A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
El Diputado Odón Elorza González, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, en relación con "la consecución de un Parlamento Abierto mediante la Reforma del Reglamento del Congreso, el impulso a la democracia participativa y un Plan de Estrategico de regeneración democrática", para su debate en Pleno.
En el Congreso de los Diputados a 28 de agosto de 2016.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS :
Iniciamos una nueva legislatura en el marco de un nuevo ciclo político en España, debiendo afrontar y dar respuesta a carencias y desfases detectados en nuestro sistema institucional, empezando por la reforma del Reglamento del Congreso. Es imprescindible, para empoderar al Congreso, reformar sus reglas de funcionamiento con el objetivo de reforzar el papel central que corresponde jugar a una Cámara que representa la soberanía popular.
Desde hace años, pero de modo más patente con ocasión de la crisis económico-financiera, indicadores como el barómetro del CIS y estudios de entidades y organizaciones independientes que trabajan en favor de la regeneración de la vida política coinciden en destacar la pérdida de confianza ciudadana en los partidos, las instituciones y en el sistema democrático. Por ello, el Gobierno y todos los Grupos Parlamentarios tienen que trabajar para poner fin a la desafección política de la ciudadanía vigorizando la democracia, acercando el Parlamento a la calle y favoreciendo la relación e interacción entre los representantes y los representados, entre los partidos y la sociedad civil.
Debemos recuperar el prestigio de las instituciones y el ejercicio real de sus funciones, perfeccionando un sistema democrático en el que se han producido retrocesos importantes en el bienestar general de las personas con pérdida de derechos sociales, cívicos y laborales, casos graves de corrupción, pérdida de valores éticos, ataques a la separación de poderes, así como abusos inadmisibles y descontrolados de poder. En el caso del Parlamento, su regeneración implica el compromiso con la defensa del interés público y la mejor representación de los electores, de manera que ni la calle ni las redes puedan sustituir la función del Congreso.
Nuestro sistema político, nacido con la Constitución de 1978, no es un modelo cerrado sino que debemos abordar nuevos retos y redefinir su funcionamiento para reforzar sus bases éticas, su capacidad de control a los gobernantes, la transparencia y las vías de participación ciudadana. Es preciso profundizar en los principios de la cultura democrática para dar respuesta a la desconfianza ciudadana provocada por las insuficiencias del sistema y los vicios de la práctica política acumulados durante años.
En un escenario teórico de regeneración es exigible, también, fomentar las buenas prácticas parlamentarias para que el Congreso ejerza su papel de control al gobierno y de garante de la rendición de cuentas, desarrolle de modo transparente su actividad para que resulte accesible toda la información pública, consiga un funcionamiento eficaz e intensivo e incorpore cauces de consulta y participación para las organizaciones, agentes sociales y ciudadanía en las actividades de la Cámara, incluidos los procesos legislativos; en definitiva, se trata de lograr la apertura del Congreso al conjunto de la sociedad española.
Las propuestas concretas sobre la reforma del Reglamento surgirán del trabajo de la Ponencia a constituir, con urgencia, por la Mesa del Congreso. En ese marco, los Grupos Parlamentarios deberán buscar amplios acuerdos de modo que un nuevo Reglamento sirva para establecer unas reglas de juego consensuadas, más democráticas y funcionales para los órganos del Congreso en sus procedimientos. Un funcionamiento que otorgue, además, más autonomía a los diputados y permita un Congreso de los Dioutados más eficiente, transparente, participativo, ágil y tecnológico.
No se puede entender la democracia como una simple delegación de voto en los representantes elegidos para cuatro años. La relación del Parlamento con los electores ha de sustentarse en el compromiso contenido en un nuevo contrato ciudadano por el que los parlamentarios rindan cuentas periódicamente y se abran nuevos cauces y mecanismos de seguimiento, interacción y participación ciudadana. Lamentablemente, el Congreso de los Diputados ha ido retrasando, sin justificación, los trabajos de la Ponencia encargada de la reforma del Reglamento.
El objetivo a lograr es un modelo de Parlamento Abierto que informe, desde la transparencia y de manera objetiva y veraz, a la ciudadanía de la actividad de la institución y la de los parlamentarios. Un Parlamento que haga accesibles las iniciativas, huellas legislativas, documentación, informes, votaciones, actas y acuerdos en formatos abiertos, tratados de manera que resulten comprensibles.
Un Gobierno y un Parlamento Abiertos que, en desarrollo del art. 23.1 de la Constitución, creen espacios de participación para integrar inquietudes y propuestas de la sociedad, con cauces horizontales y verticales de participación -que incluyan a las redes sociales con todas sus potencialidades- para escuchar e implicar a la ciudadanía en los asuntos públicos. Entre ellos, en los debates de reflexión y procesos legislativos del Congreso.
Por último, no se puede olvidar que la consecución de un acuerdo entre los Grupos sobre la reforma reglamentaria ha de formar parte de un compromiso más global en torno a un proyecto integral para la regeneración democrática que suponga la revisión y puesta al día de diferentes leyes. Y ha de perseguir la revitalización de la democracia en su dimensión representativa y con la extensión de cauces para la participación, con el objetivo de afianzarla como una democracia participativa incluyente.
Por las consideraciones expuestas, el Grupo Parlamentario Socialista propone la aprobación de la siguiente Proposición :
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a :
1- Promover e impulsar cuantas iniciativas y medidas legislativas sean necesarias para dar respuesta a las deficiencias, inadaptaciones y carencias que presenta nuestro sistema político e institucional, abordando la regeneración democrática de la mano de las fuerzas políticas y sociales que permita recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones, en especial en el Parlamento, así como prevenir y combatir la corrupción.
2- Presentar en el Congreso para su debate, antes de finalizar 2016, un Plan Estratégico de regeneración democrática con acciones planificadas y dirigidas a las administraciones públicas, sistema educativo, medios de comunicación y redes sociales, partidos políticos, agentes sociales, organizaciones y ciudadanía en general. Un Plan dirigido a fortalecer la calidad de la democracia, el buen gobierno de las instituciones, desarrollar el artículo 23.1 de la Constitución, empoderar a la sociedad civil y formar a los funcionarios, empresarios y políticos en "la cultura de la ética, la transparencia, la participación y la corresponsabilidad política".
Las actuaciones del Plan gubernamental ha de servir para que la ciudadanía tome conciencia de sus derechos y deberes, y para que los funcionarios y políticos asuman sus compromisos ėticos y de servicio en favor del interés general en una sociedad que demanda una democracia de más calidad en el marco de un proceso integral de regeneración del sistema político en España.
3- Comprometerse a promover la participación de las diferentes administraciones y de la sociedad civil en la identificación de Buenas Prácticas políticas que aporten eficacia y eficiencia en el funcionamiento de las instituciones, así como nuevos enfoques de transparencia e innovación en la aplicación de las tecnologías de la información y comunicación.
4- Acometer, con inmediatez, la reforma de la Ley Orgánica sobre la Iniciativa Legislativa Popular, un instrumento de participación directa en la elaboración de leyes para facilitar su utilización regular por la ciudadanía, mejorando el procedimiento de manera que incluya la reducción del número de firmas exigibles y su recogida por vía telemática, la opción de la retirada de la ILP por los promotores, su defensa por representantes de la ILP en la Comisión correspondiente durante su tramitación en el Congreso, así como el replanteamiento de las materias excluidas de la Iniciativa Legislativa Popular.
5- Secundar y favorecer la solicitud de una Reforma del Reglamento del Congreso ante la Mesa de la Cámara, para que de la mano de los Portavoces de los Grupos Parlamentarios y con la colaboración del Gobierno, se ponga en marcha la Ponencia que ha de abordar el estudio de la reforma urgente del Reglamento para posibilitar el perfeccionamiento de nuestro sistema parlamentario. De modo que el nuevo Reglamento del Congreso incorpore principios e instrumentos, procedimientos y comportamientos abiertos, programas, cauces y plataformas tecnológicas que permitan :
5-1. Disponer a lo largo de 2016 de un Código de Conducta o Código Ético para los Diputados, de acuerdo con la recomendación del Grupo GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción), que establezca un catálogo de buenas prácticas y comportamientos de los parlamentarios en un marco de integridad institucional.
Los Códigos de Conducta son un conjunto de principios y valores que orientan el trabajo de los cargos públicos, su comportamiento y los procedimientos de control. Y se entienden como un mecanismo de autorregulación para luchar contra la corrupción, mejorar la reputación del Parlamento y recuperar la confianza de la ciudadanía.
5-2. Incrementar el calendario de trabajo de la Cámara, habilitando los meses de enero y julio para la celebración de Plenos y Comisiones.
5-3. Establecer que las Comisiones del Congreso deben reunirse al menos dos veces al mes para realizar mejor sus funciones, sin que sea posible que una mayoría de gobierno obstaculice sus convocatorias con el fin de “desactivar” la función de control.
5-4. Reforzar la dedicación exclusiva de los diputados, con un seguimiento y verificación de la asistencia de los parlamentarios al Pleno y a las Comisiones de las que formen parte.
5-5. Encargar un Estudio comparativo y de contraste sobre la actividad, funcionamiento, régimen retributivo y la dotación de apoyo de asistentes para su trabajo que disponen los diputados en diferentes Parlamentos Europeos, teniendo también en cuenta el SMI en cada uno de esos Estados, con la finalidad de obtener conclusiones a fondo sobre dichas cuestiones.
5-6. Garantizar la Transparencia haciendo el debido uso de las nuevas tecnologías y de la página web del Parlamento. Por esa vía se facilitará el acceso a toda la información parlamentaria, se creará un espacio virtual de diálogo, un canal de colaboración interna entre la institución y la sociedad, y servirán de cauce a la participación ciudadana en la toma de decisiones.
5-7. Fomentar la presencia en internet y en las redes sociales de la institución y de los parlamentarios para poder interactuar con la sociedad mediante una comunicación bidireccional.
5-8. Garantizar una información completa del Parlamento, con total transparencia, desde su página web, proporcionando a la sociedad el acceso ágil y sencillo a la información sobre el calendario de actividades, sueldos y retribuciones, votaciones en Pleno y Comisiones, iniciativas de todo tipo por parte de Grupos políticos y parlamentarios, incluyendo las Preguntas formuladas y las respuestas del Gobierno, videos, las sesiones de control al Gobierno, actas, presupuestos, documentos, informes y tramitaciones que generan tanto el Parlamento como los Grupos Parlamentarios.
5-9. La reutilización de la información de la web del Congreso y facilitar su búsqueda a través de formatos abiertos y en tiempo real para que la ciudadanía y las organizaciones puedan seguir y controlar la huella legislativa, aportándoles así capacidad de participación y colaboración.
5-10. Una web accesible del Parlamento no dirigida a "ciudadanos expertos". Por ello, junto a la labor de acumular y ordenar con una visión integral la información en la web acompañada de vídeos, audios, infografías, etc, se ha ofrecer con un tratamiento de la información para que sea comprensible por el gran público, situándola en su contexto, editando resúmenes y utilizando un lenguaje adecuado.
5-11. Acceder a las agendas de los diputados, con sus actividades y reuniones. Las páginas webs de los diputados deberán estar accesibles desde la página web del Congreso.
5-12. Incorporar en los expedientes de los procesos legislativos las gestiones, antecedentes e informes previos así como los trabajos relacionados con cualquier iniciativa legislativa en tramitación, tanto por el Gobierno como por los Diputados y por los grupos parlamentarios.
5-13. Implantar sistemas de fácil acceso que permitan el seguimiento, análisis y supervisión de la “huella legislativa” para identificar en el texto de una iniciativa legislativa aprobada, el origen y autoría de las enmiendas incorporadas a partir del texto inicial.
5-14. Reforzar los mecanismos de control de la acción del Gobierno, y en especial las sesiones de control, mediante la ampliación del número de preguntas de la oposición -concretamente de las dirigidas al Presidente del Gobierno- y del tiempo destinado a las mismas.
5-15. Regular aquellas Preguntas al Gobierno que se planteen sin formulación ni notificación previa así como los supuestos que justifiquen los aplazamientos por ausencias justificadas.
5-16. Establecer una regulación expresa, que obligue a su cumplimiento, de las peticiones de Comparecencias urgentes del Presidente y miembros del Gobierno, tanto ante el Pleno como en Comisión, así como de las Interpelaciones dirigidas al Presidente.
5-17. La previsión, en los tiempos y momentos de intervención en los debates, de condiciones equilibradas entre los portavoces parlamentarios y los miembros del Gobierno.
5-18. La celebración y regulación del debate anual sobre el estado de la Nación.
5-19. Facilitar la creación de Comisiones de Investigación cuando lo soliciten un tercio de los miembros de la Cámara, sin que pueda la mayoría parlamentaria evitar su debate y constitución.
5-20. La exigencia de mayorías cualificadas para la inadmisión a trámite de las iniciativas, sin que pueda ser resuelta por los miembros de un sólo grupo parlamentario.
5-21. Fijar, con carácter general, que el procedimiento legislativo debe tener dos lecturas: en el Pleno, sobre la totalidad del proyecto, y en la Comisión correspondiente, garantizando el debate detallado del proyecto, por artículos y enmiendas. En las leyes orgánicas y en las iniciativas de especial relevancia, como la Ley de Presupuestos, la lectura final en el Pleno sólo debería incorporar enmiendas previo acuerdo de un número mínimo de grupos parlamentarios.
5-22. Tramitar los Decretos-Leyes del Gobierno como proyectos de ley cuando así lo soliciten dos grupos parlamentarios o una tercera parte de los diputados.
5-23. Promocionar las Comparecencias públicas en Comisiones y Ponencias de agentes sociales, expertos, asociaciones y organizaciones interesadas o afectadas por el contenido de una iniciativa legislativa. Los trámites de audiencia habrán de producirse como un proceso previo a la tramitación de las proposiciones y proyectos de ley con el objetivo de aportar una legitimidad adicional a la tramitación de las leyes. Para ello, se trata de escucharles y de poder dar mayor peso a sus opiniones en la posterior toma de decisiones por los parlamentarios.
5-24. Contemplar la opción de que entidades y colectivos también puedan solicitar comparecer en audiencia especial para pedir explicaciones al Gobierno, así como regular en el Reglamento, por razones de transparencia, que sus aportaciones sean públicas y accesibles en la red.
5-25. Reformular el Derecho de Petición del artículo 77 de la Constitución, convirtiendo la actual Comisión de Peticiones en una Comisión Permanente de Peticiones y Participación Ciudadana que tenga la facultad de convocar en "audiencia especial" a los autores de peticiones y preguntas de interés -si algún Grupo la apoya- o de iniciativas colectivas -apoyadas por un número de firmas- (sería la figura simbólica del diputado 351) para que defiendan en el Congreso su contenido.
5-26. Que la Comisión de Peticiones, en su caso, dé posterior traslado de las mismas a las otras Comisiones de la Cámara, pudiendo ser asumidas por los diputados para su tramitación como iniciativas de origen ciudadano. Las peticiones y preguntas ciudadanas se podrán formular también por vía telemática, estableciendo la obligación de que se respondan en un plazo concreto, con la ayuda de una sencilla plataforma tecnológica y que se hagan públicas con su contenido y tratamiento.
5-27. Crear Foros Deliberativos a instancias de la Mesa del Congreso o de las Comisiones, con presencia de ciudadanos, organizaciones, entidades y parlamentarios con el objetivo de promover la deliberación, la consulta y el debate social sobre una materia o demanda concreta. Se trata de conseguir que la opinión de aquellas pueda ser tenidas en cuenta por los representantes parlamentarios en su agenda parlamentaria.
5-28. Realizar un informe final con un resumen de las aportaciones efectuadas en cada Audiencia para favorecer que pudieran llegar a convertirse en iniciativas parlamentarias a tramitar por algún Grupo de la Cámara. Requiere la puesta en marcha de una plataforma informática dentro del portal del Parlamento.
5-29. Promover iniciativas parlamentarias de carácter incluyentes y participadas. Como ejercicio práctico de la filosofía contemplada en un código de buenas prácticas parlamentarias, se deberá impulsar, en la fase de preparación de las iniciativas, un proceso de consulta y contraste a entidades y organizaciones interesadas o implicadas en ese tema o problemática. El objetivo sería ofrecerles participar en la redacción del contenido de las mismas y mantenerles informadas de su posterior tramitación y resultado final.
5-30. Reconocer un grado de autonomía suficiente a la actividad de los diputados en el desempeño de sus funciones; en especial, a la hora de intervenir en las Comisiones y Plenos, registrar iniciativas como Preguntas o petición de Datos y votar en conciencia.
5-31. Creación de un registro de los grupos de interés o lobbies y regular con detalle sus actividades.
5-32. Reforzar las obligaciones de Declaración pública de los parlamentarios relativas a sus ingresos y bienes patrimoniales. Deberán presentarlas al comienzo y fin de su mandato con mayor detalle y con una certificación de Hacienda sobre su situación patrimonial y sobre si están al corriente de sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social. La Comisión del Estatuto de los Diputados, con la ayuda de los servicios de la Cámara, deberá comprobar la veracidad de las Declaraciones sobre actividades y bienes de todo tipo.
5-33. Reforzar el sistema de incompatibilidades de los diputados y, en concreto, dotar de publicidad a los debates en la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre las declaraciones de sus actividades y controlar los posibles incumplimientos en el ejercicio de actividades consideradas incompatibles.
5-34. Colaborar con las organizaciones independientes de monitorización y control de la vida parlamentaria, mediante acuerdos entre el Gobierno, Las Cortes y las OMP. Su finalidad, como actores puente e interlocutores de la sociedad civil, es la acercar la actividad del Parlamento a las redes, promover el debate sobre las políticas públicas, explorar caminos de colaboración entre la ciudadanía y la institución, vigilar las prácticas de gobierno y parlamentarias, adaptar los mensajes de la web oficial con lenguaje menos técnico, así como hacer más transparente y más accesible la información de la vida parlamentaria.
5-35. Apoyar la creación y el trabajo de los intergrupos parlamentarios sobre objetivos o temas concretos (Derechos Humanos, la Bicicleta, el Sahara, etc) a los que se quiera dar visibilidad política mediante la producción de propuestas o iniciativas parlamentarias de base plural, con apertura a la presencia de representantes de entidades y organizaciones sociales.
5-36. La celebración anual, institucionalizada y pública en el propio hemiciclo del Pleno de un "Debate Social sobre el estado de la nación", con intervenciones de una pluralidad de entidades y organizaciones sociales para que puedan exponer su visión de la realidad y sus peticiones al Congreso con anterioridad al debate anual de politica general entre el Gobierno y los Grupos Parlamentarios sobre el estado de la nación.
5-37. Impulsar las Oficinas Parlamentarias de proximidad, tanto en el territorio de cada circunscripción como virtuales en las redes, para atender y dialogar con la ciudadanía y rendir cuentas a los electores. Por la vía de las TIC se podrá proponer y hacer preguntas, estando obligados los parlamentarios a responder en un plazo para hacer efectivo el principio de participación activa.
5-38. Establecer procedimientos parlamentarios específicos para que el Congreso de los Diputados participe en decisiones que afectan a sus competencias originarias, como las que se derivan de las previsiones de la Unión Económica y Monetaria en materia presupuestaria, especialmente las relativas al semestre europeo y las previstas en el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza.
5-39. Arbitrar la posibilidad de que los diputados del Parlamento Europeo puedan tomar la palabra en debates de Comisiones en que se traten temas relacionados con Europa.
5-40. La incorporación a la norma reglamentaria del procedimiento de consulta previa y autorización parlamentaria en relación con las operaciones de las Fuerzas Armadas en el exterior, así como la regulación de documentación que debe acompañar al acuerdo del Gobierno.La constitución de un órgano específicamente encargado de realizar un seguimiento del cumplimiento dado.
5-41. Encargar a la Mesa del Congreso la realización de un Informe-Memoria anual a un organismo independiente no gubernamental que haga el seguimiento y vigile el correcto cumplimiento de un nuevo Reglamento del Congreso en favor de un Parlamento Abierto a una democracia participativa y transparente. El informe deberá contemplar una valoración de su nivel de ejecución, problemas detectados y un capítulo de recomendaciones; todo ello deberá ser debatido en el Congreso y Senado.
6- Contemplar en los próximos Presupuestos Generales del Estado, las partidas necesarias, planes y programas que permitan la excelencia en el aprovechamiento de las TIC's por parte de la institución parlamentaria, Diputados y Senadores en el desempeño de sus cometidos, así como por otras administraciones, en especial por los Ayuntamientos. Todo ello deberá garantizar el principio democrático de una información transparente y accesible para la ciudadanía, ofrecida desde el Parlamento y desde todos los niveles de la administración pública, como condición imprescindible para activar la democracia participativa, presencial y digital."
