Necesitamos otro modelo de redes sociales, reguladas y al servicio de la ciudadanía. La desinformación y los contenidos ilícitos o tóxicos discurren sin control por las plataformas digitales privadas que son la fuente en donde tratan de informarse, sin ninguna garantía de rigor y veracidad, un sector cada vez más numeroso de la población, especialmente la juventud.
⚫️ I. EL ACTUAL MODELO DE REDES SOCIALES ES UN RIESGO PARA LA DEMOCRACIA.
Los espacios digitales más importantes de información, comunicación e interacción pública son propiedad de cinco gigantes tecnológicos que influyen como un cuarto poder al ejercer un oligopolio y sirven de apoyo a quienes practican el ciberpopulismo y el fascismo digital. Su plan de negocio, formulado desde una posición política y económica tecnoliberal y trumpista, ni respeta el interés general de la ciudadanía ni parece dispuesta a cumplir la regulación europea sobre el funcionamiento de los servicios digitales.
En un Estado de Derecho, las redes sociales no pueden funcionar conforme a la ley de la selva y de la mano de la disrupción tecnológica en ausencia -hasta ahora- de una regulación precisa de la Unión Europea. La ciudadanía se ve expuesta a la toxicidad de unas plataformas que acogen contenidos ilegales, desinformación, teorías conspirativas, injurias, bulos racistas y xenófobos, fake news y campañas de haters, bots y ultras, desde cuentas falsas o anónimas.
Los grupos antidemocráticos están muy presentes en las plataformas digitales al encontrar en las redes una vía fácil para hacer penetrar sus ideas autoritarias y mensajes entre la población. De ahí que en ellas se prodiguen los discursos que exaltan el odio, la violencia y el totalitarismo. Redes que promueven la distopía, la posverdad y los relatos alternativos. Una situación grave cuando una parte creciente de la población vive pendiente o es adicta a las plataformas digitales.
Las redes sociales, con el potencial que les aporta el uso de la inteligencia artificial, no deberían constituir un riesgo para la democracia sino atender las necesidades vitales de la sociedad y los derechos digitales de las personas.
Sin embargo, los gigantes tecnológicos son ajenos a la ética digital y a los valores de una sociedad democrática. Por tanto, la Unión Europea y los Estados miembros tienen que garantizar a la ciudadanía el ejercicio de sus derechos para poder informarse con rigor, comunicarse y debatir con libertad sus opiniones en las redes sociales o hacer compras de bienes y productos con seguridad. La ciudadanía no puede ser objeto de manipulaciones informativas que obedecen a oscuros intereses económicos y políticos.
Esas macroempresas representativas del capitalismo digital ostentan un poder muy superior al de muchos Estados, gracias a la nueva economía de los datos que les aportan cada día los usuarios de las redes. Con el big data hacen un inmenso negocio y su prioridad es mantener la soberanía digital, sin cumplir las obligaciones de una regulación legislativa. Para fomentar un consumo enfermizo utilizan sesgos y sistemas algorítmicos que les permite manipular creencias, fomentar preferencias electorales en la ciudadanía y discriminar o direccionar tanto la información como la publicidad personalizada.
⚫️ II. LOS GIGANTES TECNOLÓGICOS INCUMPLEN LA REGULACIÓN EUROPEA.
Las recientes leyes aprobadas sobre Mercados, Servicios Digitales (DSA) y Libertad de Expresión en Medios de Comunicación, así como el Código de Conducta -de autorregulación- contra la desinformación y las fake news, recogen una amplia regulación. Tratan de garantizar la defensa de la libertad de expresión con los límites propios de un Estado de Derecho, el respeto a los derechos fundamentales de las personas y la seguridad publica, la transparencia y otras obligaciones de las plataformas, los derechos de los consumidores y de los usuarios digitales, así como la protección del honor de las personas y de los derechos de la infancia.
Contamos, desde 2023, con una Ley de Servicios Digitales (DSA) equilibrada a la hora de controlar el funcionamiento de las plataformas y garantista al fijar el procedimiento sobre las sanciones a dichas plataformas, las restricciones a usuarios supuestamente infractores y la atención a las reclamaciones. De manera que su aplicación rigurosa se ha convertido en un gran reto para los Estados de la UE de cara a hacer cumplir sus mandatos.
Para que la ley DSA resulte eficaz se debe aplicar su normativa sin demoras. También hay que ampliar las medidas de autorregulación y automoderación de las propias plataformas digitales y una intervención decidida de los Estados para garantizar su cumplimiento. Este escenario empuja a los demócratas y a los movimientos cívicos de la sociedad a reflexionar sobre cómo promover y configurar un modelo de redes sociales que sea alternativo al actual modelo privado, que aporte confianza digital, funcione con transparencia y criterios de responsabilidad ética y esté dispuesta a cumplir las normas regulatorias.
⚫️ III. EL ENSAYO REALIZADO POR LA UE SOBRE NUEVAS PLATAFORMAS DIGITALES.
En este sentido, desde abril de 2022 y durante dos años, la Unión Europea, por medio del Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD) y la Dirección General de Servicios Digitales, ha promovido un ensayo con la puesta en marcha de infraestructuras digitales de comunicación sin ánimo de lucro y siguiendo un modelo alternativo a las redes sociales de los gigantes tecnológicos.
Se han desarrollado, a modo de prueba y materializando un proyecto piloto, dos plataformas digitales públicas para estudiar la viabilidad de una red social europea. El ensayo tecnológico, un hecho poco conocido, ha sido realizado por la Unión Europea creando dos portales: “UE Voice” y “UE Video”. Dos opciones para “competir”, llegado el caso, con redes privadas como X (de Elon Musk), YouTube o TikTok. “UE Voice” se diseñó como una plataforma de microblogging, pensada para compartir textos cortos, imágenes y vídeos de poca duración. Esta red se podría comparar con Twitter/X. Por su parte, “UE Video” sería una plataforma pensada para difundir vídeos y podcasts, una oferta del tipo YouTube.
Sin embargo, presentan grandes diferencias con las actuales redes privadas al concebirse como plataformas digitales públicas, gratuitas, con un diseño de software de código abierto accesible al público y descentralizadas. En la actualidad ya existe un modelo de red con vocación social, respetuoso con la privacidad de los usuarios que no se ven obligados a ceder sus datos personales, sin perfilado de sesgos de las personas por los algoritmos y sin publicidad. Es el caso, entre otras, de la red Mastodon.
La experiencia de crear infraestructuras públicas se realizó por la UE teniendo como usuarios a instituciones, órganos, oficinas y agencias europeas que tuvieron la oportunidad de registrar sus cuentas en las dos plataformas públicas e interconectarse entre si. Se ha constatado que se pueden ofrecer alternativas que prioricen a las personas y su derecho a la protección de datos. Pero en su ensayo, el SEPD no quiso incluir el acceso de usuarios particulares.
¿Si esas redes públicas estuvieran accesibles a la ciudadanía, podrían competir con el monopolio de las grandes redes sociales privadas? Es un reto muy complejo y difícil. Sin embargo, ya se han dado dos pasos importantes para ampliar la soberanía digital de la UE frente a la dependencia de las redes sociales estadounidenses y chinas, prevenir la inseguridad y la desestabilización de un país en momentos electorales o de graves crisis, acabar con la falta de transparencia tecnológica, y atender las necesidades tecnológicas y los derechos digitales de la humanidad.
De momento, el primer paso se refiere a la regulación del Europarlamento sobre las plataformas por medio de la Ley de Servicios Digitales. El segundo ha sido el ensayo que demuestra que la UE, mediante un partenariado, puede ofrecer a la ciudadanía infraestructuras de redes sociales como alternativa a las que son propiedad de los gigantes tecnológicos. Hoy es posible contar con redes que respeten los derechos básicos de las personas y la privacidad de sus datos, que apliquen la regulación y la autorregulación para eliminar la desinformación y las fake news, así como los discursos de odio y violencia, y que no constituyan un riesgo para la democracia.
⚫️ IV. CONCLUSIONES.
Necesitamos un modelo alternativo a las redes sociales privadas, de ámbito europeo, con vocación realmente social, que funcione como un servicio público, sin manipulación de la información y que se gestione con independencia de modo que no sirva a intereses económicos de corporaciones de empresas ni a intereses partidistas de ningún gobierno. Pero más allá del debate sobre quién ostente la titularidad, una red alternativa que pretenda competir con las que ofrecen los gigantes del oligopolio deberá afrontar importantes retos.
Se parte, como propuesta, de una plataforma digital europea que nazca de un consorcio público-privado que pueda garantizar su viabilidad antes de reabrir los servidores a cuentas de usuarios particulares. Para ello debiera reunir algunos requisitos: contar con un plan sostenible de financiación; capacidad real para captar a un elevado número de usuarios de las redes privadas, dotando a la nueva red social de herramientas y funciones que resulten innovadoras y atractivas para los usuarios; crear en el partenariado de la red un organismo de gestión independiente; y un sistema de control sobre su funcionamiento para garantizar que actúa en favor del interés general, la privacidad de los datos, la ética digital y los valores de la democracia.
Si los gigantes tecnológicos no cumplen la ley DSA, sobre el control de las grandes plataformas digitales, que les obliga a atender requerimientos de las autoridades -judiciales o administrativas- para que procedan a eliminar contenidos ilegales en las redes; si no se autorregulan, moderando discursos de odio y violencia; y si no aplican el Código de buenas prácticas contra la desinformación y las fake news, entonces las instancias de control y coordinación creadas por la ley, así como los propios Estados miembros de la UE, tendrán que intervenir, junto al Parlamento Europeo y la Comisión que preside Úrsula von der Leyen, denunciando y sancionando a Musk y otros dueños de redes y, además, promover un modelo de red social alternativa.
Al mismo tiempo, corresponde a la Unión Europea la función de educar y promover una cultura responsable sobre la ética digital y el significado de los derechos digitales en materia de comunicación, información, soberanía digital y debate plural de ideas. Ha de hacerlo en defensa de una sociedad democrática global que debe preservar el principio de la libre decisión de la ciudadanía ante una revolución tecnológica que nos ha cambiado los paradigmas. Y ha de dar voz a la ciudadanía ante una IA acelerada que podría suplantar nuestra capacidad humana de decidir por medio de una gobernanza algorítmica.
La combinación entre redes privadas, algoritmos e inteligencia artificial, manipulando la información y generando desinformación, afecta e influye en los procesos electorales y representan un riesgo sistémico. Cuando crecen las amenazas a la democracia, las tecnologías de la informacion junto a los sistemas o funciones de la IA no pueden convertirse en su enemigo ni estar a disposición de líderes autoritarios que promuevan dictaduras digitales.
Democratizar las redes y controlar las funciones y usos de la inteligencia artificial supone todo un desafío global. Ambas están contribuyendo a que cada año, en medio de turbios procesos de información, contemos con más gobiernos autocráticos, Estados fallidos y falsas democracias. Prevenir los riesgos del autoritarismo en la era de la revolución tecnológica, exige repensar y adaptar las actuales instituciones de la democracia para salir de su crisis y dar respuesta a nuevas demandas, así como recuperar la función original de internet al servicio de la humanidad.
Odón Elorza / Licenciado en Derecho y ex Diputado por el PSOE (2012-2022).
San Sebastian 9 de octubre de 2024.
