A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

D. ODÓN ELORZA GONZÁLEZ, Diputado por Gipuzkoa, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el Art. 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Pregunta, en relación con “la repatriación de los restos de miembros de la División Azul”, para que le sea contestada por escrito.

                                                                 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS :

La Blaue Division (División Azul) consistió en un cuerpo de ejército de 50.000 soldados españoles en su mayoría falangistas y franquistas que entre 1941 y 1943, durante la Segunda Guerra Mundial, acudieron a luchar al frente ruso del este, animados por el dictador Francisco Franco y en apoyo del dictador Hitler.

La División Azul era parte del compromiso adquirido por Franco con Hitler en apoyo a la causa del fascismo alemán. El franquismo justificó su creación para atacar a Rusia, a quien culpabilizaba de todos los males de España que, según su opinión, desencadenaron la Guerra Civil española.

Al parecer, el Embajador de España en Moscú y el Agregado militar del Ministerio de Defensa vienen realizando gestiones en favor de la repatriación de cadáveres de “caídos” de la “División Azul” en los frentes de guerra en Rusia. Se atienden así las peticiones de la “Asociación de Españoles desaparecidos en Rusia” y se realiza en cooperación con autoridades de aquel país.

Se trataría de un proceso de repatriación de los restos de españoles ante peticiones de familias que el Ministerio de Asuntos Exteriores, en colaboración con el Ministerio de Defensa, atiende de cara a su localización, identificación y posterior traslado por vía aérea hasta Barajas para su entrega a los familiares.

Esta decisión política del Gobierno no es censurable para el PSOE siempre y cuando por razones legales y de coherencia se atiendan también las peticiones de familiares y colectivos memorialistas que, desde 2012, reclaman al Gobierno del Presidente Rajoy la aplicación de las obligaciones contempladas en la Ley de Memoria de 2007. La Ley contempla la concesión de ayudas para la exhumación de los restos de los miles de republicanos “desaparecidos” durante la Guerra Civil española y la dictadura que permanecen olvidados en las cunetas.

Por todo ello, se formula al Gobierno la siguiente PREGUNTA:

1:¿Desde cuándo el Gobierno viene colaborando con las exhumaciones de los cuerpos de españoles, pertenecientes a la División Azul que murieron en Rusia o Alemania, para la repatriación de sus restos a España?

2.¿Cuál es el número de operaciones de repatriación de restos efectuadas en cada año durante el periodo 2012-2018?

3.¿Cuál ha sido el coste del conjunto de actuaciones, a qué Ministerio, programa y partida presupuestaria se ha imputado?

4.¿Cuál es la explicación que justifica esta decisión del Gobierno que aplica a quienes formaron parte de la División Azul en apoyo a Hitler en los frentes del este durante la Segunda Guerra Mundial?

5.¿No cree el Gobierno que una actuación similar debería promover para colaborar en la exhumación de los restos de miles de republicanos “desaparecidos” que aún permanecen sin identificar en las cunetas y en fosas comunes por toda España?

6.¿A qué espera el Gobierno para cumplir con las disposiciones establecidas en la Ley de Memoria de 2007?

En el Congreso de los Diputados, a 28 de febrero de 2018

EL DIPUTADO, ODÓN ELORZA GONZÁLEZ

                                                A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.   

D. ODÓN ELORZA GONZÁLEZ, Diputado por Gipuzkoa, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el Art. 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta sobre "las consecuencias de la crisis del Acuerdo de Pesca entre la UE y Marruecos", para que le sea contestada por escrito.

                                                                    EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

El Acuerdo de Pesca firmado en 2013 entre la Unión Europea y Marruecos, que afecta a aguas jurisdiccionales del Sahara Occidental, lleva años sometido a controversias si tenemos en cuenta los informes jurídicos de diferentes estamentos de la UE que lo cuestionan o rechazan. Es el caso de instancias jurídicas de la UE, la propia Eurocámara, el Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la Sentencia de la Corte de Justicia de Luxemburgo.

La justicia europea, por medio del Tribunal de Justicia de Luxemburgo, establece hoy en su Sentencia que un Acuerdo de Pesca entre la UE y Marruecos no puede aplicarse al ámbito de las aguas pertenecientes al Sahara Occidental. O lo que es lo mismo, que Marruecos, con la complicidad de la UE y en especial España -que hacen la vista gorda- no puede explotar los recursos naturales que solo pertenecen al Pueblo Saharaui.

Esta condición restrictiva es coherente con los Tratados de la UE que se apoyan en el Derecho Internacional y en las Resoluciones de la ONU sobre el derecho a la libre autodeterminación del Pueblo Saharaui. La decisión supone una victoria moral y política para el Frente Polisario y las organizaciones solidarias que defienden la causa del Pueblo Saharaui que vive en el Sáhara Occidental, territorio de la antigua colonia española hasta la invasión por Marruecos con “la marcha verde” en 1975.

Lo cierto es que Marruecos lleva años explotando el banco de pesca sahariano como precisaba el Abogado General del Tribunal de Justicia de la UE que señalaba en su dictamen que “en la actualidad, un 91% de las capturas de pesca europeas se producen en esa extensa zona”. En este sentido, el Acuerdo citado ya recogía en su protocolo las coordenadas pertenecientes a las aguas saharauis.

La Sentencia del TJUE no se atreve a denunciar esa actuación y en consecuencia a llegar hasta el final, como proponía hace dos meses en su dictamen el Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Melchior Wathelet, que pedía la anulación del Acuerdo. Es de suponer que las maniobras de la diplomacia europea y los intereses del Consejo Europeo han surtido finalmente efecto.

La importancia geoestratégica que ha adquirido Marruecos como herramienta de freno de la UE ante el fenómeno de la emigración subsahariana y el avance en Africa del terrorismo yihadista estarían detrás de la preocupación de diferentes Estados europeos.

La Sentencia sí deja claro que el territorio del Sáhara Occidental no forma parte de Marruecos y a la vez asegura la validez del Acuerdo de Pesca por el que los barcos europeos pueden faenar en aguas marroquíes. Aunque obliga a garantizar que esas actividades no se produzcan en las aguas adyacentes al Sahara, cuya titularidad reclama el Frente Polisario y la ONU reconoce como derecho.

A la vista de las anteriores consideraciones, el Grupo Parlamentario Socialista formula al Gobierno la siguiente PREGUNTA:

1- ¿Qué va a hacer el Gobierno de España para respetar estrictamente la Sentencia del Tribunal Europeo de Justicia en relación con el nuevo ámbito de los Acuerdo de Pesca entre la UE y Marruecos, que excluye del convenio las aguas adyacentes al Sahara Occidental?

2- ¿Qué perjuicios ocasiona la Sentencia de la Corte de Luxemburgo para los intereses económicos de nuestro país en el sector pesquero que hasta ahora faenaba dentro de las aguas saharauis?

3-¿Qué medidas concretas, políticas, diplomáticas y de carácter económico, piensa adoptar el Gobierno de España para velar por la aplicación del conjunto de decisiones judiciales de la UE, aportando al territorio del Sáhara Occidental y a nuestras empresas con intereses en la zona garantías del cumplimiento del Derecho Internacional con las resoluciones referidas a la libre determinación del Pueblo Saharaui, seguridad jurídica, desarrollo económico y estabilidad política?

4-¿Qué actuaciones se propone desarrollar el Gobierno ante la ONU y la UE para asistir a las partes en conflicto, Marruecos y el Frente Polisario, en la búsqueda de una solución definitiva que permita ejercer la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental como recuerda la Sentencia del Tribunal de Luxemburgo y de conformidad con los principios y resoluciones de Naciones Unidas sobre el Sahara?

En el Congreso de los Diputados, a 27 de febrero de 2018

EL DIPUTADO, ODÓN ELORZA GONZÁLEZ

El Acuerdo de Pesca firmado en 2013 entre la Unión Europea y Marruecos, que afecta a aguas jurisdiccionales del Sahara Occidental ocupado por Marruecos, así como convenios anteriores, llevan años sometidos a controversias si tenemos en cuenta los informes jurídicos de estamentos de la UE que los cuestionan o rechazan.

Es el caso de la asesoría de la propia Eurocámara en 2011, el dictamen reciente del Abogado General del Tribunal de Justicia, el Tribunal General y la Corte de Luxemburgo con su Sentencia de ayer. -Lo cierto es que el conflicto jurídico sobre el Acuerdo de Pesca viene provocando a España una situación embarazosa. De un lado hay que tener en cuenta su condición -no ejercida- de potencia administradora de la antigua colonia del “Sahara español” (confirmada por dos autos de la Audiencia Nacional en julio de 2014), que conlleva la obligación no cumplida de respetar y hacer respetar el Derecho Internacional. Y en especial de promover el ejercicio de la autodeterminación en favor del pueblo saharaui. Por otra parte, está el lógico interés de Estado por favorecer la pesca de armadores y pescadores de Andalucía y Canarias en los caladeros de pesca de la costa saharaui.

El Tribunal de Justicia de Luxemburgo, estableció ayer en su Sentencia que un Acuerdo de Pesca entre la UE y Marruecos no puede aplicarse al ámbito de las aguas pertenecientes al Sahara Occidental. O lo que es lo mismo, que Marruecos, con la complicidad de la UE y en especial de España -que hacen la vista gorda- no puede explotar los recursos naturales que solo pertenecen al Pueblo Saharaui.

Esta condición restrictiva es coherente con los Tratados de la UE que se apoyan en el Derecho Internacional y en las Resoluciones de la ONU sobre el derecho a la libre autodeterminación del Pueblo Saharaui. La decisión supone una victoria moral y política para el Frente Polisario y las organizaciones solidarias que defienden la causa del Sáhara Occidental, territorio de la antigua colonia española hasta la invasión por Marruecos con “la marcha verde” en 1975.

Lo cierto es que Marruecos lleva años explotando el banco de pesca sahariano como precisaba el Abogado General del Tribunal de Justicia de la UE en su dictamen: “en la actualidad, un 91% de las capturas de pesca europeas se producen en esa extensa zona”, ahora prohibida. En este sentido, el Acuerdo citado ya recogía en su protocolo las coordenadas correspondientes a las aguas saharauis.

La Sentencia del TJUE no se atreve a denunciar esos abusos y, en consecuencia, a llegar hasta el final como proponía hace dos meses en su dictamen el Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Melchior Wathelet, que pedía la anulación del Acuerdo. Es de suponer que las maniobras de la diplomacia europea y los intereses del Consejo Europeo han surtido finalmente efecto.

La importancia geoestratégica que ha adquirido Marruecos, como herramienta de freno de la UE ante el fenómeno de la emigración subsahariana y el avance en Africa del terrorismo yihadista, estarían detrás de las presiones de diferentes Estados europeos.

La Sentencia deja claro que el territorio del Sáhara Occidental no forma parte de Marruecos y a la vez asegura la validez del Acuerdo de Pesca por el que los barcos europeos pueden faenar en aguas marroquíes. Aunque obliga a garantizar que esas actividades no se produzcan en las aguas adyacentes al Sahara, cuya titularidad reclama el Frente Polisario y que la ONU reconoce como derecho.

Cabe preguntarse ahora qué va a hacer el Gobierno de España para respetar la Sentencia que excluye del convenio dichas aguas y qué perjuicios ocasiona la Sentencia de la Corte de Luxemburgo a los intereses económicos de nuestro país en el sector pesquero que hasta ahora faenaba dentro de las aguas saharauis.

En todo caso, el Gobierno debería adoptar medidas políticas, diplomáticas y de carácter económico para velar por la aplicación del conjunto de decisiones judiciales de la UE, aportando al territorio del Sáhara Occidental garantías del cumplimiento del Derecho Internacional, seguridad jurídica, desarrollo económico y estabilidad política. Y en particular, tiene que proponer iniciativas ante la ONU y la UE para asistir a las partes en conflicto, Marruecos y el Frente Polisario, en la búsqueda de una solución definitiva que permita ejercer la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental como recuerda la Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE y de conformidad con los principios y resoluciones de Naciones Unidas sobre el Sahara.

La lucha del Pueblo Saharaui se ha olvidado y no interesa a la diplomacia internacional en un mundo globalizado con graves problemas de guerras, terrorismo e intereses económicos de Rusia, China, USA y las corporaciones financieras especulativas. Su gente está dispersa en los campamentos del desierto, en los territorios ocupados por Marruecos y repartidos por medio mundo. Y la solución al conflicto sigue bloqueada porque la UE alega que no puede hacer nada que desestabilice al Gobierno de Marruecos que juega el papel de la primera frontera europea.

Además, en España hay poderosos lobbys de amistad e intereses económicos que juegan en favor del rey marroquí, sin olvidar la posición frágil que ofrecen las ciudades españolas de Ceuta y Melilla. Sin embargo, los saharauis están librando batallas épicas y jurídicas con sentencias que reconocen sus derechos y niegan que Marruecos sea dueño de sus tierras y recursos. Y las están ganando, aunque no con la rotundidad esperada debido a las presiones que los Tribunales de Justicia europeos han sufrido de algunos Estados en las últimas semanas.

Odón Elorza / Diputado del PSE-PSOE por Gipuzkoa

Congreso de los Diputados, a 28 de febrero de 2018

Publicado en El Diario Vasco.

Me parece un comportamiento insolidario, cómplice del PP y Ciudadanos, el rechazo del PNV a que el Congreso desbloqueara ayer jueves la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida por los sindicatos CCOO y UGT, para instaurar un ingreso mínimo de 426 euros, a modo de renta básica, que ayudaría a más de dos millones de personas que carecen de recursos y viven en la pobreza.

La Iniciativa Legislativa Popular, un cauce de participación ciudadana en los procesos legislativos que en este caso contaba con 700.000 firmas, permanecía bloqueada en la Comisión de Empleo desde que fue admitida a trámite hace más de un año.

Es sabido que el PP y Ciudadanos, en una sucia maniobra, han venido ampliando hasta 21 veces los plazos de presentación de enmiendas a una propuesta social prioritaria que el PSOE había conseguido llevarla ayer al Pleno del Congreso para sacarla del atasco. Pero el PNV ha salido en la votación en apoyo del Gobierno de una manera nada transparente e insolidaria.

Quiero poner de relieve lo que ha ocurrido en el Congreso: nuevamente las derechas de PP y Ciudadanos se han puesto de acuerdo. Lo que han conseguido es evitar que algo tan importante como la ILP sobre ingresos mínimos pueda debatirse y aprobarse en pleno.

El PNV es responsable de sustraer a la totalidad del Parlamento, y a millones de personas expectantes, un debate democrático de una ley de tanta importancia social. La votación de este jueves no decidía si aprobar o no la renta básica sino sólo su tramitación en el pleno, algo que el PNV ha impedido.

¿Quė habrá obtenido el PNN de Rajoy a cambio? Esa es la pregunta que busca una respuesta. .Qué pensaría la ciudadanía vasca si esto hubiera ocurrido en el Parlamento Vasco?

Es necesario recordar que, en su día, durante el debate de totalidad, el PP, Ciudadanos y el PNV ya trataron de rechazar la iniciativa, pero entonces perdieron la votación”.

Congreso de Diputad@s. 23 de febrero de 2018