La desinformación y los bulos, los discursos de odio y otros contenidos ilícitos discurren sin control por aquellas plataformas y redes sociales tóxicas que son la fuente en donde se informan, sin ninguna garantía de rigor y veracidad, un sector cada vez más numeroso de la población, especialmente la juventud.

> El actual modelo de redes sociales, en manos de los gigantes tecnológicos, supone un riesgo para la democracia.

Las plataformas más importantes de información, comunicación e interacción pública son propiedad de seis gigantes tecnológicos que actúan como un cuarto poder al ejercer el oligopolio y servir de apoyo a quienes practican el ciberpopulismo y el trumpismo. Su plan de negocio, formulado desde una posición política y económica ultraliberal, ni respeta el interés general de la ciudadanía ni cumple la regulación europea sobre las reglas de funcionamiento a seguir por las redes sociales en los Estados de la UE.

Las que inicialmente fueron consideradas como “plazas públicas digitales abiertas al debate” se han convertido, por los intereses de la élite digital, en herramientas de manipulación informativa y propaganda política. Y no tendrían que poder seguir funcionando conforme a la ley de la selva, en medio de la disrupción tecnológica que vive la sociedad y en ausencia -hasta ahora- de una regulación precisa en la Unión Europea. De ahí que la ciudadanía se vea expuesta a unas redes tóxicas que acogen y difunden contenidos ilegales, campañas de desinformación, bulos, fake news, teorías conspirativas, injurias y discursos de odio racistas, xenófobos o de violencia de género, así como campañas de haters, bots y ultras desde cuentas falsas o anónimas.

Los grupos ultras, contrarios a los valores democráticos, actúan con la tolerancia o incluso complicidad de las grandes corporaciones tecnológicas. Y se hacen muy presentes en esas plataformas al encontrar en ellas una vía fácil para hacer penetrar sus ideas y discursos de odio entre la población. Lo cierto es que sus dueños -como expresan claramente Musk y Zuckerberg- no fiscalizan debidamente lo que difunden y rara vez moderan o eliminan aquellos contenidos que pudieran constituir un delito o provocar con la desinformación un riesgo sistémico. Tampoco acostumbran a suspender perfiles de cuentas que constituyen un peligro para la convivencia. De ahí que se prodiguen los mensajes que exaltan la violencia, el totalitarismo, la distopía, la posverdad y los relatos alternativos. 

Es una situación grave cuando una parte creciente de la población, entre ellos muchos adolescentes y jóvenes, está enganchada a las plataformas digitales y sigue, sin ninguna verificación o contraste, las proclamas de los nuevos predicadores que se llaman youtubers e influencers. Las redes sociales, con el potencial que suponen los logaritmos y la utilización de la inteligencia artificial, no deberían constituir una amenaza para la democracia y la convivencia sino servir para atender las necesidades de la sociedad y los derechos digitales de las personas.

Sin embargo, los gigantes tecnológicos son ajenos a la ética digital y a los valores que conforman una sociedad libre y democrática. De modo que la Comisión Europea y los Estados miembros tienen que comprometerse a garantizar a la ciudadanía el ejercicio de sus derechos; como acceder a una información veraz, el respeto a su honor y a la privacidad de sus datos, poder comunicarse y debatir con libertad sus opiniones en todas las redes sociales o hacer compras de bienes y productos con seguridad.

Las macroempresas tecnológicas, representativas del nuevo capitalismo digital, ostentan un tecnopoder muy superior al de muchos Estados, gracias a la nueva economía de los datos personales que les aportan cada día los usuarios de las plataformas. Con el big data hacen un inmenso negocio y su prioridad estriba en mantener la plena soberanía digital al margen de cualquier regulación legislativa. Para fomentar un consumo enfermizo utilizan sesgos y sistemas algorítmicos que les permite, además, orientar la comunicación, manipular la opinión pública, fomentar preferencias electorales entre la ciudadanía y discriminar o direccionar tanto la información como la publicidad personalizada.

> Los Estados deben aplicar con firmeza la regulación de la Unión Europea sobre las plataformas y redes digitales de Musk, Zuckerberg y los demás oligarcas digitales.

El Reglamento sobre Servicios Digitales (conocido como DSA) aprobado en 2022 por el Europarlamento y el Consejo Europeo, así como el Código de Buenas Prácticas contra la desinformación, los bulos y las fake news -una norma de autorregulación a seguir por las corporaciones- constituyen la normativa de regulación en el ámbito de la UE. Es de aplicación a las grandes corporaciones como Google, Instagram, X (antes Twitter), TikTok, WhatsApp, Facebook, LinkedIn, Zalando, Booking, YouTube, Dropbox, Telegram o Amazon.

La Comisión Europea trata así de regular la actividad de las plataformas de internet para prevenir contenidos ilegales o peligrosos, garantizando los derechos fundamentales de las personas y en particular los derechos de los menores, la seguridad de los usuarios y la creación de un entorno de servicios digitales transparente y fiscalizado. También se establece el procedimiento a seguir en las ordenes y sanciones que se impongan a dichas plataformas, en las restricciones a las cuentas de usuarios que cometan infracciones así como en la puesta a disposición de mecanismos accesibles para atender las denuncias o quejas ciudadanas.

Sin embargo, con representar un avance, la reciente regulación europea es insuficiente a la hora de controlar y democratizar el funcionamiento de las redes y evitar la manipulación. Porque el Reglamento no establece la obligación de filtrar o moderar, por parte de las propias corporaciones tecnológicas, lo que publican los usuarios en sus redes y de eliminar contenidos ilegales o suspender cuentas con inmediatez por campañas de desinformación que entrañen graves peligros. La norma europea señala “las obligaciones” de las plataformas con expresiones como ajustar, evaluar, evitar, sopesar, reducir riesgos, auditar y prestar atención para moderar contenidos ilícitos o aquellos que ofrezcan riesgos de gravedad. En definitiva, la DSA no recoge una responsabilidad de las plataformas por los contenidos que difunden ni la obligación de realizar una supervisión permanente.

El Reglamento se complementa con un Código de Buenas Prácticas en materia de desinformación, noticias falsas y bulos, que es la primera herramienta de este tipo a través de la cual los agentes pertinentes de la industria acordaron normas de autorregulación para luchar contra la desinformación. Sin embargo, el cumplimiento del Código queda a la voluntad de las tecnológicas y se da el caso de que Elon Musk, dueño de X, no ha firmado dicho Código y Meta (Instagram, Facebook y WhatsApp) se acaba de desligar.

Por otra parte, ni este Reglamento ni tampoco el que trata de la “Libertad en los Medios de Comunicación”, definen qué ha de entenderse por desinformación ilícita y cuándo estaremos solo ante casos de desinformación engañosa, incompleta o incorrecta. De modo que la determinación de los tipos delictivos de la desinformación para casos verdaderamente graves (relacionados con riesgos para la salud de las personas, la seguridad o la soberanía nacional, los procesos electorales, los servicios esenciales en casos de emergencia, la convivencia social o los derechos fundamentales de la persona) se deja como una tarea para los Estados miembros de la UE en el desarrollo del Reglamento y mediante una ley nacional. Un trabajo legislativo muy complejo y resbaladizo porque esa regulación no podría dañar el ejercicio de la libertad de expresión y la libertad de prensa.

A pesar de sus limitaciones, la efectiva aplicación del Reglamento se ha convertido en un reto para los Estados de la UE y para la propia Comisión Europea de cara a hacer cumplir sus criterios. La clave reside en que los Estados tengan una voluntad política real de supervisar y controlar el funcionamiento de las redes y actuar con rigor, tanto desde la autoridad administrativa como la judicial, bien a iniciativa propia o atendiendo denuncias fundadas de usuarios y de alertadores fiables.

En el caso de España y de acuerdo con lo previsto en la DSA, que obliga a cada Estado miembro a nombrar una instancia Coordinadora de Servicios Digitales, el Gobierno ha designado para tal función a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). La DSA dota al organismo Coordinador en cada país de amplias facultades de supervisión, investigación y sanción sobre los prestadores de servicios digitales que operen en España. Representa, además, el primer punto de contacto para que las personas y las empresas resuelvan las reclamaciones.

La CNMC es la encargada de velar por el cumplimiento efectivo y eficaz de la norma europea, estando pendiente desde hace un año que el Gobierno eleve una ley al Parlamento para que la entidad asuma esa nueva competencia y pueda imponer sanciones o emitir ordenes de actuación a las plataformas. Debe, también, reformar sus estatutos para adaptar su actual organigrama y contar con más recursos. Como el Gobierno no ha hecho esos deberes, la CNMC aún no ha iniciado su función, algo inaceptable a la vista de cómo han proliferado los bulos con ocasión de la trágica DANA y con la permisividad de algunas plataformas.

En este complejo escenario tecnológico y político, es deseable que las instituciones democráticas, las organizaciones cívicas y los movimientos de activistas por la democracia estudien y trabajen sobre cómo configurar y promover otro modelo de redes sociales que sea alternativo a las pertenecientes a la aristocracia digital. La democracia precisa un modelo de redes que aporte confianza a la sociedad, funcione con transparencia en sus procesos y sistemas de algoritmos, así como con criterios de responsabilidad ética y garantías de cumplir las normas regulatorias.

> La urgente necesidad de una plataforma europea alternativa, con vocación de servicio público, transparente y que cumpla la regulación. 

En esa línea, desde abril de 2022 y durante dos años, la Unión Europea, por medio del Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD) y la Dirección General de Servicios Digitales, promovió un ensayo con la puesta en marcha de infraestructuras digitales de comunicación, sin ánimo de lucro y con un modelo alternativo al de las redes sociales de los gigantes tecnológicos.

Se han desarrollado, a modo de prueba y materializando un proyecto piloto, dos plataformas digitales para estudiar la viabilidad de una red social pública europea. El ensayo tecnológico, un hecho poco conocido, ha sido realizado por la Unión Europea a la vista de la actual dependencia de las plataformas chinas y norteamericanas, así como ante la interferencia desestabilizadora de Rusia en las redes con ocasión de procesos electorales en Europa.

La prueba consistió en la creación de dos portales: “UE Voice” y “UE Video”. Dos opciones para “competir”, llegado el caso, con redes privadas como X (de Elon Musk), YouTube o TikTok. “UE Voice” se diseñó como una plataforma de microblogging, pensada para compartir textos cortos, imágenes y vídeos de poca duración. Esta red se podría comparar con Twitter/X. Por su parte, “UE Video” sería una plataforma pensada para difundir vídeos y podcasts, una oferta del tipo YouTube.

La experiencia de crear infraestructuras digitales de comunicación públicas, se realizó por la UE teniendo como usuarios solo a instituciones, órganos, oficinas y agencias europeas que tuvieron la oportunidad de registrar sus cuentas en las dos plataformas públicas e interconectarse entre si. En su ensayo, el SEPD no quiso incluir el acceso de usuarios particulares, consciente de que no se daban las condiciones.

Los modelos ensayados presentan grandes diferencias con las redes privadas que ofrecen las corporaciones tecnológicas y se apostó por un modelo de plataformas europeas de servicio público, gratuitas, con un diseño de software de código abierto accesible al público y descentralizadas. Lo cierto es que, en la actualidad, ya existen ofertas de ese modelo de red. Es el caso de Blueski y Mastodon que tienen vocación social, respetan la privacidad de los usuarios que no se ven obligados a ceder sus datos personales, carecen de perfilado de sesgos de las personas y de algoritmos que manipulen los datos, no incluyen de momento publicidad y asumen el compromiso de moderar o minimizar contenidos de riesgo aceptando la autoregulación.

Estas redes sociales alternativas, Blueski y Mastodon, están experimentando un crecimiento notable tras los comportamientos y el posicionamiento político de Elon Musk, propietario de X y aliado de Trump en las recientes elecciones de EEUU. Esto ha provocado un gran debate público y la migración de numerosas cuentas desde X a dichas redes, hasta ahora muy minoritarias.

> Conclusiones : hay que actuar porque los intereses generales de la humanidad y el planeta están en peligro ante una marea reaccionaria. 

Las sociedades democráticas necesitan un modelo de red alternativa, con una vocación realmente social que funcione como un servicio público, sin manipulación de la información y con protocolos de transparencia que no estén al servicio de las élites tecnológicas ni de fuerzas políticas o gobiernos. Es muy importante que las redes alternativas asuman la responsabilidad de impedir contenidos ilegales o de gravedad y cumplan con las regulaciones.

Por tanto, si los gigantes tecnológicos, tras el preceptivo informe de evaluación, incumplen el citado Reglamento de Servicios Digitales y si no se autorregulan mediante el Código acordado contra los excesos de la desinformación y las fake news, los Estados miembros de la UE, el Parlamento Europeo y la Comisión que preside Úrsula von der Leyen deben intervenir con los instrumentos que les da la ley para supervisar, denunciar y sancionar a Musk y sus colegas, e incluso revisar aspectos de la DSA y corregir sus insuficiencias para el marco europeo.

Por otra parte, corresponde a las instituciones europeas la función de educar a la población en la cultura ética digital y defender los derechos de la ciudadanía en los ámbitos de la comunicación, información y debate público de ideas. En el caso de España, la Constitución en su artículo 20 recoge también el derecho a disponer de una información veraz. No olvidemos que la conjunción entre unas redes privadas al servicio de caudillos autoritarios, que permiten contenidos ilícitos, el uso de algoritmos para la manipulación de datos personales y la utilización de sistemas de inteligencia artificial para influir en la opinión pública, supone un grave riesgo para la convivencia democrática de la humanidad y la pervivencia del planeta.

Asistimos al desafío global de lograr una gobernanza democrática de las redes y controlar los sistemas y usos de inteligencia artificial. De lo contrario, cada año habrá más Estados en el planeta que, en medio de campañas sistemáticas de desinformación y bulos, avancen en la dirección de contar con gobiernos autocráticos, autoritarios y falsas democracias, contrarios todos ellos al interés general. Para frenar los riesgos de una marea de autoritarismo que se basa en la mentira, el miedo, el orden y la seguridad, debemos repensar y regenerar las instituciones de una democracia en crisis.

No sabemos hasta qué extremo va a pervertir Trump el sistema democrático en EEUU pero sí sufrimos la contaminación reaccionaria que provoca en Europa. Tampoco sabemos cómo será una gobernanza en la que intervenga la IA, pero en manos de Trump representa una amenaza para el empoderamiento ciudadano y su participación libre en la toma de decisiones. Ambos ejes de la democracia pueden ser sustituidos por un gobierno tirano de algoritmos y de sistemas inteligentes automatizados, ofreciéndonos a cambio “decisiones tecnológicas de gobierno más eficientes”, como parte de un modelo alternativo a la democracia y que practique una política deshumanizada.

En lo inmediato, con Musk en La Casa Blanca junto a un gobierno plutocrático de multimillonarios ultraliberales, democratizar las redes sociales y acabar con los discursos de odio será casi una misión imposible. Por ello, las sociedades que aman las libertades y la convivencia en paz, deben ejercer una resistencia activa y trabajar por recuperar la función original de internet para que esté al servicio de las necesidades de la humanidad y no de los beneficios para una aristocracia digital.

Odón Elorza / Licenciado en Derecho y ex Diputado por el PSOE (2012-2022).


Publicado por El Ciervo en su revista de enero 2025.

La creciente desconfianza hacia la política y los partidos tradicionales de gobierno se contrapone al avance de los diferentes movimientos de extrema derecha y trumpistas. Este escenario reclama de los demócratas construir y poner en circulación una nueva narrativa que dé respuesta cierta al discurso populista y antisistema que atrae a los jóvenes y confunde a sectores populares de la ciudadanía.

El ideario trumpista se aprovecha de las crisis globales y de las transformaciones y transiciones necesarias que provocan miedo e incertidumbre, así como de la propia debilidad de una Democracia representativa que se ha vuelto inmovilista. De manera resumida, quiero destacar seis ejes que considero básicos para construir un nuevo relato democrático que ayude a frenar la marea ultraliberal.

1º. La actual Democracia no es eterna ni está garantizada su vigencia ante el acoso de la extrema derecha y los errores y vicios que arrastra el propio sistema y que han perjudicado la credibilidad de la democracia. Por tanto, si no la perfeccionamos sin más demora, la perderemos. Parece que nos olvidamos que mantenerla costó millones de vidas y sacrificios en el pasado siglo. Ahora, el asedio de sus enemigos es más sutil. No precisan de golpes de estado militar pero cuentan con otras armas; entre ellas la mentira como estrategia y la desinformación en las redes. También se acomodan con diferentes ropajes en las instituciones del sistema democrático. Se llaman Orbán, Bolsonaro, Wilders, Meloni, Milei, Trump, Le Pen, Abascal o Ayuso y son sus referentes.

2º. Con sus limitaciones, la Democracia representativa es la mejor fórmula de gobernanza que nos permite la convivencia en libertad, participar en la toma de decisiones, avanzar en derechos, igualdad y justicia social. De ahí la necesidad de repensar la Democracia, tanto para dar respuestas justas a las actuales crisis globales como para lograr una regeneración ética y épica que la haga fuerte. Solo con políticos capacitados que escuchen a la gente, honestos y autocríticos lograremos recuperar la confianza en la Democracia de personas enfadadas y desilusionadas.

3º. En la era de la revolución tecnológica, los graves problemas y desafíos (migraciones, cambio climático, pandemias, inflación, inseguridad y consecuencias de la IA) tienen una dimensión global y afectan a todo el planeta. Lo cual exige asumir, desde la política, la defensa del interés de la Humanidad. Con medidas de corresponsabilidad colectiva y solidaridad en favor del bien común, frente a la exaltación del individualismo y al patrioterismo, así como con una gobernanza más democrática en oposición al modelo autoritario y a la plutocracia.

4º. Por encima de cualquier nacionalismo de confrontación, los Estados y los organismos internacionales deben actuar en favor del interés general. Para hacerlo posible, los bienes públicos globales y las capacidades tecnológicas -en especial la inteligencia artificial- han de ponerse al servicio de las necesidades de las personas y no de los intereses económicos y políticos de una aristocracia digital o de hiperliderazgos que derivan en regímenes autoritarios.

5º. Los hechos ponen en evidencia la estrategia de quienes quieren retornar a la senda de un NEOFASCISMO por vía digital. La ciudadanía ha de ser consciente de que la extrema derecha y los líderes trumpistas están utilizando la desinformación en las redes sociales, la mentira y los bulos, así como los discursos negacionistas de la realidad y el discurso del odio para liquidar los principios de la Democracia e imponer su posverdad. Ya no se trata de una distopía. Entre ellos los hay que dibujan un gobierno de los algoritmos y de sistemas inteligentes automatizados, ofreciéndonos “decisiones tecnológicas más rápidas y eficientes”. Forma parte de un modelo de gestión deshumanizada y alternativo a la democracia de las personas.

6º. Antes de que destruyan la condición de ciudadanía, esta ha de participar en un gran movimiento cívico como “activistas y ciberactivistas por la democracia”. Se trata de que la ciudadanía contribuya, utilizando la comunicación digital, a desmontar las mentiras de quienes forman gobiernos de multimillonarios, se apoyan en el capitalismo tecnológico y solo buscan aumentar su poder y riqueza. Para ello, eliminan cualquier regulación legal, rebajan impuestos y jibarizan el Estado a costa de una reducción sustancial de las políticas sociales.

No aceptemos la parálisis ni la resignación. Nos jugamos la sostenibilidad y la paz del planeta porque su supervivencia depende del aire que respiramos. Y no serán ni los oligarcas del poder tecnológico ni los caudillos trumpistas, que priman el individualismo y la eliminación del papel redistribuidor del Estado, quienes contribuyan a limpiar el aire, humanizar la política y salvar nuestro planeta.

Odón Elorza. Licenciado en Derecho y ex Diputado del PSOE por Gipuzkoa.

San Sebastián, 15 de enero de 2025 / Publicado en Público .

La actual Democracia liberal no es eterna ni está garantizada su vigencia ante el acoso ultra y los errores y vicios cometidos en su gestión durante décadas. Si no la perfeccionamos sin más demora, en el escenario de una compleja era digital, la perderemos por el avance de los partidos ultraliberales que ya constituyen un movimiento internacional en el planeta bajo el liderazgo de Trump. 

Parece que se nos ha olvidado que la Democracia -más allá de sus limitaciones- es el mejor sistema de gobierno frente a la plutocracia y a la autocracia, que permite convivir en libertad y avanzar en igualdad y justicia social. Su defensa costó muchas vidas y muchos sacrificios a la humanidad en el siglo pasado.

En Europa, la Democracia tendrá su prueba de fuego con la próxima celebración de elecciones en Alemania, Austria y la posible repetición en Francia. En los tres casos, la extrema derecha ha crecido y se presenta como una alternativa a los partidos tradicionales de gobierno. Trump, lo mismo que Rusia, querrá influir en las elecciones europeas. China hará lo propio en otros continentes.

En 2025 Trump ya estará en La Casa Blanca con la potencialidad de la IA a su disposición y con un gobierno de multimillonarios que carecen de sensibilidad social, ponen la prioridad en la rebaja de impuestos y en el rechazo a cualquier regulación. Es previsible el surgimiento de un movimiento cívico formado por universitarios e intelectuales en respuesta a los atropellos del trumpismo.

A lo largo del año, la UE entrará en una crisis política de cohesión y valores. Ya no será posible lograr consensos de mayorías que no impliquen cesiones a los “socios” europeos de Trump. La migración irregular no cesará, con cambios en la política de la UE en la dirección que propone Meloni. El problema energético y la crisis climática se verán afectadas por los intereses de Trump, lo mismo que el gasto europeo en defensa y los términos del final de la guerra en Ucrania y Gaza.

La desinformación, los bulos y la manipulación de los algoritmos proseguirán en las redes sociales de los gigantes tecnológicos en favor de las teorías negacionistas y la posverdad, sin que la regulación del Reglamento europeo, DSA, sea suficiente para controlarlas y sancionarlas. Y podría darse, también, un repunte del terrorismo yihadista, como una expresión del odio a occidente que se ha alimentado por Netanyahu con su respuesta genocida contra los palestinos.

Un panorama político que provocará más incertidumbre y miedo. Sobre todo en sectores de la población que viven en la precariedad y creen no tener nada que perder. Un terreno abonado para los discursos de odio y de la antipolítica que practican los líderes ultras.

Por todo ello, los demócratas necesitamos una nueva narrativa, ética y épica, que contribuya a la regeneración de la Democracia y permita, de nuevo, ganar la credibilidad y la confianza de la humanidad por defender el interés colectivo. Pero por encima de todo, debemos ser muchas personas las que en 2025, por encima de posiciones partidistas, nos comportemos como auténticos “activistas por la Democracia”. No esperemos más. 

Odón Elorza / Licenciado en Derecho y ex Diputado del PSOE por Gipuzkoa.

San Sebastián, 28 de diciembre de 2024. / Publicado en el obrero.es 

Cuando en el año 2000, desde la Alcaldía del PSE-PSOE, me comprometí con un Plan integral de Movilidad Sostenible para San Sebastián, se puso también en marcha una actuación simbólica consistente en intervenir  en la calzada del Paseo de La Concha para destinar uno de los carriles al uso de las bicis.

El Gobierno Municipal lo implantó tras consultar a las partes. Hubo una gran polémica por la oposición de sectores comerciales, mediáticos y políticos de la ciudad que no querían reducir los espacios y viales hasta entonces reservados a los coches. Kalapie, como entidad ciclista, sí había insistido desde tiempo atrás en esta actuación.

Hasta ese momento, ya habíamos realizado otras actuaciones que continuamos hasta 2011 para ampliar la red de carriles bicis (bidegorris), instalar los aparcamientos para bicicletas, un servicio público de bicis y la conversión estratégica de dos viejos túneles del ferrocarril de vía estrecha (el Topo) en Morlans. La obra de recuperación de dos túneles en desuso y de 3 km del trazado de vías para su utilización segura y rápida por las bicis, permitió una conexión innovadora del barrio de Amara con Morlans, Bera Bera, Añorga, Lorea, Ibaeta y la Universidad.  

La red para bicis ha funcionado bien en estos 25 años, con limitaciones y con mejoras introducidas. Pero es tiempo de dar otro salto. Se siguen necesitando más decisiones ambiciosa ante el aumento de usuarios, con la mejora de itinerarios y la eliminación del riesgos para peatones y ciclistas. Por ello, se deben afrontar nuevas medidas actuando sobre la calzada en todos los barrios para facilitar la circulación de las bicis con garantías de seguridad.

Como ciclista urbano habitual, observo las carencias que tiene San Sebastián para convertirse en una ciudad de referencia en España y Europa por su oferta en favor de la movilidad ciclista. La clave reside en compartir más calzadas con los coches, ampliando y reforzando las áreas 10, 20 y 30 km/h de velocidad máxima. Zonas que estén bien señalizadas con el objetivo de garantizar el respeto a los ciclistas y recordando la preferencia de la bicicleta por esos viales.

Por otra parte, es necesario ir eliminando los espacios compartidos entre peatones y ciclistas para evitar accidentes, sobre todo en calles peatonales comerciales y en horas muy concurridas. con ese objetivo, en el Centro de San Sebastian es urgente crear un bidegorri clave a lo largo de las calles Hondarribia y Garibay, desde el cruce con San Martin hasta el Boulevard, para sustituir el que ahora discurre, con problemas, por el eje peatonal comercial de Getaria-Churruca-Plaza Gipuzkoa-Elcano.

Así mismo, hay que dar continuidad al carril bici del Boulevard -sacándolo de La Bretxa- en recto hasta la Avda de La Zurriola, y prolongar el existente en la calle Easo hasta la Avda de La Libertad y su conexión con el que debe crearse por la calle Miramar. Es conveniente un nuevo carril bici a lo largo de la calle Zubieta que permita suprimir el que discurre por el Paseo peatonal de La Concha, eliminando así riesgos de accidentes a los peatones en intersecciones.

En el caso del Barrio de Gros se debería implantar un bidegorri a lo largo de la calle Miracruz hasta Gloria; una vía de entrada unidireccional por el circuito de Paseo Colon-calle Nueva y Secundino Esnaola (delimitando zona 20 en la calzada) hasta la Avda de Navarra. También, otra vía de salida del barrio hacia el Centro, bajando por Zabaleta (con cambio de sentido), siguiendo por el lateral peatonal menos concurrido de Plaza Cataluña hasta la conexión con el Paseo de Colón.

Los viales compartidos por coches y bicicletas en calles como Bergara-Prim, Gran Vía e Iparraguirre deben estar bien  señalizadas en el pavimento como zonas 20. Y en Paseo Colón, el estrecho bidegorri existente -como otros muchos- ha de continuar hasta enlazar con la calle Usandizaga. Se precisa, también, una solución para conectar Riberas de Loiola con el area Tabakalera-Egia a través del Camino de Mundaiz. En los barrios más alejados del Centro y por las pendientes existentes, se tiene que reforzar la oferta del servicio público de bicis con batería eléctrica de apoyo.

Por último, el Ayuntamiento ha de resolver las situaciones de riesgo para peatones que se dan en puntos de cruce con las bicis. Me refiero a la Plaza de Euskadi, inicio de Republica Argentina con el puente Santa Catalina, Avda de la Libertad con esquina calle Miramar, Puente del Kursaal con inicio Paseo de Salamanca, etc.  

Al cumplirse 25 años de vigencia del Plan de Movilidad, las bicis tienen que ocupar con decisión su lugar en la calzada. Es por ello que, en el marco del proceso de participación ciudadana sobre el documento de revisión del Plan General de Ordenación Urbana, he presentado en el Ayuntamiento esta relación de propuestas y alegaciones.

Odón Elorza / Ex Alcalde, 1991-2011.

San Sebastián, 26 de diciembre de 2024. / Publicado en eldiario.es