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100 días de Gobierno por la regeneración.

Aunque el PP aún no se da por aludido, la Moción de Censura que presentamos los socialistas tras la sentencia de la trama Gürtel, respondía a la gravedad y extensión de una corrupción asfixiante en el PP y su entorno que señalaba a Mariano Rajoy, desde hacía años, como máximo responsable político. Los comportamientos inmorales del PP, junto a los abusos de poder, habían paralizado el proceso de regeneración democrática e imposibilitaban respuestas decididas que nos pudieran acercar a una democracia avanzada.

Si algo espera la sufrida ciudadanía, tanto del Presidente Pedro Sánchez como de su Gobierno Socialdemócrata y del conjunto de las instituciones, es que se actuae con decencia y un cambio de cultura política en el ejercicio del poder. Porque además de las dolorosas consecuencias de exclusión, desigualdad y precariedad provocadas en millones de familias por la crisis económico-financiera, se han vivido años de opacidad política, corrupción y clientelismo, prepotencia y desprecios al papel de control del Parlamento.

Por eso, la calle quiere del nuevo Gobierno la máxima transparencia, un alto nivel de ética política y más diálogo entre las fuerzas políticas y del Gobierno con la sociedad. Esos ejes han sido seguidos en estos 100 días por un Pedro Sánchez que busca devolver la normalidad democrática a la vida política y unos comportamientos morales que se echaban en falta en España. Son demandas ciudadanas que no suponen coste económico y que exigen la gestión de acuerdos en el Parlamento y el liderazgo del Presidente.

Hemos vivido 100 días de gobierno muy difíciles en medio del acoso y persecución a Pedro Sánchez, de la crispación con informaciones salidas de las cloacas, el alarmismo permanente y las continuas falsedades en las declaraciones de Casado & Ribera como muestra de la actitud de irresponsabilidad de las derechas. Sin embargo, el Presidente Pedro Sánchez y su equipo ministerial han mostrado épica, capacidad de resiliencia y coherencia con los compromisos que expresó en el debate de la Moción de Censura en favor de la regeneración.

Bastaría citar las actuaciones para devolver el pluralismo a una RTVE que es de todos, el levantamiento del veto que había impuesto el Gobierno de Rajoy a las leyes presentadas por la oposición y guardadas en un cajón con la complicidad de Ana Pastor y la Mesa del Congreso dominada por el PP y C’s, las dinámicas de reuniones ministeriales con agentes sociales y con colectivos para deliberar sobre las soluciones a los problemas -como corresponde a un Gobierno abierto y de progreso- y la presentación al Congreso de un decreto convertido en proyecto de ley sobre la exhumación de Franco. Una medida que dignifica la democracia y supone un reconocimiento a la Memoria de las víctimas de la guerra civil y la dictadura.

También son ejemplo de transparencia las decisiones del Presidente acordando la dimisión de dos Ministros ante hechos del pasado que se desviaban de una recta ética política, la completa divulgación de la tesis de su doctorado o el inicio de un diálogo transparente, en todo momento, con el Gobierno de Cataluña para devolver el protagonismo a la política y defender la convivencia ciudadana. Y para cerrar esta etapa inicial, Pedro Sánchez ha propuesto la eliminación de los aforamientos mediante una reforma puntual de la Constitución.

Todo ello supone el inicio de un cambio político para fortalecer el sistema democrático en España mediante nuevas actitudes y la aprobación de medidas que ayuden a recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Sabemos las dificultades de lograr el objetivo ante las campañas de acoso y derribo al Gobierno. Ya lo esperábamos. Pero el PSOE lo va a intentar con total convicción porque la plena legitimación del Gobierno va unida al perfeccionamiento de las leyes y a los códigos para la prevención y lucha contra toda clase de corrupción.

El Presidente lidera una catarsis en la vida política institucional, introduciendo en el día a día una nueva cultura de valores democráticos referidos a la forma de entender la política como herramienta de transformación al servicio del interés general, de un reparto justo del crecimiento y de un empleo de más calidad. El PSOE es consciente de que la aprobación de la Moción de Censura conlleva implementar una Gobernanza cívica y compartida que permita la estabilidad política de España.

Esa Gobernanza se está traduciendo en la primacía del diálogo social y la permanente búsqueda de acuerdos y pactos con los grupos del Parlamento; la interlocución con la sociedad y sus agentes desarrollando las buenas prácticas de una democracia participativa y deliberativa; el respeto al pluralismo y a una información veraz desde los medios públicos de comunicación; la transparencia en las decisiones de un gobierno abierto en aplicación del código ético; la búsqueda de la lealtad, la cooperación y la eficacia en el funcionamiento de las administraciones; la eliminación del veto del Senado a la aprobación de una senda del déficit público más flexible, un elemento esencial en la elaboración del Presupuesto para 2019 que está bloqueado por la actitud intolerable de Ana Pastor como Presidenta del Congreso al servicio del PP; la elección progresiva de los miembros de los órganos constitucionales y otras instancias reguladoras en base a los principios de mérito, capacidad, consenso amplio e independencia; la rendición de cuentas y el sometimiento al control del Parlamento de las decisiones del Gobierno; y el impulso a la necesaria reforma del Reglamento del Congreso.

Pero el desafío constante de regeneración de la democracia no puede estar dirigido solo a los políticos. Hemos de favorecer y dar cauces a una ciudadanía que quiere saber y participar, que defiende la convivencia en pueblos y ciudades porque asume identidades compartidas y no excluyentes, que está abierta a la comprensión de la diversidad y que lucha por el respeto a los derechos humanos. La vertiente educadora de un gobierno ha de recordar, también, los deberes y obligaciones cívicas de la ciudadanía. Entre ellas la disciplina fiscal, la corresponsabilidad en el buen uso de los bienes y servicios públicos, las prácticas de solidaridad y los hábitos sostenibles y de vida saludable. 

Las nuevas vías democráticas de acción política aquí esbozadas y los procedimientos participativos y de deliberación en la toma de decisiones que aún debe promover el Gobierno mediante un Plan integral, darán a la sociedad en general más confianza en una política más cercana y transparente. Pero para ello se necesita tiempo y un clima menos crispado. 

Llegados a este punto el lector podría pensar que no tenemos capacidad de autocrítica. No es así. Claro que en este periodo inicial el Gobierno ha cometido fallos y contradicciones, en parte por inexperiencia y tras un aterrizaje forzoso. De ahí que reconozcamos que no hemos podido cumplir, por razones de seguridad jurídica, el compromiso de hacer pública la lista de los miles de defraudadores que se acogieron a la amnistía fiscal de Montoro. Y lo lamentamos profundamente. 

Odón Elorza / Diputado socialista por Gipuzkoa

Secretario de Transparencia y Democracia Participativa en la CEF del PSOE

San Sebastián, 18 de septiembre de 2018 / Publicado en diario.es

 

 

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En defensa de la Democracia y ante la campaña de intoxicación de las derechas.

Cuando vives volcado en la política, entendida como instrumento transformador, una de las principales preocupaciones debe ser la de trabajar por mantener la ilusión en unas instituciones decentes por parte de una sociedad incrédula acosada por tantas incertidumbres. Y hacerlo con aquellas propuestas de reformas legislativas que sean prioritarias y con medidas de justicia social que requieren, no lo olvidemos, un presupuesto de cambio con capacidad para recuperar el Estado de Bienestar. De ahí que las derechas traten de bloquear por medios antidemocráticos el proceso de  tramitación del Presupuesto del Gobierno para 2019. 

Debemos estar atentos al latido de una democracia maltratada durante largos años, lo que ha provocado, junto a otros factores, la desafección ciudadana hacia las instituciones y los partidos. Solo así se puede percibir cuándo hay riesgo de pasar de la esperanza colectiva al desencanto de la ciudadanía. Más aún cuando las derechas, en solo 100 días, quieren imponer su posverdad; esto es, reescribir la historia de los recortes, de la involución del Estado Social y Democrático de Derecho, ocultar su responsabilidad en la corrupción y anular la Memoria sobre las consecuencias que dejó la dictadura franquista.

Lo cierto es que, en estos momentos, existe el riesgo evidente de que la bronca partidista (no me olvido de las provocaciones de Rufián), el juego sucio y la toxicidad de algunos sectores de los medios de comunicación tapen los avances que supone la aplicación del proyecto Socialdemócrata que lidera el Presidente Pedro Sánchez. Me refiero a los compromisos de un Gobierno, en favor de la regeneración social y democrática, que surgió en una situación de emergencia como consecuencia de una Moción de Censura frente a la corrupción generalizada del PP. 

Por tanto, no se trata de resistir ante el acoso de los discípulos de Aznar, sino de redoblar la acción política con medidas de la Agenda Social (sanidad, educación, empleo de calidad, pensiones, igualdad de género, pobreza energética,...) que ayuden a recuperar la dignidad en la vida de las personas.

Ese ha de ser nuestro principal empeño, conscientes, además, de que es la mejor manera de reforzar la estabilidad del Gobierno y ensanchar la democracia en España, como centro político de referencia en una Europa acosada por movimientos neofascistas y xenófobos que onsideran prescindible la democracia o que tratan de secuestrarla.

Llegados a este punto y observando todo lo que está en juego, en medio de las diferentes crisis, la creciente desigualdad, la corrupción y los abusos de poder, los nuevos desafíos de un mundo globalizado -como son la economía digital y la robotización, la desregulación de un capitalismo financiero especulativo, los paraísos fiscales, las migraciones o el cambio climático- y, junto a lo anterior, el avance de los populismos y la extrema derecha, no podemos olvidarnos de tres herramientas claves a utilizar por la izquierda para avanza con respuestas y alternativas propias. 

Me refiero al uso de la pedagogía -no del marketing- para explicar a la sociedad, de frente y sin desmayo, las decisiones, los errores, los límites y las situaciones conflictivas. Otra herramienta es la movilización de las conciencias y de las gentes en la calle para que participen en la defensa de sus legítimos intereses y de una democracia participativa y deliberativa. Por último, conviene insistir en que la práctica continuada de la ética política es la mayor garantía para mantener la credibilidad de un proyecto y de quienes están en el ejercicio del poder, algo que siempre desgasta.

Odón Elorza  /  Diputado Socialista por Gipuzkoa PSOE

26 de septiembre de 2018

Publicado en el diario público.es

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Exhumar a Franco para hacer de “El Valle de los Caídos” un espacio de Memoria democrática.

Durante más de seis años, el Gobierno de Rajoy ha presumido de incumplir la Ley de Memoria de 2007 promovida y consensuada por Rodriguez Zapatero como Presidente. El portavoz del PP, Pedro Hernando, incluso despreció con la acusación de “peseteros” las peticiones de ayuda de familiares y asociaciones de apoyo las victimas del franquismo que permanecen aún a miles en las cunetas. Normal que para ellos no fuera urgente exhumar los restos de Franco.

Los mismos que se negaron a aplicar la ley y que incluso han subvencionado a la Fundación Franco o tramitado el expediente para renovar el Ducado de Franco para su nieta, han acusado al Gobierno de Pedro Sanchez de “no cuidar las formas” al proponer la exhumación del dictador por la vía del Decreto-Ley, como si se tratara de una decisión improvisada y fruto del dedazo. Manipulan, pues saben que el Decreto es convalidado por el Congreso para iniciar su tramitación como Proyecto de Ley.

Malas excusas de quienes siguen arrastrando su adn franquista y se niegan, junto a la otra derecha nacionalista española que representan Rivera y Ciudadanos, a apoyar la salida de Franco de una tumba de Jefe de Estado, situada en el altar del mausoleo de El Valle de los Caídos. Una situación insólita que solo sirve para animar a la exaltación de los nostálgicos del régimen fascista, en vez de adoptar los cambios urgentes para convertir ese monumento franquista en un espacio cívico para la interpretación de lo que sucedió en aquellos años negros de franquismo y para la defensa de una Memoria democrática.

La democracia española no podía permitir, por más tiempo, una situación de indignidad que ataca la memoria, el respeto y el reconocimiento a los 16.000 republicanos, víctimas del franquismo, cuyos restos reposan allí contra su voluntad, encerrados de forma vergonzosa a espaldas del dictador.

El PSOE, con esta iniciativa y cuidando las formas, ha promovido un paso histórico en favor de la concordia y la convivencia democrática. Pero quedan otros pasos por dar con el objetivo de mejorar la actual Ley de Memoria y garantizar su aplicación íntegra, empezando por sacar los restos de miles de republicanos que aún siguen olvidados en fosas y cunetas.

Odón Elorza  /  Diputado del PSOE por Gipuzkoa

14 de septiembre de 2018

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Un Modelo Federal para la España del siglo XXI.

Necesitamos una respuesta de carácter federal para superar la crisis territorial que atraviesa España. Una transición del actual sistema autonómico, lastrado por desajustes y un mal funcionamiento de los mecanismos de cooperación, a un modelo Federal que refuerce la estructura territorial de distribución del poder y que incorpore la reforma constitucional pendiente. Ello ayudaría a una mayor cohesión ciudadana y territorial así como a la estabilidad política y a una gobernanza más cooperativa y eficiente. 

Desde siempre, el inmovilismo del PP y C’s -con nuevas propuestas que defienden la recentralizacion y por tanto pasos de involución para el sistema constitucional autonómico- y la intransigencia de los partidos independentistas, hacen que hoy no se den las condiciones para iniciar un complejo proceso de diálogo y negociación sobre la reforma de la Constitución. Sin embargo, su necesidad es evidente y los resultados del 28A invitan a establecer una estrategia para acercarnos al objetivo de la reforma.

No dudo que el federalismo, con sus principios, valores y técnicas de funcionamiento, es muy útil para construir una nueva idea de esta España plural y moderna - en el marco de una Europa que también debe evolucionar en la dirección Federal - que ayude a consolidar el Estado Social de Derecho y permita ensanchar la democracia. 

La reforma constitucional no deja de ser otra de las  prioridades de la accion política que debiera abordarse en la próxima legislatura. Ojalá que pudiera ser a impulsos de un Gobierno Socialdemócrata que defienda una solución política para España de carácter federal que resuelva litigios y disfunciones así como los problemas de eficiencia y lealtad que han provocado una grave crisis institucional del sistema autonómico, en especial en Cataluña. Porque la mayor expresión es el conflicto existente en Cataluña como consecuencia del procés ilegal de secesión unilateral y de la ausencia de iniciativas políticas por parte del anterior Gobierno de Rajoy.

Es necesario que desde la sociedad civil y los movimientos federalistas se trabaje en clarificar, en un proceso de información y debate abierto con participación ciudadana, los perfiles de la propuesta en lo que se refiere a los principios y valores federales que son poco conocidos. De entrada, hay que hablar de los principios de lealtad, cooperación y coerción federal porque preservan otro principio: el de unidad, propio de un Estado Federal compuesto y organizado de forma descentralizada mediante el autogobierno de sus federaciones.

Por su parte, el principio de cooperación es distintivo de un modelo Federal que apuesta por potenciar los órganos horizontales de colaboración entre territorios así como las conferencias bilaterales y multilaterales de cooperación intergubernamental y administrativa para prevenir conflictos y compartir soluciones. Conllevaría revitalizar la conferencia de Presidentes, las conferencias sectoriales, los encuentros bilaterales y aprovechar las potencialidades que ofrecería su vinculación a un Senado Federal. Un Senado que, por fin, con mayoría absoluta del PSOE, abre un campo inmenso de posibilidades para afrontar tantas tareas pendientes después de años de secuestro de su papel por el control del PP.  

Un MODELO FEDERAL de poder y soberanía compartidas se apoya en instrumentos de deliberación y coordinación entre el Estado y las entidades federadas de cara a la toma de decisiones. Tampoco olvida que, en asuntos del ámbito de la UE, los territorios federados han de participar en los trabajos de elaboración de las decisiones por el Estado, en las propuestas políticas y en ejecución de las mismas.

El federalismo hace también bandera del principio de solidaridad interterritorial que trata de garantizar la cohesión social mediante cláusulas tendentes a la igualación de las condiciones básicas de vida y del ejercicio de los derechos sociales en todo el Estado. El sistema de financiación deberá estar incluido en la Constitución conforme a los principios de autonomía financiera, suficiencia, corresponsabilidad fiscal, solidaridad y equidad interterritorial para garantizar un nivel equivalente de los servicios públicos en los diferentes territorios.

El principio de reconocimiento de la diversidad y de las singularidades de los territorios se corresponde con la realidad de una España plurinacional. Esta realidad hace explicable un modelo Federal asimétrico que respondería a la existencia de hechos diferenciales legítimos entre las actuales Comunidades Autónomas que ya se recogen en la Constitución.

Un reparto racional, preciso y eficaz de competencias entre la Federación y los territorios federados ha de ir de la mano del principio de subsidiariedad, teniendo en cuenta a las entidades locales. Se trata de reducir la conflictividad, las duplicidades, evitar las guerras de transferencias y las invasiones competenciales conforme a un sistema organizativo más eficaz y sin ambigüedades que acote en la Constitución las facultades concretas del Estado y el papel del Tribunal Constitucional.

Por otra parte, este nuevo modelo de país conlleva la conversión del Senado, siguiendo el informe del Consejo de Estado, en una Cámara de representación de los territorios para desarrollar la función legislativa en materias que afectan a la distribución del poder, actuar como una instancia parlamentaria que genere mecanismos de integración y propiciar la mejor relación entre las entidades federadas.

Por último, ante las posiciones extremas de confrontación por parte de quienes plantean la ruptura secesionista del Estado o su recentralización y práctica eliminación del sistema autonómico -en este caso con la excusa de proteger la unidad de España-, la respuesta federalista, a incluir en la reforma de la Constitución, favorece el autogobierno de los territorios, la cohesión ciudadana y una gobernanza democrática del Estado en defensa del interés general. 

Odón Elorza / Diputado del PSOE por Gipuzkoa

Madrid a 12 de septiembre de 2018 / Publicado en InfoLibre

Versión corregida el 4 de mayo de 2019. 

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