizar, en especial, los derechos sociales de las personas ante la destrucción por el PP del estado de bienestar.

Hagamos de la necesidad virtud. Es la oportunidad para mostrar la capacidad de liderazgo de los candidatos, para desarrollar una campaña pedagógica huyendo de tópicos y ser claros ante la ciudadanía en las respuestas a los cinco asuntos desde la responsabilidad política y la coherencia con las convicciones propias. Decir en clave electoral lo contrario de lo que se está pensando hacer, confundir o dejar para más allá del 20D la clarificación de las posiciones alegando razones de prudencia, resultaría inadmisible, antidemocrático y penalizaría a quienes así actúen.

Acabo de releer con detalle en el programa electoral de mi partido, el PSOE, el bloque que va de la página 240 a la 277 con los capítulos dedicados a las políticas migratorias, la paz y la seguridad en un mundo globalizado, la defensa de los derechos humanos y la cooperación internacional, la defensa común para Europa y la propuesta de reforma de la Constitución. Son un conjunto de compromisos progresistas que asumo y a los que hay que poner una voz amplificada a todo el PSOE, llena de pasión por explicar, contagiar las propuestas y las convicciones que las sustentan. Y empoderando a la ciudadanía para que sea partícipe en la acción de un Gobierno y un Parlamento abiertos.

Odón Elorza  /  Candidato del PSE al Congreso por Gipuzkoa

Para publicoscopia.com / 22 de noviembre de 2015