Lo que está pasando en España obliga a los Socialistas a explicar y defender un proyecto que seduzca y conecte con las demandas de la ciudadanía. Pero tenemos que estar convencidos de lo que decimos en esta campaña electoral. De modo que al hablar de ganar no estemos pensando, ni de lejos, en asegurar el escaño sino en ganar para devolver con actuaciones la dignidad y la seguridad a la vida de millones de familias que sienten lejano un Estado protector.

El adversario a derrotar es la derecha, la de siempre, inmovilista y reaccionaria, sin tener que dedicar tiempo a satanizar a otra parte de la izquierda, en mi opinión, menos coherente, más inclinada a enviar la carta a los reyes magos y más oportunista que nosotros.

Sabemos que España necesita un programa de reconstrucción política y social. Un plan transformador de una realidad dominada por las desigualdades y la desconfianza colectiva. Pero ha de ser creíble desde el punto de vista de la estabilidad presupuestaria para afrontar una situación de emergencia provocada por la crisis y las recetas neoliberales. Un programa de izquierda con el que poder plasmar tantas aspiraciones de cambio. En esencia, se trata de conseguir un crecimiento económico justo, recuperar derechos básicos, devolver la credibilidad al sistema institucional y hacer posible la regeneración democrática. 

No nos distraigamos ahora con la propuesta de última hora de Podemos en favor de una alianza al Senado. Porque una coalición para presentar listas conjuntas o se hace por afinidad política entre los participantes y con tiempo para madurar la relación de colaboración o se improvisa por puro oportunismo electoral, confundiendo los proyectos y al electorado. Y más aún si detrás se esconde una estrategia de ninguneo y sorpasso al PSOE.

Es cierto que el PP y Podemos ocupan las posiciones de los extremos del arco político (véase la encuesta del CIS), pero no vamos a satanizar el magma de las confluencias, mareas y franquicias como hace la derecha para meter miedo. Nos dedicaremos con prioridad, hasta el 26 de junio, a explicar en positivo el contenido de nuestro programa para la igualdad y a defender la necesidad de diálogo y pactos de progreso para sacar el país adelante. Esas son también banderas de nuestra identidad y ahí reside nuestra credibilidad.

Por eso reiteramos mil veces, ante quienes tratan de confundir a la gente, que nunca negociaremos ni apoyaremos la formación de un gobierno del PP y que rechazamos una gran coalición. Quienes acusan a la socialdemocracia de traición son los mismos que pugnan por robar esa etiqueta después de transitar por modelos ideológicos que nada tienen que ver con nosotros: por ejemplo los de Venezuela o Grecia. Por cierto, Tsipras gobierna por segunda vez con la derecha y Podemos no dice nada.

La incapacidad y el inmovilismo de Rajoy así como la ansiedad de Iglesias por el sorpasso explican los bloqueos en el reciente proceso fallido de investidura que ha defraudado las esperanzas de muchos electores y provocado hastío y decepción ciudadana hacia los partidos y la política. También nosotros hemos cometido errores y debemos aprender de las consecuencias que se derivan de las batallas internas de poder y del juego desleal. 

Lo esencial, lo que no debemos olvidar, es que demasiadas personas viven por debajo del umbral de la dignidad. España atraviesa una situación política y social excepcional por la existencia de diferentes conflictos. Nos enfrentamos a un alto nivel de paro, incertidumbres en el sistema público de pensiones, la corrupción, una elevada deuda pública, la estrategia de ruptura del nacionalismo de Cataluña, el problema de la financiación de las CCAA, la emigración obligada de miles de jóvenes, el fraude fiscal, etc.

Todo ello nos exige liderar con convicción la idea central de que es necesario sumar fuerzas para hacer realidad un paquete de leyes reformistas imprescindibles. La superación de este escenario de gran complejidad exige a todas las fuerzas políticas mucho más diálogo y menos vetos, capacidad de negociación en vez de una cerrazón y pactos de alcance transversal para los grandes temas de Estado. 

No estamos en 1977 ni salimos de una dictadura, cierto. Pero existen fuertes tutelas del poder económico, la gente lo está pasando muy mal, la democracia se ha debilitado y ha perdido capacidad para defender el Estado Social de Derecho. En esta coyuntura, el PSOE no puede fallar. 

Odón Elorza / Candidato a diputado socialista por Gipuzkoa

San Sebastián, 11 de mayo de 2016

Publicado en El Socialista y en publicoscopia.com

"De aquel intento de rodear y tomar el Congreso al grito de no nos representan, del secuestro del Parlamento por una derecha corrupta para imponer leyes antisociales, a un compromiso vivo y urgente de transformar el Congreso para introducir la democracia participativa en desarrollo de la participativa" 

Iniciada una nueva legislatura, en el marco de un nuevo ciclo político en España, debemos afrontar y dar respuesta a carencias y desfases detectados en nuestro sistema institucional, empezando por el Parlamento y mediante la reforma del Reglamento del Congreso. Hay que cambiar sus reglas de funcionamiento para reforzar el papel central que corresponde jugar a una Cámara que representa la soberanía popular.

Desde hace años, pero de modo más patente con ocasión de la crisis económico-financiera, indicadores como el barómetro del CIS y estudios de entidades y organizaciones independientes que trabajan en favor de la regeneración de la vida política, coinciden en destacar la pérdida de confianza ciudadana en las instituciones y en el sistema democrático.

Por ello, los Socialistas queremos poner fin a la desconfianza de la ciudadanía en el Parlamento, vigorizando la democracia, acercando el Parlamento a la calle y favoreciendo la relación e interacción entre los representantes y los representados, entre la sociedad civil y los partidos.

Buscamos recuperar el prestigio de las instituciones y el ejercicio real de sus funciones, perfeccionando un sistema democrático que ha permitido retrocesos importantes en el bienestar general de las personas con pérdida de derechos sociales, cívicos y laborales, casos graves de corrupción, distorsionar la separación de poderes, así como abusos inadmisibles y descontrolados de poder.

Nuestro sistema político, nacido con la Constitución de 1978, no es un modelo cerrado sino que debe afrontar nuevos retos y redefinir su funcionamiento para reforzar sus bases éticas, su capacidad de control a los gobernantes, el ejercicio de la rendición de cuentas, la transparencia de su actividad y acuerdos y abrir vías de participación social.

En un escenario de regeneración democrática integral es exigible impulsar nuevos instrumentos y prácticas parlamentarias para que el Congreso ejerza su papel de control al gobierno y garante de la rendición de cuentas, desarrolle de modo transparente su actividad para que resulte accesible toda la información pública, consiga un funcionamiento eficaz e intensivo de la Cámara e incorpore cauces de consulta y participación para las organizaciones, agentes sociales y ciudadanía en las actividades del Congreso, incluidos los procesos legislativos.

Las propuestas sobre la reforma del Reglamento surgirán del trabajo de la Ponencia a constituir por la Mesa del Congreso, petición ya solicitada por el Grupo Parlamentario Socialista. En ese marco, los Grupos Parlamentarios deben buscar amplios acuerdos de modo que un nuevo Reglamento sirva para establecer unas reglas de juego consensuadas y un funcionamiento que dé más autonomía a los diputados y permita un Congreso más eficiente, transparente, participativo, ágil y tecnológico.

El objetivo a lograr es un modelo de Parlamento Abierto que informe, desde la transparencia y de manera objetiva y veraz, a la ciudadanía de la actividad de la institución y de los parlamentarios. Un Parlamento que haga accesibles las iniciativas, las huellas legislativas, documentación, informes, votaciones, actas y acuerdos en formatos abiertos, tratados de manera que resulten comprensibles.

Un Gobierno y un Parlamento Abiertos que, en desarrollo del art. 23.1 de la Constitución, creen espacios de participación para integrar inquietudes y propuestas de la sociedad, con cauces horizontales y verticales de participación -que incluyan a las redes sociales con todas sus potencialidades- para escuchar e implicar a la ciudadanía en los asuntos públicos y, entre ellos, en los debates de reflexión y procesos legislativos del Congreso.

Por las consideraciones expuestas, el Grupo Parlamentario Socialista promoverá la aprobación de las siguientes 40 medidas en el proceso de reforma del Reglamento de la Cámara para favorecer el perfeccionamiento de nuestro sistema parlamentario: 

1- La reforma de la Ley Orgánica sobre la Iniciativa Legislativa Popular, para facilitar su uso por la ciudadanía como un instrumento de participación directa en la proposición de leyes y encargar su defensa a representantes de la ILP en la Comisión correspondiente durante su tramitación en el Congreso.

2- Aprobar un Código de Conducta o Código Ético -a lo largo de 2016- para los parlamentarios de acuerdo con la recomendación del Grupo GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción) que establezca un catálogo de buenas prácticas y comportamientos de los parlamentarios en un marco de integridad institucional. Los Códigos de Conducta son un conjunto de principios y valores que orientan el trabajo de los cargos públicos, su comportamiento y los procedimientos de control. Y se entienden como un mecanismo de autorregulación para luchar contra la corrupción, mejorar la reputación del Parlamento y recuperar la confianza de la ciudadanía.

3- Incrementar el calendario de trabajo de la Cámara, habilitando los meses de enero y julio para la celebración de Plenos y Comisiones.

4- Establecer que las Comisiones del Congreso deben reunirse al menos dos veces al mes para realizar mejor sus funciones, sin que sea posible que una mayoría de gobierno obstaculice sus convocatorias con el fin de “desactivar” la función de control.

5- Debe reforzarse la dedicación exclusiva de los diputados, con un control efectivo y verificación de la asistencia de los parlamentarios al Pleno y a las Comisiones de las que formen parte. Procede encargar un Estudio comparativo y de contraste sobre el régimen retributivo y la dotación de apoyo para su trabajo que disponen los diputados de otros Parlamentos Europeos, con la finalidad de efectuar una reflexión a fondo sobre ambas cuestiones.

6- Garantizar la Transparencia haciendo el debido uso de las nuevas tecnologías y de la página web del Parlamento. Por esa vía se facilitará el acceso a toda la información parlamentaria, se creará un espacio virtual de diálogo, un canal de colaboración interna entre la institución y la sociedad, y servirán de cauce a la participación ciudadana en la toma de decisiones.

7- Fomentar la presencia en internet y en las redes sociales de la institución y de los parlamentarios para poder interactuar con la sociedad mediante una comunicación bidireccional.

8- Garantizar una información del Parlamento con total transparencia desde su página web, proporcionando a la sociedad el acceso ágil y sencillo a la información sobre el calendario de actividades, sueldos y retribuciones, votaciones en Pleno y Comisiones, iniciativas de todo tipo por parte de Grupos políticos y parlamentarios, incluyendo las Preguntas formuladas y las respuestas del Gobierno, videos, las sesiones de control al Gobierno, actas, presupuestos, documentos, informes y tramitaciones que generan tanto el Parlamento como los Grupos Parlamentarios.

9- Se deberá posibilitar la reutilización de la información de la web del Congreso y facilitar su búsqueda a través de formatos abiertos, accesibles y en tiempo real para que la ciudadanía y las organizaciones puedan seguir y controlar la huella legislativa, aportándoles así capacidad de participación y colaboración.

10- La web del Parlamento no puede estar dirigida a "ciudadanos expertos". Por ello, junto a la labor de acumular y ordenar con una visión integral la información en la web acompañada de vídeos, audios, infografías, etc, se ha ofrecer con un tratamiento de la información para que sea comprensible por el gran público, situándola en su contexto, editando resúmenes y utilizando un lenguaje adecuado.

11- Las agendas de los diputados, con sus actividades y reuniones, y las páginas webs de los diputados deberán estar accesibles desde la página web del Congreso.

12- En los procesos legislativos, se tendrá que incorporar al expediente las gestiones, antecedentes e informes previos así como los trabajos relacionados con cualquier iniciativa legislativa en tramitación, tanto por el Gobierno como por los Diputados y por los grupos parlamentarios.

13- Implantar sistemas de fácil acceso que permitan el seguimiento, análisis y supervisión de la “huella legislativa” para identificar en el texto de una iniciativa legislativa aprobada, el origen y autoría de las enmiendas incorporadas a partir del texto inicial.

14- Reforzar los mecanismos de control de la acción del Gobierno, y en especial las sesiones de control, mediante la ampliación del número de preguntas de la oposición -concretamente de las dirigidas al Presidente del Gobierno- y del tiempo destinado a las mismas.

15- Regular las Preguntas al Gobierno sin formulación ni notificación previa y de los supuestos que justifiquen los aplazamientos por ausencias justificadas.

16- Una regulación expresa de las peticiones de Comparecencias urgentes del Presidente y miembros del Gobierno, tanto ante el Pleno como en Comisión, así como de las Interpelaciones dirigidas al Presidente.

17- La previsión, en los tiempos y momentos de intervención en los debates, de condiciones equilibradas entre los portavoces parlamentarios y los miembros del Gobierno.

18- La celebración y regulación del debate anual sobre el estado de la Nación.

19- Facilitar la creación de Comisiones de Investigación cuando lo soliciten un tercio de los miembros de la Cámara, sin que pueda la mayoría parlamentaria evitar su debate y constitución.

20- La exigencia de mayorías cualificadas para la inadmisión a trámite de las iniciativas, sin que pueda ser determinada por los miembros de un sólo grupo parlamentario.

21- Con carácter general, el procedimiento legislativo debe tener dos lecturas: en el Pleno, sobre la totalidad del proyecto, y en la Comisión correspondiente, garantizando el debate detallado del proyecto, por artículos y enmiendas. En las leyes orgánicas y en las iniciativas de especial relevancia, como la Ley de Presupuestos, la lectura final en el Pleno sólo debería incorporar enmiendas previo acuerdo de un número mínimo de grupos parlamentarios.

22- Tramitación de los Decretos-Leyes del Gobierno como proyectos de ley cuando así lo soliciten dos grupos parlamentarios o una tercera parte de los diputados.

23- Promocionar las Comparecencias públicas en Comisiones y Ponencias de agentes sociales, expertos, asociaciones y organizaciones interesadas o afectadas por el contenido de una iniciativa legislativa. Los trámites de audiencia habrán de producirse como un proceso previo a la tramitación de las proposiciones y proyectos de ley con el objetivo de aportar una legitimidad adicional a la tramitación de las leyes. Para ello, se trata de escucharles y de poder dar mayor peso a sus opiniones en la posterior toma de decisiones por los parlamentarios.

24- Se deberá contemplar la opción de que entidades y colectivos también puedan solicitar comparecer en audiencia especial para pedir explicaciones al Gobierno, así como regular en el Reglamento, por razones de transparencia, que sus aportaciones sean públicas y accesibles en la red.

25- Reformular el Derecho de Petición del artículo 77 de la Constitución, convirtiendo la actual Comisión de Peticiones en una Comisión Permanente de Peticiones y Participación Ciudadana que tenga la facultad de convocar en "audiencia especial" a los autores de peticiones y preguntas de interés -si algún Grupo la apoya- o de iniciativas colectivas -apoyadas por un número de firmas- (sería la figura simbólica del diputado 351) para que defiendan en el Congreso su contenido.

26- La Comisión de Peticiones, en su caso, dará posterior traslado de las mismas a las otras Comisiones de la Cámara, pudiendo ser asumidas por los diputados para su tramitación como iniciativas de origen ciudadano. Las peticiones y preguntas ciudadanas se podrán formular también por vía telemática, estableciendo la obligación de que se respondan en un plazo concreto, con la ayuda de una sencilla plataforma tecnológica, y que se hagan públicas con su contenido y tratamiento.

27- Crear Foros Deliberativos a instancias de la Mesa del Congreso o de las Comisiones, con presencia de ciudadanos, organizaciones, entidades y parlamentarios con el objetivo de promover la deliberación, la consulta y el debate social sobre una materia o demanda concreta y hacer que la opinión de aquellas pueda ser tenidas en cuenta por los representantes parlamentarios en su agenda parlamentaria.

28- Realizar un informe final con un resumen de las aportaciones efectuadas en cada Audiencia para favorecer que pudieran llegar a convertirse en iniciativas parlamentarias a tramitar por algún Grupo de la Cámara. Requiere la puesta en marcha de una plataforma informática dentro del portal del Parlamento.

29- Promover iniciativas parlamentarias de carácter incluyentes y participadas. Como ejercicio contemplado en un código de buenas prácticas parlamentarias, se deberá impulsar, en la fase de preparación de las iniciativas, un proceso de consulta y contraste a entidades y organizaciones interesadas o implicadas en la temática. El objetivo sería ofrecerles participar en la redacción del contenido de las mismas y mantenerles informadas de su posterior tramitación y resultado.

30- Reconocer un mínimo de autonomía a la actividad de los diputados en el desempeño de sus funciones a la hora de presentar iniciativas como Preguntas o petición de Datos.

31- Creación de un registro de los grupos de interés o lobbies y regular sus actividades.

32- Reforzar las obligaciones de Declaración pública de los parlamentarios relativas a sus ingresos y bienes patrimoniales. Deberán presentarlas al comienzo y fin de su mandato con mayor detalle y con una certificación de Hacienda sobre su situación patrimonial y sobre si están al corriente de sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social. La Comisión del Estatuto de los Diputados, con la ayuda de los servicios de la Cámara, deberá comprobar la veracidad de las Declaraciones sobre actividades y bienes de todo tipo.

33- Reforzar el sistema de incompatibilidades de los diputados y, en concreto, dotar de publicidad a los debates en la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre las declaraciones de sus actividades y controlar los posibles incumplimientos en el ejercicio de actividades consideradas incompatibles.

34- Colaborar con las organizaciones independientes de monitorización y control de la vida parlamentaria, mediante acuerdos entre el Gobierno, Las Cortes y las OMP. Su finalidad, como actores puente e interlocutores de la sociedad civil, es la acercar la actividad del Parlamento a las redes, promover el debate sobre las políticas públicas, explorar caminos de colaboración entre la ciudadanía y la institución, vigilar las prácticas de gobierno y parlamentarias, adaptar los mensajes de la web oficial con lenguaje menos técnico, así como hacer más transparente y más accesible la información de la vida del Parlamento.

35- Apoyar la creación y el trabajo de los intergrupos parlamentarios sobre objetivos o temas concretos (Derechos Humanos, la Bicicleta, el Sahara, ...) a los que se quiera dar visibilidad política mediante la producción de propuestas o iniciativas parlamentarias de base plural, con apertura a la presencia de representantes de entidades y organizaciones sociales.

36- La celebración anual, institucionalizada y pública en el propio hemiciclo del Pleno de un "Debate Social sobre el estado de la nación", con intervenciones de una pluralidad de entidades y organizaciones sociales para que puedan exponer su visión de la realidad y sus peticiones al Congreso con anterioridad al debate anual de politica general entre el Gobierno y los Grupos Parlamentarios sobre el estado de la nación.

37- Impulsar las Oficinas Parlamentarias de proximidad, tanto en el territorio de cada circunscripción como virtuales en las redes, para atender y dialogar con la ciudadanía y rendir cuentas a los electores. Por la vía de las NTIC se podrá proponer y hacer preguntas, estando obligados los parlamentarios a responder en un plazo para hacer efectivo el principio de participación activa.

38- Establecer procedimientos parlamentarios específicos para que el Congreso de los Diputados participe en decisiones que afectan a sus competencias originarias, como las que se derivan de las previsiones de la Unión Económica y Monetaria en materia presupuestaria, especialmente las relativas al semestre europeo y las previstas en el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza.

39- Se debe arbitrar la posibilidad de que los diputados del Parlamento Europeo puedan tomar la palabra en debates de Comisiones en que se traten temas relacionados con Europa.

40- La incorporación a la norma reglamentaria del procedimiento de consulta previa y autorización parlamentaria en relación con las operaciones de las Fuerzas Armadas en el exterior, así como la regulación de documentación que debe acompañar al acuerdo del Gobierno.La constitución de un órgano específicamente encargado de realizar un seguimiento del cumplimiento dado.

41- La Mesa del Congreso deberá encargar la realización de un Informe-Memoria anual a un organismo independiente no gubernamental que haga el seguimiento y vigile el correcto cumplimiento de un nuevo Reglamento del Congreso en favor de un Parlamento Abierto a una democracia participativa y transparente. El informe deberá contemplar una valoración de su nivel de ejecución, problemas detectados y un capítulo de recomendaciones; todo ello deberá ser debatido en el Congreso y Senado.

No hay tiempo que perder. Debemos redefinir los objetivos y el funcionamiento de la democracia del siglo XXI para dar paso a una nueva cultura política basada en la ética, la participación cívica, la transparencia de los partidos y la lucha por la igualdad. 

Odón Elorza / Diputado Socialista por Gipuzkoa

iSan Sebastián, 23 de enero de 2016 ( documento presentado en rueda de prensa)

Parece que no acabamos de darnos cuenta de que en España vivimos algo parecido a una segunda transición. No significa ruptura con la anterior sino que los vicios adquiridos, el nivel de desempleo, los retrocesos en materia social, la fatiga de la democracia y el nivel de confrontación entre los partidos obliga a transitar por un proceso político de gran envergadura hacia la recuperación de las bases de un Estado de Bienestar y la regeneración del sistema democrático.

La superación de este escenario de gran complejidad exige a todas las fuerzas políticas compromiso con el interés general, mucho más diálogo, capacidad de negociación y pactos transversales. No estamos en 1977 ni salimos de una dictadura, cierto, pero existen otras tutelas, la gente lo está pasando muy mal y la democracia heredada ha perdido honestidad y capacidad para defender el Estado Social de Derecho a lo largo de los años.

Hablo de problemáticas sociales, económicas y territoriales derivadas de las diferentes crisis. Pienso en las importantes desavenencias y confrontaciones entre los partidos, que requieren actitudes nuevas que no se han visto reflejadas en el reciente proceso de investidura. La nueva política para la búsqueda de soluciones se ha desvanecido antes de estrenarse, lo cual es muy preocupante. ¿Ha engordado la casta?

Partimos del estado de necesidad y emergencia que padecen millones de familias durante los años de la crisis. Arrastramos un alto nivel de deuda pública así como una situación política excepcional por la fragmentación del mapa electoral y por la existencia de diferentes conflictos. Ahí están los casos de Cataluña, la financiación de las CCAA, la emigración obligada de miles de jóvenes, la corrupción, el fraude fiscal, etc.

La búsqueda de soluciones reales, más allá de la retórica, a los problemas cotidianos reclama a las fuerzas políticas disposición para llegar a acuerdas que hagan posible las reformas legales imprescindibles. Me refiero a la aprobación de leyes básicas que den paso a políticas que reviertan las medidas impuestas por Rajoy en unos casos y a su inmovilismo en otros.

El consenso será necesario en materias como educación, empleo, sanidad, régimen electoral, desahucios, combate radical contra la corrupción, reforma fiscal, reforma laboral, sistema público depensiones , cambio climático, etc. Solo así se podrá garantizar que las leyes tengan una vigencia prolongada en el tiempo y no se deroguen con los cambios de gobierno.

Estas circunstancias tan graves y especiales requieren soluciones que quedarían contempladas en un Pacto de Transición con un Programa de Emergencia Social que responda a las demandas ciudadanas frente a los recortes de Rajoy. Sería un Pacto doble, dirigido desde el PSOE tanto a la ciudadanía como a los otros partidos.

Por todo ello, los Socialistas vamos a dedicar esta campaña, hasta el 26 de junio, a explicar -en positivo- la España que queremos. Se trata de hacer pedagogía sobre el contenido de nuestro proyecto -el de una izquierda coherente- y defender la necesidad de pactos transversales para sacar el país adelante.

Soy consciente de que los errores y los bloqueos excluyentes en el proceso fallido de investidura para la formación de gobierno, han defraudado las esperanzas de millones de electores. El único que está feliz es Rajoy que continua gracias al cálculo equivocado de algunos partidos, lo que ha provocado el hastío y la decepción ciudadana. 

Odón Elorza / Ex-diputado socialista por Gipuzkoa

San Sebastián, 6 de mayo de 2016 / Para El Socialista Digital

No era lo suficientemente de izquierda y C's lo contaminaba. Eso dijeron cuando Pedro Sánchez ofreció en su investidura un Acuerdo de Gobierno con compromisos como el Plan de Emergencia Social dotado de 7.000 millones, un Plan de ayudas y formación especializada para parados de larga duración y para 800.000 jóvenes sin educación secundaria, un Plan de choque por el empleo, la inembargabilidad de la vivienda o recuperar el Pacto de Toledo para garantizar en sistema público de Pensiones. Así hasta 200 medidas de alcance social y regenerador.

Los millones de familias que siguen sufriendo el paro, los recortes, los salarios precarios y la exclusión echarán en falta muchas veces aquello que pudo hacerse. También habrá quienes se arrepientan de la inmoralidad de haber consentido, con sus votos, la continuidad de Rajoy evitando que el PP entrara en descomposición. Con el PP en el gobierno no puede haber regeneración democrática, ni firmeza contra la corrupción, ni medidas redistributivas para una salida justa de la crisis.

Pero una parte de la izquierda -alejada de las necesidades concretas de la calle- la misma que propuso a Grecia como modelo económico a seguir en respuesta frente a la presión de la troica, ha impedido que hoy estemos hablando de la aplicación de aquellas medidas. Queda claro que lo mejor es enemigo de lo bueno.

Hoy toca hacer balance y rendir cuentas. La práctica política de los partidos, ante la obligación ética de gestionar la voluntad ciudadana del 20D, no ha estado a la altura que exigía la grave situación de España y las expectativas creadas sobre el inicio de un nuevo ciclo político. Las cosas han ido a peor y hemos desaprovechado una oportunidad para que la gente que lo pasa mal empezara a recuperar la esperanza. ¿Sí se puede? No han querido.

Hemos fallado a la lógica del sistema democrático. Pero ello obliga a los socialistas a plantearnos un reto: demostrar desde mañana que se puede ofrecer un proyecto político que prioriza las soluciones creíbles a los problemas de las personas frente a la pura retórica y a los espectáculos mediáticos; que antepone la defensa del interés general a cualquier estrategia de partido o conveniencia de poder orgánico; y que nuestro discurso y práctica política guardarán coherencia en todo momento.

Resulta significativa la reclamación de Fernando Vallespin en su artículo "Decálogo de la nueva política", publicado en El País. En él pedía: "hacer prevalecer la regeneración institucional y ética sobre otras propuestas políticas más específicas; abandonar la arrogancia de la política épica y asumir la humildad de la pequeña gran política; bajar a los conflictos y problemas específicos que de verdad importan; priorizar la política argumentativa sobre el politiqueo favorecido por algunos medios de comunicación".

Era imprescindible un mayor esfuerzo en favor del diálogo y el entendimiento ante la complejidad del mapa electoral. Sin embargo, los emergentes no han aportado, en estos meses de investidura, nada de lo que presumían. Al contrario, han abundado los vetos, la intransigencia para sentarse a dialogar, la defensa de la pureza y las barreras ideológicas como algo insuperables de cara a buscar pactos. El PSOE no pedía a nadie renunciar a principios ni al programa máximo de cada cual pero sí alcanzar los puntos de encuentro.

El Partido Socialista ha rechazado la gran coalición y no ha caído en el error de pagar cualquier precio para llegar al gobierno. Pedro Sánchez ha intentado formar un gobierno reformista desde la coherencia. Es verdad que con limitaciones en los movimientos de su candidato por errores de metodología y pedagogía, así como por un conflicto interno acompañado de voces inaceptables en momentos decisivos. Pero ha desarrollado la cultura del pacto al defender un acuerdo transversal a tres bandas para romper el bloque de la derecha y para revertir las políticas de Rajoy mediante leyes básicas consensuadas.

Queríamos un cambio de gobierno y de políticas. Pero lo terrible es que en el camino descubrimos que nosotros, los políticos, no habíamos cambiado. No lo suficiente. No hemos adaptado nuestra cultura política a una coyuntura excepcional provocada por la crisis económica, política, social y por la complejidad del nuevo mapa electoral.

Acierta la filósofa Victoria Camps en una reciente entrevista al expresar que: "los partidos no saben negociar porque su interés interno se antepone al interés general que, en este caso, era encontrar una salida para formar gobierno. Creo que el punto de partida de PSOE y Ciudadanos no era disparatado. Fallaron las concesiones de los extremos. No se pueden formar coaliciones sólo con los extremos. Hay que partir del centro. Han sido los extremos, PP y Podemos, quienes han roto las negociaciones o se han negado a negociar. Ha fallado la moderación. Hay que ir con la idea de que negociar es ceder y sacrificar cosas, y que no hay pacto posible que no sea de mínimos, cuando la suma de unos y otros es insuficiente. Un pacto de mínimos deja insatisfechos a todos (partidos y electores), pero eso es bueno y es la única forma de conseguir acuerdos razonables".

Dudo mucho que Pablo Iglesias tenga propósito de cambiar de actitud a la vista de la arrogancia que muestra en la entrevista de anteayer en El Periódico: "Lo que falló fue que el PSOE no quiso salir de la jaula en la que estaba junto a Ciudadanos. Le insistí mucho a Pedro en que tenía que explorar la otra vía y le aseguré que si era presidente podría contar con mi lealtad". Sin comentarios.

Odón Elorza / Diputado Socialista por Gipuzkoa

2 de mayo de 2016

Publicado en El Socialista